En una audiencia judicial que se llevó a cabo este miércoles, Presidencia entregó a los senadores del Frente Amplio (FA) el documento solicitado mediante un pedido de acceso a la información pública sobre el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie para la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo hasta 2081. Tras la instancia con el juez, el senador frenteamplista Charles Carrera dijo a la prensa que “se confirma la tesis” de que “esta negociación se llevó a cabo con una serie de desprolijidades y de incumplimientos de normativas vigentes”.
En mayo, los senadores Eduardo Bonomi, Mario Bergara y Carrera presentaron un pedido de acceso a la información pública donde solicitaron diversa información sobre el tema, incluidos los informes jurídicos que poseía el gobierno y que defendían la tesis de efectuar un acuerdo debido a que Katoen Natie había comenzado el proceso hacia un juicio internacional contra el Estado. Tras una prórroga de 20 días que resolvió Presidencia, se accedió a la solicitud.
No obstante, los senadores quedaron insatisfechos con la respuesta del gobierno porque, entre otras cosas, se omitió entregar una resolución del Poder Ejecutivo adoptada en Consejo de Ministros el 25 de febrero de 2021, por la cual se aprobó el acuerdo con la firma belga. Además, manifestaron que tampoco se habían agregado los antecedentes administrativos de dicha resolución.
Los senadores del FA recurrieron a un mecanismo que permite la Ley de Acceso a la Información Pública, que consiste en presentar una demanda contra el organismo que se rehúse a entregar la documentación solicitada. Fue así como el caso llegó este miércoles al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno. En la audiencia, que se desarrolló de manera virtual, los senadores del FA se presentaron junto al abogado Santiago Pérez, mientras que Presidencia estuvo representada por las abogadas Andrea Cabal y Bárbara Muracciole.
Presidencia entregó a los senadores el documento del 25 de febrero en que el presidente Luis Lacalle Pou, actuando en Consejo de Ministros, aprobó el acuerdo “para poner fin al diferendo notificado por el grupo Katoen Natie al Estado Uruguayo”. En dicho documento también se designó para la firma del acuerdo con la multinacional al entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber.
No obstante, desde Presidencia no se agregaron los antecedentes administrativos solicitados por el FA. Se alegó que los antecedentes de la resolución surgen del propio acuerdo y de los anexos de este, en donde se incorporaron las actas de la negociación.
En este sentido, desde el FA no hubo más reclamos porque se interpretó que no existe un expediente administrativo previo a la resolución, según se desprendió de los alegatos de Presidencia. La representación del gobierno expresó que “no todo dictado de un acto administrativo requiere la formación de un expediente”.
Por tanto, el juez del caso, Carlos Aguirre, archivó la demanda “por falta de objeto”, basado en que Presidencia finalmente entregó el archivo solicitado y negó que existieran otros antecedentes administrativos. Desde el FA señalaron que “quedó claro” que no existe un expediente administrativo previo a la resolución.
Los senadores de la oposición interpretan que una decisión de este calibre debió tomarse con base en informes técnicos, jurídicos y económicos. Al finalizar la audiencia en la que Presidencia negó la existencia de más antecedentes administrativos, desde el FA señalaron que el Ejecutivo decidió conceder la terminal especializada del puerto de Montevideo hasta 2081 sin los referidos informes.
Para la oposición, si el argumento del gobierno para habilitar la concesión hasta 2081 fue la posibilidad de la existencia de un juicio, el gobierno debió contar con informes que valoraran la pertinencia de este juicio y que pronosticaran el posible éxito o fracaso del Estado uruguayo.
En una declaración conjunta emitida este miércoles, Bergara, Bonomi y Carrera expresaron que “durante la audiencia se pudo confirmar por las representantes legales de Presidencia que no hay un expediente administrativo que contenga informe alguno (ni jurídico ni económico) que sustente una decisión de la magnitud del acuerdo firmado”.
“La respuesta fue que los antecedentes son el acuerdo y los anexos mismos, dejando en evidencia la falta de argumentos y fundamentos que respalden un acuerdo que compromete por 12 períodos de gobierno nada menos que la soberanía sobre nuestra principal puerta comercial”, añadieron los senadores.
En declaraciones a la prensa, Carrera añadió: “Acá hay incumplimiento de normas, de leyes, de decretos; hay un cúmulo de incumplimientos. Se nos entregó la resolución que reclamábamos, que era la resolución que homologó este acuerdo, y esta resolución fue dictada sin un procedimiento administrativo previo”.