Con los votos de los legisladores de la coalición de gobierno, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó un proyecto de ley que había sido votado el año pasado en el Senado, que modifica el artículo 224 del Código Penal para penalizar a quienes violen medidas sanitarias.
El artículo original penaliza a quienes “mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente” causen un “daño” a la salud “humana o animal”, con entre tres y 24 meses de prisión. La redacción del proyecto sustituye el concepto de “daño” por el de poner “en peligro efectivo”. Además, se establece que “la aplicación del máximo de la pena referida anteriormente estará especialmente justificada cuando el hecho se suscitare declarada una emergencia sanitaria por las autoridades competentes”.
En síntesis, lo que hace la iniciativa es ya no penalizar el daño comprobado sino a quienes pongan en “peligro concreto” la salud de otras personas, explicaron desde la comisión.
El proyecto, que cuenta ya con media sanción (había sido aprobado en setiembre con los votos de los diputados de la coalición de gobierno), generó algunas reticencias cuando llegó al Senado, entre otros de la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Según dijo en octubre en la comisión, la iniciativa no era “coherente con la base del funcionamiento que han tenido las políticas que se han aplicado”, ya que “siempre se ha apelado a la libertad responsable”.
No obstante, la iniciativa reflotó luego de que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, propusiera su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 23 de marzo, aunque en aquel momento tanto el presidente Luis Lacalle Pou como el ministro de Trabajo y Seguridad, Pablo Mieres, se opusieron.
Pero ahora la bancada de la coalición contó con el visto bueno del Ejecutivo. El senador nacionalista Carlos Camy dijo a la diaria que en las actuales circunstancias sanitarias es necesario “promover herramientas en nuestro ordenamiento jurídico que permitan a jueces y fiscales, que han reclamado más instrumentos jurídicos que posibiliten su accionar, hacerlo de la mejor manera”. Según el senador, se trata de un instrumento “razonable, de sentido común y pertinente” para el control de las medidas sanitarias.
Al igual que como ocurrió durante la votación en diputados, el texto no contó con el visto bueno del Frente Amplio (FA). Uno de sus integrantes en la comisión, Charles Carrera, dijo que como la coalición pidió tratar el tema de urgencia, la bancada opositora no pudo definir una posición al respecto, por lo que decidió tomar la posición que el FA había tomado en Diputados. “Allí nuestros compañeros hicieron aportes para tratar las situaciones de vulnerabilidad social y no fueron llevados en consideración, y por eso, como no pudimos promover esas medidas, se votó de forma contraria”.
Según dijo Carrera, se trata de un delito que “es de difícil persecución y prueba”. Además, sostuvo que podría servir para “criminalizar a ciertas personas que no tienen un sustento y tengan que salir a trabajar”: “Hace días vi el testimonio de una doctora que fue a visitar una familia de siete miembros con covid-19 y dos de ellos salían a trabajar informalmente porque no tenían más remedio. Lo que hay que tomar es medidas de apoyo”.