Luego de la auditoría sobre el Antel Arena que contrató la empresa estatal, en la última semana el directorio aprobó la contratación de un estudio de abogados para preparar la denuncia penal a presentar ante Fiscalía. Mientras el director por el Frente Amplio (FA), Daniel Larrosa, cuestionó la reciente contratación y sostuvo que la cúpula del ente busca montar “una escena de denuncia” sobre la construcción del estadio multifuncional, el presidente Gabriel Gurméndez sostuvo que la intención de denunciar surgió “de una elemental obligación” frente a los hallazgos de la auditoría.
El miércoles 2 de junio, en una conferencia de prensa, el vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, anunció que se resolvió presentar una denuncia penal tras “las resultancias de la auditoría externa realizada sobre el complejo multifuncional Antel Arena”. Según la resolución, la auditoría da cuenta “de la existencia de apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”. En aquella instancia se decidió remitir la auditoría a la Fiscalía y a la Junta de Transparencia y Ética Pública.
Larrosa dijo a la diaria que ni en la auditoría externa ni en el informe al respecto de la división jurídica de Antel figura “ningún hecho de apariencia delictiva” que amerite “tan drástica decisión”, que se aprobó en el directorio sólo con votos del oficialismo.
El costo de la auditoría externa, realizada por la firma Ecovis, fue de 38.000 dólares. El director por el FA cuestionó que la última semana, “nuevamente con los votos del oficialismo”, se decidió contratar a “un estudio de abogados penalistas, por el período de un año, por un precio de 22.000 dólares, para poder hacer la denuncia penal”. Algo similar ocurrió en UTE, que contrató al abogado Jorge Barrera para que trabaje en la presentación de una denuncia ante Fiscalía por la regasificadora y los negocios de Gas Sayago.
Larrosa expresó: “Estamos totalmente en contra de esta contratación porque de alguna manera se monta toda una escena de denuncia, pero en sustancia no hay elementos y ahora hay que buscarlos para poder hacer una futura instancia judicial”. A su vez, indicó que “es contradictorio” que se haga una “contratación directa a determinados profesionales”, porque “justamente” uno de los elementos que critica el oficialismo son las compras directas que se realizaron para la obra del Antel Arena.
“Lo que más nos preocupa es que esta mayoría del directorio de Antel se está embanderando con un tema totalmente ajeno y contrario a los intereses de la empresa. Plantean una judicialización de la obra y pensamos que es un mamarracho administrativo y que las consecuencias mayores las va a pagar Antel en la desvalorización y el desprestigio a un activo fundamental que tiene para el futuro”, apuntó el representante del FA en referencia al Antel Arena.
“Proceso careció de transparencia”
En el resumen ejecutivo del informe de la empresa Ecovis, que está publicado en la página web de la compañía estatal, consta que “para la construcción, instalación y funcionamiento del Antel Arena, Antel utilizó como regla para la selección de los contratantes a la compra directa por excepción, que debería ser de aplicación en situaciones de excepción de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico”.
Además, el informe señala que “todas las actuaciones relacionadas al complejo fueron declaradas reservadas por el plazo de 10 años”. Ecovis expresó que “la utilización de la modalidad de compra directa unida a la reserva de las actuaciones derivó en que el proceso de construcción del complejo careciera de transparencia”. Otro de los apuntes es que “desde su inauguración en noviembre de 2018 hasta junio de 2020 el complejo ha representado para Antel una pérdida de $ 137.337.228”, es decir, más de 3,7 millones de dólares.
En diálogo con la diaria, el presidente de Antel dijo que la decisión del directorio de elevar una denuncia a la Fiscalía “surge de una elemental obligación frente a la naturaleza de los hallazgos” en la auditoría de Ecovis. Sostuvo que del estudio se desprende que para la construcción del Antel Arena hubo “falta de previsión”, “falta de control presupuestal”, “confidencialidad de todas las actuaciones”, “exceso de gastos” y “apartamiento de los costos estimados”.