Trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) y organizaciones sociales y cooperativas que gestionan los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat) denuncian el desmantelamiento e inminente cierre del programa tal como está funcionando hasta ahora, a partir de anuncios realizados por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en reuniones que mantuvieron en las últimas semanas.
Los Socat funcionan desde 2004 y son implementados por organizaciones de la sociedad civil en convenio con el Mides. Su objetivo es promover el desarrollo comunitario y las redes de protección local en zonas de alta vulnerabilidad social. Actualmente, hay cerca de 50 Socat en todo el país, y cada uno de ellos emplea a entre dos y cuatro técnicos.
La información con la que cuentan trabajadores y organizaciones es que el ministerio no va a renovar los convenios que vencen en julio para la continuidad del programa, y que, en cambio, instrumentará una serie de cambios en su funcionamiento para pasar a una atención virtual y a cargo de técnicos contratados individualmente, y no ya a través de organizaciones de la sociedad civil. Consultado por la diaria, el director de Gestión Territorial del Mides, Alejandro Sciarra, se limitó a decir que el tema aún se está “ajustando” y que se trabaja “en diálogo con las organizaciones”.
En tanto, representantes de las organizaciones que gestionan Socat, nucleadas en el Colectivo Socat, preparan una contrapropuesta para presentar a las autoridades. Ana Echeberría, integrante del colectivo de organizaciones que gestionan Socat, dijo a la diaria que en una reunión que tuvo lugar el viernes entre el colectivo y Sciarra se les comunicó “el cierre del programa”. “El planteo [del Mides] es que se va a continuar haciendo la atención ciudadana a través del contrato de técnicos, mediante unipersonales”, señaló.
Echeberría explicó que la atención ciudadana es sólo uno de los componentes de los Socat, que también trabajan por la articulación territorial y la participación ciudadana, y que la atención ciudadana, como se entiende desde los Socat, “es mucho más que una respuesta automática. La atención para nosotros tiene un componente de seguimiento de la situación de las personas; se las va apoyando en el logro de mayores niveles de autonomía, inclusión, calidad de vida, etcétera”, señaló.
Por otro lado, indicó que la articulación territorial que se realiza en la modalidad actual “apoya un tejido de redes locales, de organizaciones y de vecinos que tienen una tarea que trasciende la mirada individual, para poner el foco en problemas del territorio, y en la generación de respuestas y soluciones”. En su opinión, con el nuevo modelo propuesto por el Mides “todo esto desaparece, y lo que pasa a existir es una atención de técnicos dispersos en el territorio, sin una organización, sin un respaldo, precarizados en la forma de contrato”.
Los Socat como forma de “democratizar la política pública”
“Tristeza, impotencia, rabia y preocupación”: con estas palabras describieron su sentir los trabajadores y trabajadoras de Sutiga, que no descartan realizar medidas de protesta en caso de que las autoridades mantengan la reestructura del dispositivo como está planteada. Dos trabajadores del sindicato que se desempeñan en Socat, que prefirieron reservar su identidad, conversaron con la diaria sobre la importancia que tiene el anclaje de las políticas sociales en el territorio y la incertidumbre a nivel laboral generada a raíz de estos anuncios para quienes hoy trabajan en este servicio.
Un trabajador del Socat en Malvín Norte explicó que este “marco de incertidumbre” comenzó con la falta de diálogo y el “secretismo” desde que se instaló el nuevo gobierno. “Uno viene visualizando ciertos indicios de que la política Socat no va a seguir y después nos enteramos por rumores de pasillo cuáles serían los términos de esa finalización del programa”, afirmó, y agregó que la confirmación llegó con la reunión que mantuvieron las organizaciones con Sciarra.
“Socat desaparece como programa, lo que hay en su lugar es un chatbot, un robot que se maneja a través de Whatsapp, donde la gente se agenda y le hace consultas. Algunas cuestiones se pueden tramitar de esa manera, por ejemplo una cédula de identidad o postularse para la tarjeta Uruguay Social, pero no hay vínculo con una persona, se pierde el cara a cara, el vínculo humano entre las personas”, explicó. En ese sentido, señaló que los trabajadores del Socat son “una referencia” para los vecinos y las vecinas, que “conocen de manera personal” a cada uno de ellos. “Además, a veces [la consulta] es una puerta de entrada donde identificamos algunas problemáticas. Por ejemplo, una mujer viene por una asignación familiar y nosotros, a través de nuestra formación o nuestra especialización, tenemos la capacidad de identificar algunos indicadores de que puede haber detrás alguna situación de violencia de género”, apuntó.
En la misma línea, una operadora social del Socat que funciona en el Municipio G de Montevideo reafirmó que la “fortaleza” de este servicio es su “fuerte anclaje territorial”, que “permite ofrecer una atención personalizada a la gente que va a consultar, tanto por iniciativa propia como por derivaciones”, ya que se trabaja en articulación con equipos de otras instituciones de la zona. “La forma en que se lleva a cabo esta línea de trabajo convoca a la participación tanto de la sociedad civil como de los vecinos y vecinas: eso es una forma de democratizar la política pública”, manifestó, y sostuvo que, en cambio, el paradigma de los “técnicos individualizados” es una forma “mucho más centralizada”.
“Politización” de los servicios
Para el exdirector de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, la reformulación de este programa “se inscribe en una lógica del gobierno de pasar a mando político directo todos los recursos de intervención social; es la politización absoluta de todos los servicios”, y señaló que de las evaluaciones realizadas surge que “los Socat han sido un instrumento muy importante de penetración territorial”. “No hay ninguna evaluación que muestre que los Socat fueran un instrumento prescindible; al revés. Se hicieron evaluaciones multimétodo muy contundentes sobre el impacto de los Socat, financiadas y coejecutadas con el BID [Banco Interamericano de Desarrollo], y se llegó a conclusiones muy positivas sobre su implementación”, aseguró.
Por otra parte, que esta transformación se dé en medio de la pandemia, para Labat, no es casualidad, sino “parte de la estrategia del Mides”. “No olvidemos que si hubo una cosa que se cerró temprano y se abrió tarde fue la escuela pública, pero otras fueron las oficinas del Mides. Es muy importante para quienes están gobernando hoy no recibir la demanda [porque] uno de los indicadores de buena gestión es no tener registros de demanda, y los Socat son una boca de recolección de demandas gigantesca”, analizó.
Diputada suplente del MPP envió pedido de informe al Mides
La diputada suplente del Movimiento de Participación Popular (Frente Amplio) Margarita Libschitz remitió un pedido de informe al Mides para conocer los detalles de la decisión adoptada por la cartera sobre este programa. Allí pregunta si “existe una planificación de parte del ministerio de cara al futuro vencimiento de los convenios de gestión de los servicios Socat” y, en caso afirmativo, “qué estrategias de trabajo se desarrollarán para suplir las tareas que dichos servicios realizan hasta la actualidad”. Por último, consulta “qué cierre se planifica para el trabajo realizado y evitar la pérdida del acumulado de trabajo en territorio en términos de registro y sistematización”. Para todas las respuestas solicita “adjuntar la documentación probatoria”.