“Hay orden de no aflojar. J.W.L.F.”, pintaron el viernes funcionarios policiales en una pared del patio interno del edificio de la Zona 5 de Montevideo. “Se ganó el corazón de la fuerza policial en todo el país”, interpretó en sus redes sociales el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, al tiempo que publicaba la imagen. Más allá de la discusión que puede despertar esta leyenda, da cuenta del apoyo que Jorge Larrañaga cosechó en un sector importante de la Policía.
“Esta clase de ministros, como los Bullrich [por Patricia Bullrich, ministra argentina], o los Larrañaga, que se ponen el chaleco y van al operativo, y hablan del respeto a la autoridad, y presumen legítima defensa en cualquier caso, son leídos como ministros que son parte del equipo y que se embarran y que van con la tropa, y eso permea muy bien en la Policía”, interpreta Federico del Castillo, antropólogo especializado en temas policiales. “Larrañaga cristalizó un lenguaje, interpretó muy bien una gramática de símbolos de la Policía que hicieron que ganase muchísima legitimidad, y se puso en el bolsillo nada menos que al principal sindicato de la Policía, en muy poco tiempo, en un par de reuniones”, destacó Del Castillo.
Esta legitimidad, que Larrañaga ganó con todos los sindicatos policiales, la obtuvo a pesar de un proceso de precarización y desprofesionalización de la Policía que se inició desde el año pasado, apuntó el académico, que realiza su tesis doctoral sobre los cambios en la Policía en los últimos 15 años. “La precarizó, les aumentó el sueldo por debajo de la inflación, los policías no tuvieron municiones para la formación, hubo 13.500 chalecos [antibalas] vencidos”, y sin embargo “Larrañaga fue extremadamente hábil para interpretar el sentir policial y construir alianzas”, agregó Del Castillo.
La gestión restauradora
Los gobiernos del Frente Amplio iniciaron un proceso de reforma policial que cristalizó con la aprobación de la Ley Orgánica Policial, en 2015. Con la asunción de Larrañaga, para Del Castillo no puede hablarse estrictamente del advenimiento de una “contrarreforma”, porque hay algunas continuidades con la gestión anterior, por ejemplo en materia de estrategias como el modelo policial preventivo y orientado a problemas, y la formación policial con énfasis en la praxis.
En cambio, Del Castillo prefiere hablar de una “gestión restauradora”. Durante los gobiernos del Frente Amplio, se apostó a imprimir un perfil civil y moderno a la Policía. Por ejemplo, se establecieron ascensos por méritos y no tanto por antigüedad, y “se interpeló el ethos policial, entendido como el sistema de valores y representaciones sobre el mundo”, que hasta ese entonces tenía una raigambre militarista. Se incorporaron “elementos del mundo civil” en la formación y en la gestión, se introdujeron políticas “basadas en evidencia empírica y no tanto en el olfato o el saber tradicional de la policía”, así como mecanismos de gestión por resultados.
El equipo encabezado por Eduardo Bonomi estableció alianzas con algunos sectores de la Policía, los llamados “guartechistas” [por Julio Guarteche, exdirector de la Policía Nacional], para introducir cambios modernizadores en la Policía, y muchos policías quedaron excluidos de esa alianza. La asunción de Larrañaga supuso “el retorno de muchas figuras que habían pasado a retiro durante las gestiones del Frente Amplio (FA), y su posicionamiento como líderes en distintas unidades, y el desplazamiento de oficiales jóvenes, cuadros formados y jerarquizados durante el FA. Algunos incluso quedaron fuera de la órbita ministerial, en comisión en otros organismos”, contó Del Castillo.
En ese marco, la política de Larrañaga, según el académico, fue “dejar hacer” a estos nuevos líderes policiales, y su gestión estuvo “marcada por un desgobierno civil muy fuerte de la Policía”. Volvió a primar “el saber policial tradicional”, que no sólo responde a “otra época”, sino que estos nuevos líderes policiales “no estuvieron presentes en el cambio significativo que sucedió en la Policía en los últimos diez años”.
Esto se refleja, por ejemplo, en cambios en las prácticas de formación. Según Del Castillo, “hay una revitalización de una serie de prácticas que se habían desplazado, por considerarlas o arcaicas o demasiado militaristas, por ejemplo el internado policial”. Además, en la Escuela Policial, las materias sobre procedimiento policial ganaron muchas horas en detrimento de asignaturas como Criminología (que ahora la dan policías, y antes la daban civiles), Antropología y Estadística.
En síntesis, Del Castillo consideró que la gestión de Larrañaga “no tuvo una agenda de seguridad, no tuvo un plan de qué hacer con la Policía”. Las disposiciones contenidas en la principal norma del gobierno de Luis Lacalle Pou, la ley de urgente consideración (LUC), son “una expresión de deseo de un punitivismo más fuerte, con penas más duras, con esto del respeto a la autoridad”, pero “es algo completamente performativo y discursivo”. “No hay estrategias de seguridad en este gobierno”, afirmó.
La reducción de los delitos y el efecto pandemia
Las autoridades de gobierno destacaron como uno de los principales logros de la gestión de Larrañaga al frente del Ministerio del Interior la reducción de los delitos.
El 11 de abril la cartera informó que, respecto a marzo de 2020, en marzo de 2021 hubo una baja de los homicidios de 41,7% y de los abigeatos en un porcentaje idéntico: 41,7%. Según la información oficial, las rapiñas bajaron 17,5%, los hurtos, 12,6%, y la violencia doméstica, 13,4%. No se proporcionaron datos sobre copamientos.
“Jorge [Larrañaga] en 14 meses demostró que se podía hacer las cosas distintas. Se pudo bajar los delitos, hemos bajado los delitos desde el 1° de marzo en la canasta de homicidio, rapiñas, hurtos y abigeato”, destacó el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana el miércoles en diálogo con Desayunos informales de Teledoce. No fue el único jerarca de la coalición gobernante que eligió destacar este elemento tras la muerte de Larrañaga, el sábado 22.
Sin embargo, no se incorporó al relato oficialista un elemento importante: la emergencia de la pandemia, que condicionó la movilidad y las actividades económicas en todo el mundo, y que ha impactado en los índices delictivos. Esta circunstancia pone en tela de juicio la comparación con momentos anteriores a la crisis sanitaria.
Por ejemplo, el 23 de febrero de este año la agencia de noticias Efe informaba que los delitos en España en 2020 se redujeron 19,4% respecto de 2019 “debido fundamentalmente a la crisis sanitaria del coronavirus”. El Ministerio del Interior de ese país destacó en un comunicado que buena parte del descenso en los delitos “está íntimamente correlacionado” con el estado de alarma decretado en ese país el 14 de marzo de 2020, y con el resto de las restricciones adoptadas por el gobierno español, informó Efe.
El 13 de abril de 2020, The New York Times titulaba: “El virus disminuye la criminalidad en América Latina”. El artículo analizaba los primeros meses de pandemia en distintos países de América Latina, y acotaba luego del titular: “Con la suspensión de actividades y las órdenes de inamovilidad en buena parte de la región hay menos personas en los espacios públicos, y las calles son más fáciles de vigilar”. Según informaba el medio estadounidense, el número de homicidios en El Salvador se redujo casi a la mitad entre febrero y marzo de 2020, en Argentina cayeron en un mes los robos en la ciudad de Buenos Aires casi 90%, y en Colombia los robos en marzo de 2020 fueron diez veces menos que en el mismo mes de 2019. Algunos de estos países dispusieron medidas más restrictivas de la movilidad que Uruguay, pero de todos modos el factor de la pandemia está ausente del relato oficial que destaca la baja en el número de delitos como un resultado de la buena gestión del nuevo Ministerio del Interior.
La gestión de cárceles y personas privadas de libertad
En su discurso inaugural como ministro de Interior, Larrañaga dijo que la situación de los recintos carcelarios le producía “vergüenza” y consideraba necesario “hacer el máximo esfuerzo” para que sean un espacio de rehabilitación, lo que, a su entender, sólo puede generarse con el ejercicio de la autoridad. “Para la Policía, respeto y respaldo; para los delincuentes, la ley; para la sociedad, un Estado que garantice convivencia y derechos; y para nosotros, compromiso y dedicación total con el objetivo de llevar adelante la defensa de la libertad pero en orden”, concluía aquel 2 de marzo de 2020.
Casi un año y dos meses después, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, considera que su gestión fue buena. “Encaró el tema de las cárceles con mucho humanismo y apertura. Claramente era un servidor republicano y democrático. Aunque venía con la bandera de la seguridad pública, rápidamente vio que asegurar el acceso a educación, salud y trabajo en la cárcel también era el centro de sus preocupaciones”. En cuanto a su relación personal, Petit sostuvo: “Teníamos un contrapunto franco y transparente, con acuerdos y desacuerdos, a veces con enfoques muy distintos. A veces empezábamos en las antípodas pero terminábamos en zonas compartidas y con ideas concretas comunes”.
Por su parte el fiscal de Corte, Jorge Díaz, destacó que siempre hubo entre ellos un intercambio fructífero. “Había entre nosotros una línea directa, con llamadas a cualquier hora, siempre con el ánimo de solucionar los problemas que van surgiendo en el día a día. Las eventuales diferencias que pudimos haber tenido en algunos temas, que son naturales en las fiscalías y policías de todo el mundo, se conversaron siempre en privado. Y los éxitos de los operativos se destacaron en público como un justo reconocimiento al equipo de trabajo de fiscales y policías”, sostuvo.
En tanto, María José Miles, coordinadora de Nada Crece a la Sombra, una organización civil que se propone como un proyecto socioeducativo y de salud en cárceles –la única en acordar un convenio con la secretaría de Estado–, se refiere a ambivalencias. “El comienzo de la gestión fue con buena disposición y apertura. Expresaban un respeto a nuestro trabajo y recorrido”, afirma. En julio de 2020 el ministerio y la organización firmaron un convenio para implementar el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en cárceles de mujeres, que incluye la realización de estudios y atención médica, una política inédita.
En términos de población, se nota un aumento importante de la población carcelaria y del hacinamiento. En este sentido, Miles sostuvo que “se llegó con una impronta de poner este tema en agenda, que no es poco. Tienen una buena política de comunicación sobre cárceles, que no se traduce en cambios reales necesariamente. Las cárceles son un problema histórico y gobierno tras gobierno vemos cómo la situación se sostiene”.
Según datos proporcionados por la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, cuando asumió el gobierno actual había casi 11.800 personas privadas de libertad: 94,5% hombres y 5,5% mujeres. Al día de hoy, la población en cárceles aumentó 15%: son 13.600 personas en total: 93,4% hombres y 6,6% mujeres. Los mayores incrementos se dieron en la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar), en el Penal de Libertad y en la Unidad 5 de la cárcel de mujeres.
Este aumento, de 1.800 personas en las mismas condiciones en que estaban recluidas 11.800 al comienzo de la gestión, trae aparejado una situación de hacinamiento crítico, lo cual implica un deterioro aún mayor de las condiciones de vida y una interferencia para los programas de rehabilitación.
Un informe sobre salud y alimentación en el sistema penitenciario, que publicó en octubre de 2020 la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, afirmó en ese entonces que las personas encarceladas en establecimientos de Canelones, Rivera y Maldonado estaban “expuestas a ayunos prolongados y a poca variedad de alimentos”, así como a una “higiene inadecuada” en casi todos los casos. También se daba cuenta de la falta personal y, en particular, de equipos multidisciplinarios de atención en salud mental, en primera instancia.
Petit consideró que la emergencia sanitaria por covid-19, la cual vivió durante toda su gestión, enfrentó a Larrañaga con las carencias en las cárceles. “Fue, recorrió y miró, y creo que eso lo motivó a buscar soluciones de urgencia de todo tipo, donaciones, aportes de otros organismos, compra de colchones, construcciones de emergencia, golpear puertas... Varias veces coincidimos en el Comcar y en alguna otra cárcel, y espontáneamente decía: ‘Hay que buscar oportunidades para toda esta gente; la mayoría está acá porque no tuvo nada’. Se sentía muy bien cuando veía ayudas concretas y cosas que impactaban directamente en la realidad cotidiana de los presos. Si tuviera que elegir una foto, me quedaría con esa en la que está inaugurando el área de preegreso del Comcar, una apuesta al trabajo interdisciplinario y a unir la rehabilitación con la comunidad”, recordó Petit.
Dentro de la población privada de libertad, hubo varios brotes de covid-19. Hoy en día, desde el Ministerio del Interior, sostienen que hay 57 personas cursando la enfermedad y 308 en cuarentena. Sin embargo, hubo un “pico” crítico a mediados de marzo de 2021 de 740 casos y 1.200 personas en cuarentena.
En cuanto a la vacunación, que comenzó para las personas privadas de libertad durante este “pico”, al día de hoy, de las 11.200 habilitadas para la primera dosis y de las 8.600 habilitadas para la segunda, fueron inoculadas 91,3% y 95,5% con Sinovac, en cada caso.
Otra cuestión de preocupación puertas adentro son los suicidios. Mientras que en 2019 hubo nueve suicidios en cárceles, desde el Ministerio del Interior confirmaron que la cifra en 2020 fue de 17, lo que representa un aumento de 89% respecto del año anterior. En 2021, hasta el momento, hubo tres.
Como pendiente de la gestión de Larrañaga, Petit recuerda: “Últimamente teníamos un debate abierto sobre cómo pasar de atender la emergencia proactivamente, como se había hecho, a dar un salto cualitativo para tener un modelo diferente. Ahí teníamos muchos temas de debate. Nos decíamos: “La gracia es partir de desacuerdos para llegar a acciones concretas en las que estemos todos de acuerdo”. Estaba en sus planes convocar un espacio donde todos los actores institucionales pudieran participar en el armado de una estrategia nacional penitenciaria pensando en un modelo para los próximos 20 años. Eso quedó arriba de la mesa”, dijo.
En términos de personal, la subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Milena Más, renunció en octubre de 2020 al cargo que había tomado al inicio de la gestión. Hace un mes denunció a Luis Mendoza, director del INR, y a Santiago González, director de Convivencia del Ministerio del Interior, por acoso, violencia e “irregularidades”.
Miles consideró que, “en los últimos meses, el trabajo se fue haciendo cada vez más difícil, por distintas razones. Se rechazaron propuestas sin justificación, se generaron varias situaciones de maltrato y hemos sentido una persecución”. Dijo que “preocupa realmente a futuro cómo se va a manejar esto” ya que “el rol de Larrañaga era central para contener estas actitudes”.