El senador nacionalista Juan Sartori presentó este martes al Senado un proyecto de ley que toma la inciativa presentada días atrás por ediles de su sector en Rivera, con el objetivo de “dar transparencia y equidad al proceso de distribución y administración de las vacunas contra el coronavirus” que comenzarán a llegar el jueves.
El proyecto consagra la responsabilidad de los funcionarios públicos vinculados al proceso de distribución y administración de las vacunas y determina que aquellos que incurran en una falta podrán ser sancionados. La finalidad del proyecto de ley es operar como una “advertencia de sanción a aquellos que incumplan o violenten las obligaciones legales y reglamentarias”.
Según establece en la exposición de motivos, “no escapa del conocimiento público la existencia de hechos irregulares en países donde ya ha comenzado el proceso de vacunación”, en referencia a lo sucedido en Perú y en Argentina en los últimos días. Eso, afirma el senador, “representa un llamado de atención para que tratemos de evitar que situaciones similares puedan darse en nuestro país, estableciendo normas precisas sobre la responsabilidad de todos los funcionarios públicos que, por diversos motivos, tengan acceso e injerencia en el proceso”.
El proyecto establece que todos los funcionarios públicos que participen en la administración y aplicación de la vacuna deberán firmar una declaración jurada en la que se comprometen a cumplir estrictamente las disposiciones y cronogramas que el Poder Ejecutivo determine.
“Sin perjuicio de las sanciones penales que cada situación particular pueda ameritar, según las expresas previsiones de los artículos 8 y 9 de la Ley 17.060, se considerará falta grave a los deberes inherentes a la función pública el incumplimiento de las disposiciones referidas”, se establece en el anteproyecto. Además, se agrega que la Junta de Ética y Transparencia Pública tendrá “las más amplias facultades de contralor e investigación de las conductas funcionales” relacionadas con el tema.
Más allá de recoger la propuesta de ediles de su sector, el proyecto generó algunas discrepancias dentro de la coalición de gobierno y en particular dentro del Partido Nacional. Según dijeron fuentes de la fuerza política a la diaria, “el proyecto se hizo para prevenir casos de corrupción como los que pasaron en otros países, pero somos varios los que creemos que el gobierno de [Luis] Lacalle Pou está haciendo un buen trabajo y va a cumplir con el plan que se estableció sin necesidad de este proyecto”.