El asesor jurídico del expresidente argentino Mauricio Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón, solicitó asilo como refugiado político en Uruguay ante lo que calificó como una “persecución” en su contra en su país de origen, a raíz de la indagación que comenzó la Justicia argentina por supuestas presiones del exfuncionario sobre los dueños de C5N y otros medios, bajo amenaza de sacarles sus empresas, informó La Nación.
Según supo la diaria, la cancillería recibió el pedido de Rodríguez este martes en horas de la mañana, y formalmente se trata de una solicitud de refugio, dado que se encuentra en Uruguay y, de hecho, tiene residencia en el país. Ahora, la Comisión de Refugiados (CORE) tiene 90 días para responder, y en ese lapso Rodríguez adquiere la calidad de solicitante de asilo. Si bien esto no impide que sea extraditado, raramente eso sucede.
El presidente Luis Lacalle Pou se refirió al tema en el acto de conmemoración del 210 aniversario de la batalla de Las Piedras y dijo que se había enterado por las noticias del pedido de refugio y se había comunicado por teléfono con el canciller, Francisco Bustillo. Dijo que la decisión de conceder el asilo no es una medida “discrecional” que dispone el presidente. “Si cumple con determinados requisitos, [se le concede]; si no, no”, subrayó.
El abogado y dirigente de Propuesta Republicana dijo a La Nación que “no es nada grato” pedir el asilo en Uruguay, porque la “protección” que le da el asilo es a su vez un “castigo”: “Tengo 62 años, toda mi vida quedó en Buenos Aires; siempre fui muy porteño, muy urbano, y más allá de la real capacidad y generosidad y hospitalidad que tienen los uruguayos, estoy acá condenado por las irregularidades y el temor a perder la libertad si vuelvo a Argentina”.
Rodríguez afirmó que solicitó el refugio por tener “fundados temores de ser privado de libertad en forma indebida” si vuelve a Buenos Aires. “La campaña de odio que ha desatado C5N contra mí también está generando que me lleguen un montón de amenazas”, aseguró. Según dijo, lo que se investiga como amenazas fue, en realidad, la exigencia a las empresas de Cristóbal López -empresario del grupo Indalo, dueño de C5N- para que pagaran impuestos, cuando asesoraba al gobierno de Buenos Aires.
La Ley 18.076 (Derecho al refugio y a los refugiados), de 2007, establece que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad”, y sostiene que será reconocida como refugiada toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país”.
La CORE está integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso, la subsecretaria Carolina Ache; un representante de la Dirección Nacional de Migración; un representante de la Universidad de la República; un representante del Poder Legislativo; dos representantes de organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con derecho a voz pero sin voto.