“Sugeriría una relectura del documento porque gran parte de las cosas que se le atribuyen no las dice”, expresó Rodolfo Saldain, designado por el gobierno para liderar la etapa de trabajo técnico hacia la reforma jubilatoria, tras escuchar los comentarios críticos de Hugo Bai del PIT-CNT y del exministro Ernesto Murro del Frente Amplio (FA) sobre las recomendaciones que consensuó el oficialismo. Cinco de los 15 miembros de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que trabajó por un año y culminó el viernes aprobando un documento final con recomendaciones, disertaron este jueves en un evento en la Universidad Tecnológica de Durazno.
En las exposiciones quedaron claras las diferencias de criterio y evaluación entre dos bandos: el gobierno y la delegada empresarial Elvira Domínguez, que votó junto al oficialismo las recomendaciones de la CESS, y las delegaciones del FA, el movimiento sindical y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), que votaron en contra.
Murro y Bai alertaron por los efectos negativos que traerían medidas como la suba “al barrer”, según dijeron ambos, de la edad de retiro y los años necesarios para acceder a una jubilación, los cambios en la forma del cálculo jubilatorio que definieron como un “recorte”, que impactará más en los sectores medios, las mujeres y las personas con discapacidad, y el crecimiento del régimen de ahorro individual de las AFAP.
Mientras tanto, Saldain defendió las recomendaciones realizadas; señaló que se basan en “el principio de igualdad” porque busca equiparar condiciones de jubilación para todas las personas, así como atender los cambios demográficos y la tendencia creciente del gasto público en pasividades.
“Recortar derechos y disminuir beneficios”
Bai, economista que representó al PIT-CNT en la CESS, dijo en primer lugar que la reforma previsional es necesaria pero no comparten el rumbo decidido por el gobierno. “Se requería dar una discusión más amplia, que aborde qué matriz de protección social queremos para las próximas décadas”, sostuvo, y apuntó que dentro del trabajo realizado no se incluyeron temas como el financiamiento de las jubilaciones, ni las políticas de primera infancia, vejez, discapacidad o el sistema de cuidados.
En un escenario de envejecimiento de la población, donde “se requiere de mayor inversión para la protección de los adultos mayores”, en su opinión debieron estudiarse “nuevas fuentes de financiamiento”, como la posibilidad de que “los sectores empresariales con altas ganancias, que han acumulado riqueza, puedan aportar una mayor cantidad de recursos”. Agregó que en las recomendaciones “no hay un planteo concreto respecto del aporte patronal rural”, sector que tiene una contribución “por debajo del resto de los empleadores”.
Por esta falta de análisis de temas relevantes según el PIT-CNT de cara a una reforma, Bai manifestó: “Nos imaginábamos jugando un partido en el Centenario y en realidad era en el área grande, en una cancha mucho más pequeña, porque una cantidad de temas quedaron por fuera”. Esto influyó, resaltó, en el voto contrario de la central sindical en la CESS.
Siguiendo la analogía, planteó: “El partido ha estado circunscrito a contener el gasto en materia previsional. Las recomendaciones fundamentales están dirigidas a cortar el gasto en jubilaciones y pensiones, que la sostenibilidad del sistema se logre a partir de contener el gasto. Esto no es otra cosa que recortar derechos, disminuir beneficios y achicar las prestaciones que van a cobrar los actuales trabajadores cuando se jubilen”.
Bai repasó las críticas del PIT-CNT a medidas como la suba de la edad de retiro de 60 a 65 años “sin contemplar a una gran cantidad de trabajadores que no están en condiciones de trabajar más tiempo”; la rebaja del monto para “quienes se jubilen por imposibilidad física, que pasa de 65% [del sueldo de referencia de la persona] a 50%”; el pasar de tomar los 20 mejores años para el cálculo jubilatorio al promedio de 25 años, lo que “va a impactar en una reducción de las futuras jubilaciones”; y la extensión “del régimen mixto [las AFAP] a todo el sistema”, ya que también quedarían abarcados quienes aportan a las cinco cajas que funcionan por fuera del Banco de Previsión Social.
“Todas las medidas claramente van en sintonía con recortar beneficios, derechos y prestaciones a los futuros trabajadores, con el agregado de que cuando miramos lo que pasa con la Caja Militar, vemos que se mantiene para buena parte de quienes hoy están en actividad, y ni que hablar para los ya retirados, condiciones de privilegio”, concluyó Bai.
“Un golpe muy fuerte”
A su turno, Murro planteó una visión crítica en muchos puntos similar a lo dicho por Bai y a lo declarado esta semana tras una reunión con la bancada del FA. Sostuvo que hay “seis aspectos fundamentales” que la oposición cuestiona del documento con recomendaciones del oficialismo.
En esa línea, marcó: “Más años al barrer, tanto para llegar a una jubilación como más años también para llegar a un ingreso mínimo. La mayoría de los pobres van a tener que aguardar hasta los 71 años seguramente, y no se atienden las distintas realidades que existen, por ejemplo, un estudio que aprobó la CESS sobre que 30% de la población ni a los 70 años lograría juntar 30 de trabajo [lo exigido para la jubilación común]”.
Indicó que hoy alguien puede jubilarse “con 60 [de edad] y 30 [de trabajo], y serán 65 y 30; además hoy está la posibilidad de hacerlo con 65 y 25, lo que con la reforma dejaría de existir”. Añadió que “las mujeres son las más perjudicadas”, ya que por ejemplo “a las viudas [los cambios] le pueden aumentar hasta en 5 o 10 años la edad de acceso” a una prestación.
Murro evaluó que las variaciones recomendadas para el régimen jubilatorio implican “más aportes por la vía indirecta”, ya que se deberá “trabajar más años y se estará menos jubilado”. También cuestionó que se incorporen medidas de incentivo del ahorro voluntario, es decir más allá del aporte obligatorio.
Otro punto crítico es que haya “más AFAP”, ya que se promueve que haya más empresas en este mercado y que “haya AFAP para todo el mundo, todo nuevo trabajador va al sistema mixto, y no al actual sino a uno peor, un régimen con menos garantías y más costos”.
El exministro también planteó que “se van a reducir los montos en general a cobrar por jubilaciones y pensiones”. Explicó que la llamada tasa de reemplazo, que representa el porcentaje del sueldo promedio de la persona que cubre la jubilación, desaparece con los cambios propuestos y se crea una nueva tasa denominada “de adquisición de derechos, que puede ir de 1,1 a 1,35; no sabemos cuál va a ser, y hay diferencia; por ejemplo, para alguien con 30 años, si se aplica 1,3, cobraría 39% [de su sueldo promedio], y para 1,1 es 33%”. A su vez, consideró “muy importante” la rebaja para quienes acceden a “una jubilación por incapacidad, que también se hace al barrer”.
Estas variaciones “tendrán un importante efecto sobre los sectores de ingresos medios”, según Murro. Complementó que mientras “a los pobres les costará más llegar a jubilarse y cobrarán menos, la gente de sectores medios o por encima del promedio tendrá también un golpe muy fuerte”.
“El único grupo que crece hoy son los mayores”
Saldain comenzó su alocución analizando que se viven momentos de “radicalismo” y “posiciones enfrentadas” a nivel político, ya sea sobre el Antel Arena o la ley de urgente consideración, y “la oportunidad política” para consensuar una reforma previsional no es la mejor. Agregó que el asunto se presta para “la demagogia” y las posturas “con fines políticos de tipo electoral”, aunque deseó que esto “no ocurra” de cara a la discusión de la reforma jubilatoria a nivel del Parlamento en 2022.
En respuesta a las críticas desde el FA y el PIT-CNT, Saldain sostuvo que los cambios propuestos surgen de una situación “demográfica que es radicalmente diferente a la del siglo pasado, donde el único grupo que crece hoy son los mayores, mientras que la cantidad de niños y jóvenes se achica en valores absolutos”. Advirtió que esta evolución, en un régimen que se financia con aportes de los trabajadores activos para pagarles a los pasivos, se comenzó a volver “una mochila pesada, en muchas valoraciones insoportable”, para las futuras generaciones, y por ello es necesario una reforma.
Dijo que el oficialismo en la CESS presentó un conjunto de medidas que procuran “contener la evolución del gasto y llevarlo a valores que sean razonables para una financiación vía transferencias entre generaciones”. También señaló que “en las sociedades que envejecen” resulta “absolutamente central” introducir esquemas de ahorro individual, como las AFAP locales, que brindan una pasividad en función del dinero aportado por la persona y se logra “una mucho mayor equidad entre generaciones para soportar esa carga”.
Acerca de la suba de la edad de retiro, expresó que “todos los países han subido” el límite mínimo para acceder a una jubilación y Uruguay quedó rezagado. Reconoció que “no es una medida popular”, pero resulta “necesario tener el vigor político para decir las cosas como son y proponer que se haga lo que se entienda necesario”. Repasó que “la evidencia técnica y el derecho comparado marcan que se debe ir” hacia una mayor edad mínima.
Además, Saldain defendió la propuesta de “un ingreso mínimo garantizado” desde los 71 años, que asegurará “que no haya [a esa edad] ninguna jubilación por debajo de la actual jubilación mínima, que está en el orden de los 15.000 pesos”. Sostuvo que el actual esquema tiene “un diseño que es malo, porque no recoge los esfuerzos de aportación que hicieron las personas”, ya que se accede a la misma pasividad mínima sin importar si se aportó 5, 10 o 15 años. “El ingreso mínimo garantizado sí lo reconoce, en función de lo aportado [el monto a cobrar] será superior”, detalló.
Por otra parte, subrayó que “el principio de igualdad” que guio las recomendaciones queda expuesto en la propuesta de que “a partir de que rija la ley, todos los regímenes tengan la misma forma de cálculo”; esto, a diferencia del esquema actual, en el que, repasó, para los militares se toma como referencia el último sueldo, para los profesionales los últimos tres años, los policías los últimos cinco, los bancarios los últimos diez, los trabajadores dentro del BPS los últimos diez o los 20 mejores, y los escribanos los 30 mejores años. “¿Cuál es el fundamento para esa heterogeneidad? Ninguna”, sentenció.
“Los cambios van en el sentido de beneficiar en gran medida a la población de menores ingresos, y aquella que tiene capacidad de ahorro, aunque no nos guste escucharlo, tendrá que ahorrar más. No es posible financiar cada vez más tiempo de vida con las mismas tasas de aporte”, concluyó el presidente de la CESS.
La visión de jubilados y empresarios
El representante de la Onajpu, Gabriel Regalado, coincido con lo planteado por Bai en las críticas a la suba de la edad de retiro y sostuvo que “parecería ser que se entiende que esto puede generar problemas [para que las personas de más edad logren acceder a una jubilación], pero que las soluciones deben pasar por el individuo y no por el Estado”. Agregó que los cambios en las jubilaciones por incapacidad física “no tienen un respaldo específico”, y subrayó que para otorgar esas prestaciones el BPS realiza controles médicos propios.
Mientras tanto, la delegada del sector empresarial, Elvira Domínguez, explicó que presentaron dos fundamentos de voto ante la CESS, por un lado lo escrito por las principales gremiales del país y por otro la opinión de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype). El apoyo al documento del oficialismo en la CESS respondió a que “vimos necesario votar esto como un puntapié inicial para procesar la discusión una vez que el Poder Ejecutivo defina el diseño, porque tenemos recomendaciones y el presidente dijo que no eran vinculantes, es una propuesta técnica y luego también los parlamentarios opinarán”. Acerca de la suba de la edad de retiro, Domínguez consideró que al ser hoy día 63 años el promedio de jubilación de las personas, “tampoco es tanto” lo que cambiará a futuro y “una edad mínima de 60 años prácticamente no existe en ningún país”.