La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se pronunció sobre el caso del hermano del intendente de Lavalleja, Mario García, que fue contratado por la comuna como peón en la anterior administración y recibió una compensación “por eficiencia” de 72.300 pesos mensuales. Esta resolución del intendente, así como varias compensaciones similares, derivó en un llamado a sala por parte de la bancada del Frente Amplio (FA). En esa ocasión, García anunció que había pedido la opinión de la Jutep, pero sobre el caso concreto de su hermano, Ariel García.
En el dictamen, del que informó El País y al que accedió la diaria, la Jutep –actualmente dirigida por la cabildante Susana Signorino y el nacionalista Guillermo Ortiz– concluyó que “no existen reproches legales” porque no hay una “relación de dependencia” entre el jefe comunal y su hermano. En el documento, la Jutep cita el propio relato de la consulta que hizo García, en el que afirmó que a Ariel García “se le asignó la función de coordinación de las Juntas Locales y Zonas Rurales, y se estableció que debía reportar al responsable del Área de Descentralización, quien a su vez reporta al secretario general de la Intendencia”.
Por lo anterior, la Jutep entiende que “claramente” el cargo de García “no tiene relación de jerarquía con el intendente departamental, existiendo una distancia real, siendo que es dependiente del Área Descentralización y por encima existe la Secretaría General de la Intendencia”.
En el siguiente inciso se hace un llamado de atención: “No debe obviarse la existencia del artículo 13 del Código de Ética en la Función Pública, el cual establece que la actuación de los funcionarios públicos debe ser proba, desarrollando una conducta honesta, recta e íntegra”, se afirma, y continúa con un pasaje subrayado: “debiendo evitar cualquier acción en el ejercicio de su función que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta pública; comúnmente conocido como ser y parecer. Esto exige reconocer que hay cosas que sin estar prohibidas no deben hacerse”, apunta, aunque no especifica en qué cuestiones de este tipo incurrió el jerarca.
Respecto de la contratación directa de funcionarios, la Jutep señala que “las normas vigentes en el ámbito departamental permiten que la misma se realice, lo mismo para el traslado de funcionarios y el otorgamiento de partidas (en el caso particular la llamada ‘prima a la eficiencia’)”.
“Está limitado a lo que el intendente presentó”
“Después de leer el tibio e inconcluso oficio de la Jutep, espero que el intendente acate. ‘Hay que ser y parecer’”, escribió en Twitter el edil frenteamplista Mauro Álvarez, promotor de los pedidos de informe a la intendencia por los que se conocieron públicamente las resoluciones con las compensaciones. En diálogo con la diaria dijo que no comparte “para nada” el pronunciamiento del organismo, dado que refiere principalmente “a cuestiones jurídicas –algo que nadie cuestionó– y no a la ética y la transparencia, que es lo que se supone que juzga la Jutep”.
Por otro lado, criticó que no se mencionan las compensaciones otorgadas al hermano del jerarca, de las que señaló que “estamos hablando de alrededor de 730.000 pesos en lo que va del período” y “que fueron observadas junto a otras por el Tribunal de Cuentas de la República”. De todos modos, resaltó que “hay un señalamiento que está subrayado y habla justamente sobre que hay que ser y parecer”, pero la Jutep “no se anima” a mencionar acciones concretas, afirmó.
“Hay que partir de la base de que este dictamen surge de una consulta del intendente, no con base en una denuncia. Lo que yo veo es que es el mismo interesado quien marca lo que debe decir la Jutep; está limitado a lo que el intendente presentó”, observó Álvarez. En ese sentido, adelantó que personalmente no descarta presentar una denuncia como bancada del FA “cuando la Jutep esté completa”, aunque esto todavía no se analizó en ese ámbito, aclaró.
Por su parte, el edil frenteamplista Felipe de los Santos opinó que en su respuesta la Jutep marca “que si bien no existe una lesión a las normas, sí hay una cuestión vinculada a la ética”, lo cual, a su entender, “reafirma el cuestionamiento que el FA de Lavalleja hizo en su momento, en el sentido de que tanto lo que sucedió con el hermano de García como las otras compensaciones rozan la falta de ética”. No obstante, coincidió con su compañero de bancada en que la advertencia que hace la Jutep al final no es del todo precisa: “Queda un poco abierta a la interpretación. En lo personal, interpreto que si bien no existe un obstáculo jurídico sí hay cuestiones que rozan la falta de ética”, sostuvo. También opinó que podría haber sido “pertinente” incluir una opinión sobre las otras compensaciones.
Caso Chiesa: no hubo conflicto de intereses, pero sí “falta ética”
En un dictamen que envió el 27 de setiembre al fiscal Enrique Rodríguez, la Jutep concluyó que el director del Instituto de la Granja, Nicolás Chiesa, “no se benefició” en su actividad privada –como apoderado de la empresa Mi Granja SA– a través del cargo público que ostenta desde el 1 de marzo de 2020. En setiembre, la bancada de senadores del FA presentó una denuncia penal contra el jerarca por entender que hay una incompatibilidad entre este cargo y su actividad privada, ante lo cual el fiscal Rodríguez consultó a la Jutep, que, según consignó El País, entendió que no incurrió en “conflicto de intereses”.
Sin perjuicio de lo anterior, la Jutep sí encontró que “existe falta ética en el período comprendido entre el 2 de marzo de 2020 y el 9 de septiembre de ese año, ya que el ingeniero Chiesa dirigió un organismo público que regula y promueve la actividad granjera (Director General de la Granja), mientras que era apoderado de una empresa dedicada a la misma actividad (Mi Granja S.A.)”.