El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió este miércoles un comunicado sobre la situación que vive Cuba desde el domingo, cuando comenzaron una serie de manifestaciones en distintas ciudades del país. En el comunicado la Cancillería uruguaya expresa su “preocupación por la falta de garantías para el ejercicio del derecho de libre expresión y de protesta pacífica por parte de los ciudadanos cubanos que reclaman ante la falta de medicinas, alimentos y libertades básicas”.
“El Uruguay hace votos para que en la hermana República de Cuba se estimulen canales de diálogo y se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con las normas internacionales en dicha materia”, señala la declaración.
En tanto, la bancada de Senadores del Frente Amplio (FA) presentó en la sesión del Senado del miércoles una declaración sobre la situación en Cuba, para que se trate en la Comisión de Asuntos Internacionales ‒que se reunió más tarde‒. El proyecto de resolución rechaza “cualquier intento de injerencia internacional que promueva la intervención militar humanitaria” en la isla. Asimismo, el FA reivindica los principios de “no intervención” y “libre determinación de los pueblos”, y el rechazo a “todo tipo de embargo económico, comercial y financiero”.
También manifiesta el respaldo “al derecho inalienable que tienen los pueblos a manifestarse pacíficamente en forma legítima” y se llama a la comunidad internacional a “colaborar pacíficamente para superar las vicisitudes que está afrontando el pueblo cubano en el pleno respeto del derecho internacional y las convenciones internacionales vigentes”.
Mientras tanto la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aprobó a impulso del oficialismo un proyecto de declaración sobre la situación de Cuba, sin los votos del FA. En el texto se señala que “ante las manifestaciones de la ciudadanía cubana que se extienden por el país, afectado por una grave crisis socio-económica y los efectos de la pandemia, fruto del reclamo de alimentos, medicinas y garantías en materia de respeto de los Derechos Humanos”, se exhorta al gobierno de aquel país al “respeto de los derechos civiles de sus ciudadanos y garantizar su libertad de expresión”.
También se repudian “las expresiones que emanan de sus máximas autoridades gubernamentales que convocan a la violencia, cuyas consecuencias son inevitablemente la pérdida de vidas y la sistemática violación de derechos de sus ciudadanos”. Por último, la declaración condena “el uso de la fuerza y arrestos indiscriminados contra un pueblo que se manifiesta y expresa en paz y conforme a sus derechos”. El proyecto de declaración se tratará en la sesión de la cámara alta del 3 de agosto.