Los parlamentarios del Frente Amplio (FA) analizan por estas horas cuáles son los pasos a seguir vinculados a los cambios jurídicos en la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) previstos en el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal.
Tienen sobre la mesa tres opciones, según informaron a la diaria fuentes frenteamplistas: un llamado a sala a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); una interpelación al titular de esa cartera, Carlos Uriarte (que sería la primera impulsada por la bancada de izquierda en este período), y, además, una posible denuncia penal contra el director general de la Granja, Nicolás Chiesa, por conjunción de interés público y privado.
La decisión se tomará el lunes en la bancada de senadores frenteamplistas. “Consideramos que se trata de una agresión a la autonomía departamental, y por eso estamos analizando estas tres posibilidades”, comentó un parlamentario frenteamplista.
Las medidas que podría tomar la IM
A su vez, la UAM comenzó a asesorarse jurídicamente para el caso de que el polémico artículo se apruebe. Un informe jurídico realizado por el abogado Ruben Correa Freitas al organismo analiza los cambios jurídicos en la gobernanza de esta institución que están contenidos en el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal, y recomienda una serie de caminos jurídicos que el gobierno departamental podría tomar en caso de que se aplique lo dispuesto en la iniciativa.
Según Correa Freitas, la UAM “no tiene legitimidad para cuestionar la constitucionalidad o legitimidad de las modificaciones que introduzca la ley de presupuesto nacional”, al tratarse de un organismo público no estatal creado a través de otra ley. En cambio, el jurista sostiene que quien sí podría cuestionar dicha constitucionalidad es el gobierno departamental de Montevideo, lo que implica tanto a la Intendencia como a la Junta Departamental.
Entre las posibilidades que Correa Freitas cree que podrían implementarse está la inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 216 de la carta magna. Dicho inciso establece que “no se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución”. Pero según advierte el jurista, “la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, desde la década de los años 60 del siglo XX hasta la fecha, ha rechazado estos planteos de inconstitucionalidad, pese a que la doctrina nacional más calificada ha sostenido y afirma que se está violando el artículo 216 de la Constitución con la inclusión en las leyes de presupuesto y rendición de cuentas de disposiciones que trascienden el período de gobierno”.
De todas formas, Correa Freitas también sostiene que la comuna podría promover una “acción por lesión de la autonomía departamental, en la medida en que el “cometido” de la UAM “le ha sido asignado por la Ley Orgánica Municipal 9.515, de fecha 28 de octubre de 1935”.
La última posibilidad que maneja el jurista es que la comuna lleve adelante una “contienda interadministrativa” ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el Poder Ejecutivo, a través del artículo 313 de la Constitución, y con base en las funciones de la UAM asignadas por la Ley Orgánica Municipal.
Chiesa renunció a su cargo en la empresa privada
En tanto, Chiesa anunció este jueves que decidió renunciar a su cargo como representante de la empresa Mi Granja SA. Según dijo, le planteó al ministro Uriarte que “si esto podía generar algún tipo de inconveniente al gobierno, a los productores, en la función que estamos cumpliendo, no tengo problema en dar un paso al costado en esta actividad [privada] que tengo”.
“Lo estoy confirmando, yo ya presenté la renuncia a esta actividad administrativa que tenía. Esto es para que quede bien claro y que no se utilice como un hecho político. Se ha usado cualquier tipo de artilugios para desacreditar esta iniciativa del gobierno. Espero que esto traiga tranquilidad a los que plantearon este tema. Somos muy firmes en nuestros conceptos éticos”, dijo en una rueda de prensa.
Más temprano, el presidente Luis Lacalle Pou había reiterado que Chiesa no podía estar “de los dos lados del mostrador” y que tenía “que renunciar a una cosa o a la otra”. También había adelantado que en las horas siguientes el jerarca habría de tomar una decisión. Chiesa firmó documentos como apoderado de Mi Granja SA, empresa que recibió un subsidio por parte de la Intendencia para la mudanza de la UAM, informó el miércoles El Observador.
La bancada del Frente Amplio (FA) se pronunció sobre este tema ese día y pidió la renuncia de Chiesa, aunque la bancada de Ciudadanos (el sector del Partido Colorado al que pertenece Chiesa) respaldó “plenamente” la actuación del jerarca, en la “medida en que no ha incurrido en ninguna conducta contraria a las normas penales, administrativas o éticas”. Según este sector, se trató de una “campaña de enchastre” del FA, que “no se puede disociar de las denuncias que el ingeniero Chiesa formuló sobre el desfalco al Fondo de la Granja en el anterior período de gobierno y las auditorías que al respecto se han iniciado”.