El miércoles se encendió la polémica en torno al ministro de Turismo, el colorado Germán Cardoso, luego de que se conociera que le pedía “información reservada y favores” a Fernando Pereira, un jerarca policial de Maldonado que fue imputado con prisión por cinco delitos de corrupción y abuso de funciones, a solicitud del fiscal letrado departamental de 2° turno, Jorge Vaz. Las opiniones y visiones se cruzaron de aquí para allá, sobre todo en el vasto mundo de la política, pero ¿qué opinan los especialistas en derecho penal?
El abogado penalista Juan Fagúndez dijo a la diaria que con base en lo que tomó estado público del caso y desde el punto de vista penal, fuera de la discusión sobre “si está bien o mal”, no le parece que el ministro “haya cometido ningún delito”. Subrayó que no ve que haya “una conducta corrupta ni de corrupción a un funcionario”, ni que entre “en las figuras establecidas en el Código Penal”.
“Los delitos no los podés interpretar como querés. Si no está claro –se llama principio de tipicidad–, no podés hacer fuerza para que una conducta se acomode con un delito, tiene que ser claro que lo que dice el Código [Penal] fue lo que se hizo. Y en este caso, a mí no me parece. Después, la discusión ética, política o social es válida, pero, por lo que escuché, no encuentro ningún delito”, subrayó.
En cuanto al accionar de Vaz, Fagúndez dijo que fue correcto que mencionara a Cardoso, porque si no lo hubiera hecho, después, cuando se supiera que el ministro estaba en las llamadas, la gente iba a preguntar por qué no lo informó.
De todos modos, Fagúndez subrayó que el fiscal podría haber dicho “hubo llamadas con el ministro pero las estamos estudiando”, en vez de expresar inmediatamente “acá no pasó nada”, más allá de que después concluyera que efectivamente no estaba involucrado en delito alguno. “Al decir todo junto pudo haber llevado a algún tipo de conmoción”, opinó.
“Hay algo que tampoco se ve, que esta investigación tenía ocho o nueve meses. Entonces, en ese tiempo el fiscal tuvo para estudiar y decidir, pero ese tiempo del fiscal es distinto al que tiene la gente para digerir. Me parece que se apuró en dejarlo afuera públicamente. Tendría que haberse tomado más tiempo para comunicar –aunque ya tuviera la certeza– que lo que había aparecido con el ministro no estaba en el elenco de delitos”, señaló.
A su vez, en cuanto al delito de abuso de funciones, uno de los varios por los que se formalizó a Pereira, que lo vincularía al ministro, Fagúndez puso en duda que esté “bien imputado”, porque ese delito “no tiene que ver con que un político te pregunte o pida algo, dentro de la normalidad del cargo de la persona”. “En este país, cualquiera que tiene un amigo va y le pide a un médico en un hospital público ‘¿se podrá hacer algo más?’, o conocés a un policía: ‘Che, mirá, ¿tal persona estará requerida...?’. La gente que no tiene eso, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿A las comisarías? No, porque nadie le contesta ni nadie le da la mano”, opinó.
Fagúndez preguntó por qué no existe un delito que condene “utilizar el privilegio”, así deja de ser sólo “un tema ético”, y respondió que es debido a que “ese delito lo tendrían que construir los que usan ese privilegio”. “Esos privilegios son funcionales a los políticos, porque tanto en la capital como en los otros 18 departamentos, también están para dar una mano cuando se tranca alguna gestión pública. Entonces, si acá funcionara todo bien, ¿para qué necesitaría la mano del político?”, expuso. Por último, Fagúndez dijo que este caso “es un caramelito al lado de las cosas que pasan” y eso “tiene que quedar claro”.
En tanto, el también abogado penalista Eduardo Sasson dijo a la diaria que por un lado coincide con el fiscal Vaz, y por otro, disiente. Sostuvo que la afirmación de que Cardoso, al solicitar las cuestiones como particular y no en virtud del cargo que ocupa, no comete delito alguno “no es correcta técnicamente”. “De aceptar esto, tendríamos que aceptar por vía de consecuencia que ningún particular pueda ser partícipe en los delitos con sujeto activo cualificado [delitos especiales], como sin duda es el delito que aquí podría tipificarse [el denominado ‘abuso innominado de funciones’ del artículo 162 del Código Penal], lo cual es absolutamente incorrecto. Un particular nunca podrá ser autor en estos delitos, pero sí partícipe”, indicó.
En cuanto al caso concreto, “y exclusivamente en lo vinculado a las conversaciones telefónicas entre el ministro y el funcionario policial imputado”, Sasson dijo que “no se vislumbra delito alguno por parte de ninguno de los interlocutores”. Explicó que el abuso innominado de funciones se consuma cuando el apartamiento “por parte del funcionario público es manifiestamente arbitrario e ilegítimo, desviado por completo del que le es exigible”.
“Debemos entender, aunque cueste, que, pese a que puedan existir cuestionamientos desde perspectivas administrativas, éticas o políticas, no siempre que una conducta no se adecua a estos parámetros ingresa en la esfera del derecho penal. Dicho de otra forma, y para ser más claros, no toda defraudación de las expectativas de conducta de un funcionario público o desviación de las normas que regulan la ética pública supone la comisión de un delito por parte de este”, finalizó.
FA discutirá este lunes “acciones políticas”
En la habitual reunión de bancada de senadores del Frente Amplio (FA) de los lunes se discutirá qué acciones parlamentarias podrán desarrollar para seguir el tema de Cardoso, según adelantó un legislador de la oposición a la diaria. A su vez, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo el sábado que la polémica generada en torno al ministro de Turismo “ya pasó, Fiscalía habló, opinó, el FA planteó lo que tenía que plantear y el gobierno respaldó”. “Lo que yo pueda decir no aporta nada, resta”, sostuvo.
En tanto, también el sábado, al conmemorarse en Sauce el 257º aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado sobre el tema: “Con la información que tengo, que es la que ustedes brindaron, y la información que me dio el ministro vía telefónica, no tengo objeciones”.
“No soy juez ético de nadie, o mejor dicho, soy juez ético mío, eso seguro”, declaró. Uno de los periodistas preguntó si les recomendaría a los ministros la actitud de llamar a funcionarios policiales, y mencionó uno de los casos en los que el ministro llamó a Pereira porque una amiga había protagonizado un accidente de tránsito y quería saber si le habían hecho espirometría. “Si es para esconder una prueba, obviamente no, al otro día no trabaja más en el Consejo de Ministros. Si es para averiguar, no sé, cada uno está en su derecho”, sostuvo Lacalle Pou.