La novela del posible desafuero del senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), sumó un nuevo capítulo en la tarde de este domingo. Hasta ahora ese partido no se había pronunciado en forma orgánica sobre el desafuero, pero sí lo habían hecho su bancada de Diputados y dos de sus senadores en forma individual. Todos coincidieron con la postura de no aprobar el desafuero, el único que manifiesta la opinión contraria es el propio Manini.
Pero este domingo finalmente la Junta Nacional de CA se expidió en forma oficial, más allá de sus legisladores particulares. En un comunicado difundido por redes sociales y firmado por los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano –presidente y vicepresidente de CA, respectivamente– se señala en primer lugar que Manini es “el indiscutido conductor” del partido, “y como tal su máxima figura política”.
CA sostiene que “como ya se manifestó en el curso de la campaña electoral” de 2019, su líder “es objeto de una imputación que tiene la clara intencionalidad política de excluirlo de los órganos de representación popular para los que en definitiva fue votado y electo en representación de miles de compatriotas”. Además, se agrega que “en su carácter de representante político ungido por el electorado de CA”, tanto este como su partido “requieren su presencia en los cuerpos electivos para los cuales fue designado en recientes comicios”.
Es por esto que CA “reclama” a Manini que “deponga su actitud de renunciar a sus fueros, dado que estos precisamente se han consagrado en la Constitución para proteger a los legisladores y la intangibilidad de las decisiones adoptadas por un cuerpo legislativo que representa la voluntad popular”.
Esta solicitud de CA pone en jaque la idea de que la coalición vaya el Senado con una única posición sobre el tema, ya que el sector colorado Ciudadanos resolvió oficialmente hace una semana que votará el desafuero de Manini.
En tanto, el Partido Nacional (PN) aún no tomó una postura definitiva y entre sus senadores se encuentran las dos posturas sobre el desafuero. Graciela Bianchi –que está en contra de votarlo– en diálogo con la diaria negó rotundamente que en la reunión que los senadores blancos mantuvieron con el presidente Luis Lacalle Pou el martes se haya hablado de votar el desafuero luego del Presupuesto. Subrayó que, si se tiene en cuenta el calendario, el Senado terminará de votar el Presupuesto recién a fines de noviembre.
De todos modos, Bianchi dijo que es claro que el PN maneja sus tiempos sobre el asunto y no se los “impone” a los demás. Agregó que hay que “tomárselo con calma”, porque es un tema “institucionalmente muy delicado” y “cada sector hará su evaluación”. Insistió con que ella tiene una postura “estrictamente jurídica” y no se moverá de ahí. Por último, sostuvo que las actas del tribunal de honor de Gilberto Vázquez que transcendieron en los últimos días “no tienen absolutamente nada que ver” con el tema de Manini. Pero en realidad “es lo mismo”, ya que “el denominador común” de los dos casos “es la impunidad impuesta” por el ex presidente Tabaré Vázquez, porque “no quiso hacer la denuncia”, y era “él quien la tenía que hacer”.
Bagres y tarariras
Al debate sobre el posible desafuero se le sumó otra polémica, ya no sobre la suspensión de los fueros sino sobre cómo sería el procedimiento para la vuelta de Manini al Parlamento en caso de que se apruebe el desafuero. El ex presidente y actual senador del Frente Amplio (FA) José Mujica subrayó en un acto que el líder de CA va a declarar y luego “no pasa nada”, porque la Justicia dice que no hay elementos para juzgarlo, y para volver al Parlamento necesita también 21 votos (dos tercios) del Senado, pero precisa cuatro o cinco votos del FA, “que no los va a tener”.
Eduardo Lust, diputado de CA y profesor de Derecho Constitucional –que está en contra de votar el desafuero–, dijo a la diaria que el Parlamento puede suspender los fueros a un legislador por un determinado plazo, y así no tendría lugar la discusión teórica sobre si necesita nuevamente los dos tercios de los votos para reingresar. Agregó que el FA “anunció que va a votar el desafuero y luego no va a votar el reingreso a la cámara”, por lo que eso demuestra que a la oposición “no le interesa el tema jurídico, sino el político”.
Entonces, para Lust “ese vicio del sistema” se “subsana” si el Parlamento suspende los fueros de Manini por un determinado tiempo. Según el diputado, eso sucedió en marzo de 1997 cuando se suspendió por seis meses al diputado frenteamplista Leonardo Nicolini, acusado de falsificar documentos en una denuncia contra la empresa española Focoex sobre supuestos negocios irregulares del gobierno de Luis Alberto Lacalle. “En los seis meses el Poder Judicial no resolvió la denuncia contra Nicoloni, y entonces, sin que la cámara hiciera nada, se reincorporó, porque el mismo acto legislativo que lo suspendió le puso el plazo”, sostuvo.
Lust señaló que no hay una disposición concreta que establezca que se puede marcar un plazo para la suspensión, ya que el artículo 114 de la Constitución, que establece los fueros, dice de forma genérica que “lo declarará suspendido en sus funciones”. El diputado sostuvo que la cátedra de derecho constitucional de aquella época realizó un informe en el que concluía que como no hay una prohibición expresa de que los fueros puedan ser suspendidos por determinado plazo, no hay ningún impedimento para hacerlo.
A su vez, Ruben Correa Freitas, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, sostuvo a la diaria que, si bien la Constitución no dice nada sobre el procedimiento, él interpreta que si se necesitan dos tercios para decretar el desafuero también se precisan dos tercios para que el legislador sea reintegrado. Además, el catedrático enfatizó que el caso de Nicolini fue distinto, y “no hay que confundir bagre con tararira”. Explicó que a Nicolini el Parlamento no le quitó los fueros, sino que lo sancionó, según lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución.
Ese artículo establece: “Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.
Correa Freitas explicó que el desafuero está previsto exclusivamente para cuando la Justicia requiere a un legislador para que preste declaración, y eventualmente para formalizarlo. En cuanto a lo que señaló Lust sobre que se pueden suspender los fueros por un tiempo determinado, subrayó que el Parlamento no puede fijarle plazos a la Justicia. “¿Cómo se le va a ocurrir al Senado decir ‘le declaro suspendidos los fueros por seis meses’? ¿Y si el juicio lleva dos o tres años? ¿Quién puede decir cuánto tiempo lleva un juicio penal? No se sabe”, subrayó Correa Freitas; por lo tanto, para él lo que plantea Lust está “totalmente equivocado”.