Las diferencias entre la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y el Partido Nacional (PN) se materializaron este jueves durante una sesión de una comisión de la Asamblea General, que expuso las diferencias entre ambas partes respecto del accionar del organismo en el caso que involucra al relacionista público Fernando Cristino.
El caso se produjo luego de que una psicóloga de la INDDHH le enviara un correo electrónico y llamará telefónicamente al fiscal del caso Cristino, Diego Pérez, para consultarlo por la salud mental del relacionista público. El hecho generó molestias en Fiscalía y su titular, Jorge Díaz, le expresó su malestar a la presidenta de la INDDHH, Mariana Blengio, en la medida en que al pedir información vinculada a un indagado en una investigación penal se desconocía la “reserva para terceros” establecida en el Código del Proceso Penal.
A la salida del encuentro, el diputado nacionalista Javier Radiccioni señaló que las respuestas de los directores de la INDDHH fueron “insatisfactorias”. El legislador explicó que lo que se buscaba era una “señal clara de imparcialidad” de parte de los directores, ante “hechos como esta intromisión” de la psicóloga de la institución. “La intención era aclarar y comunicar a la INDDHH que se mantuviera con imparcialidad y que se iniciaran las investigaciones correspondientes, para dar claridad y proporcionar el mensaje expreso de que no se responde a un partido político”. Esta alusión de Radiccioni se produjo luego de que el presidente del Honorable Directorio del PN, Pablo Iturralde, cuestionara el accionar de la INDDHH y lo comparara con un comité de base frenteamplista.
Según dijo Radiccioni, los directores de la INDDHH dijeron que no encontraron ninguna ilicitud, “pero si hubiera ilicitud debieron haber hecho una denuncia penal”. A juicio del diputado, “tendría que haber una investigación para ver con qué fin se llamó, porque en otros casos similares no se había llamado”. El legislador sostuvo que el organismo debería “hacer todo lo que está a su alcance para demostrar” su imparcialidad, ya que “no sólo es necesario serlo, sino parecerlo”. “La INDDHH es importante y merece nuestro apoyo, pero le vamos a pedir que actúe con imparcialidad, y si mañana vemos que no la tiene veremos los mecanismos para darle a la población las garantías necesarias”, sostuvo.
En cambio, la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura sostuvo que, a su juicio, las explicaciones de los directores de la INDDHH fueron “muy satisfactorias”, y dijo que el accionar del organismo se había dado de acuerdo con el “marco jurídico legal” de su creación y con la Ley de Salud Mental.
Según Della Ventura, más allá de las manifestaciones públicas de Iturralde, en la comisión las senadoras convocantes, las nacionalistas Carmen Asiaín y Gloria Rodríguez, explicitaron que respaldan al organismo y que es importante para el funcionamiento democrático. “Descartaron que vayan a cuestionar a la institución como tal y [dijeron] que no buscaban deslegitimar ni crear dudas”, aseguró. Este mismo punto también fue destacado por uno de los directores de la INDDHH, Wilder Tayler, quien se congratuló de que, a pesar de que las explicaciones no dejaron conformes a las legisladoras convocantes, ellas dejaron claro que no pensaban que la institución hubiera actuado con un “motivo político”. Según dijo el director, se trata de un dato importante, en la medida en que durante los últimos días hubo una serie de “ataques políticos” al organismo, por parte de Iturralde, de editoriales de publicaciones y en las redes sociales.
La postura de la INDDHH
A través de un informe, la INDDHH explicó por qué una psicóloga llamó a Pérez por el caso: fue la jefa de Emergencia del hospital Vilardebó quien se contactó con el organismo, ya que este debía prestar declaración ante la Fiscalía “sin encontrarse en las condiciones de salud mental adecuadas para ello”. Por eso, una psicóloga de la institución telefoneó a Pérez “a efectos de ilustrarse sobre la situación del señor Cristino”. De la grabación, se agrega, “surge que se desarrolló un intercambio profesional y colaborativo entre ambos”. A juicio de la INDDHH, se actuó en el marco del artículo 46 de la Ley de Salud Mental, que le encomienda la “defensa y promoción de los derechos de las personas reconocidos en la ley”, lo que “debe llevarse a cabo mediante las potestades jurídicas conferidas a la INDDHH en su ley orgánica”. “Por lo tanto, también en materia de salud mental la INDDHH posee potestad de consultar a cualquier autoridad respecto a cuestiones específicas relacionadas con eventuales vulneraciones a los derechos humanos”, sostuvo el organismo en el informe. Para la institución, “el tono y las inferencias que se desprenden de los comentarios del Fiscal no son aceptables”.
Por tanto, el organismo sostiene que su actuación “cumplió con sus cometidos de protección y defensa de los derechos humanos definidos en el marco de la Ley de Salud Mental” y que la actuación de la psicóloga fue “de rutina” y “no implicó vulneración alguna a las normas establecidas en el Código del Proceso Penal”.