La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), que se rige bajo las normas de la comisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, falló a favor del Estado uruguayo en la demanda que le realizó el grupo inversor Zamin Ferrous por entender que Uruguay había cambiado las condiciones de inversión en la mitad del proceso. La información fue revelada por el periodista Gabriel Pereyra en su cuenta de Twitter y confirmada por la diaria.
Según explicaron a la diaria fuentes allegadas al caso, la resolución del CPA está relacionada con un tema de forma, dado que Uruguay cuestionó la legitimidad de los denunciantes, por no considerarlos representantes legítimos de la empresa.
Los denunciantes eran cuatro personas que representaban al grupo accionista mayoritario y que para denunciar los supuestos incumplimientos por parte del Estado uruguayo del preacuerdo de inversión invocaron el tratado de protección de inversiones firmado entre Uruguay y Gran Bretaña en 1991, pero como no todos los denunciantes eran británicos, no estaban habilitados para invocar el tratado, explicaron las fuentes. Según señalaron, el fallo está “dentro de lo esperado” por el Estado uruguayo, que apuntó a desarmar la denuncia a través de este cuestionamiento de forma.
Presidencia informó en un comunicado que la resolución del tribunal se basó en ese argumento dado por Uruguay al considerar que “los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares al momento de los hechos de un bien protegido por el Convenio y por tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión”. Además, el tribunal ordenó a los demandantes el reembolso al Estado uruguayo de 4.097.149 dólares, por los gastos del juicio.
La senadora Lucía Topolansky recordó que el juicio fue uno de los cuestionamientos a los gobiernos del Frente Amplio. “Durante toda la campaña electoral hicieron terrorismo con eso, diciendo que perdíamos el juicio y que se iban a tener que pagar miles de millones; nosotros teníamos la información de que el juicio venía muy bien y que se ganaba”, dijo a la diaria. Álvaro García, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, destacó en conversación con este medio que se trata de “una decisión fundamental para Uruguay”. “Se hizo una defensa que permitió tener el resultado que hemos tenido. Cuando vemos que hay tanta preocupación de recortar [gastos] de otros lados, es para celebrar por parte del gobierno esta situación”, resaltó García.
Por su parte, el senador Charles Carrera agradeció al gobierno de Tabaré Vázquez por el profesionalismo con el que asumió la defensa del Estado uruguayo en la causa, y recordó la participación de Isaac Alfie como asesor de la parte denunciante. “A pesar del director de la OPP, que estuvo siendo testigo en contra de los intereses nacionales, es una alegría para los intereses del Estado uruguayo”, afirmó.
En rueda de prensa, el diputado colorado Ope Pasquet calificó la noticia de “enormemente positiva”, dado que además de no tener que pagar el dinero reclamado, muestra a la comunidad internacional “que Uruguay cumple sus leyes y les da a los inversores extranjeros el trato que corresponde por derecho” .
En tanto, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo que un fallo en contra “hubiera sido una tragedia nacional”, por el monto de la demanda, y aclaró que más que ganar el juicio, la demanda fue desestimada “entre otras cosas porque declaró la incompetencia de ese tribunal para los recursos presentados por la empresa”.
“Creo que, antes de ver si el actual director de OPP al ser convocado como testigo de una de las partes estuvo bien o estuvo mal, vayamos al fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión fue que en algún momento la errática política de inversiones que lamentablemente el Frente Amplio llevó adelante nos expuso a esta situación”, agregó.
La participación de Alfie en la causa se conoció a fines de enero, cuando el ya designado director de la OPP del gobierno entrante viajó a Washington para participar en una audiencia en representación del Estudio Ferrere, que asesoró a la empresa india. Alfie había sido contratado para presentar un informe sobre el régimen de inversiones en Uruguay.
La demanda de la empresa
Aratirí planteó que el incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre Gran Bretaña y Uruguay consistía en cambios en la legislación uruguaya que afectaban directamente la inversión, como la aprobación de la Ley de Minería de Gran Porte en 2013, que dispuso nuevas exigencias ambientales, sociales y económicas al proyecto.
La empresa también reclamó que no se construyó el puerto de aguas profundas en Rocha, que era por donde tenía previsto sacar la producción, ni el tramo vial que llevaría la producción hasta el puerto. El proyecto de Aratirí tenía previsto una inversión de 2.000 millones de dólares y preveía emplear a unas 1.500 personas.
En los años en que la empresa estuvo en nuestro país, el sector sufrió una caída de 77,3% en su precio internacional.