Lo personal es político y aunque en las asambleas del colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep), todos los viernes, las historias de vida “están ahí, en el aire”, “es de rigor no exponer situaciones personales”, aclara Gustavo luego de que el periodista prendiera el grabador.
“Todos necesitamos hablar, exponer nuestra situación personal, porque no somos todos iguales, lo único que tenemos en común es un territorio y ciertas carencias. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Cada uno tiene una historia propia y particular que, por el momento, creemos, debe mantenerse en reserva, en privacidad”, apunta el vocero e integrante de Nitep en diálogo con la diaria.
¿Las razones? Para Gustavo son simples: “Los pobres somos muy fáciles de estudiar porque estamos muy expuestos, cuanto más pobre es una persona menos privacidad tiene, y cuando el Estado lo asiste le saca aún más privacidad”. Nitep nació de encuentros entre personas “de calle” en la sala de informática de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Tras varias idas y vueltas, el colectivo decidió organizarse como tal para luchar por vivienda y trabajo “digno” hace ya dos años. También para hacer respetar sus derechos fundamentales.
El propósito de Nitep está orientado a mejorar las condiciones de vida de quien se encuentra en situación de calle. Allí surgieron “varios temitas”, como problemas estructurales en los refugios y sus condiciones –la alimentación, la higiene, entre otras particularidades–. Avances hubo, pero con el cambio de gobierno “tuvo un nuevo retroceso”, apunta Gustavo. Paralelamente a esto, celebraron que surgieran contactos con la Intendencia de Montevideo y con municipios, con la meta de buscar un espacio donde pasar y hablar de reinserción laboral.
“Por más que digan que los refugios promueven la reinserción social y laboral, ni el anterior ni el actual gobierno tienen las herramientas adecuadas para alcanzar esos fines. Ahí estoy hablando de falta de herramientas, no de falta de voluntad, ni mala intención, ni nada por el estilo, simplemente no hay herramientas. El vínculo con los equipos es muy conflictivo la mayoría de las veces por un problema de diseño”. Que cinco personas tengan que atender a 30, en un horario “muy acotado”, no hay “cabeza que lo resista”, afirma.
Con el nuevo diseño que hizo el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) la cosa “empeoró”, acota, porque si bien disminuyó la cantidad de ocupantes de cada espacio –para mantener el distanciamiento físico sostenido que exige la emergencia sanitaria–, “resulta que también recortaron el personal que había para atender cada unidad”. “Ellos les llaman centros nocturnos; lo de ‘centro’ es un cambio de política: se pasó de la existencia de una puerta de entrada que había antiguamente a lo de ahora, que uno tiene que referenciarse al lugar que fue una vez o que está yendo más frecuentemente, ya no hay más puerta de entrada”, añade Gustavo.
Metas
La cotidianidad los “bombardea”. Las ganas de hacer un análisis profundo sobre alternativas de vivienda no los dejan por eso mismo: el estar en el día a día. “No podemos darnos espacio para ir al fondo de algunas cuestiones. Por ejemplo, en la alimentación, la salud, el techo; con el tema de la emergencia sanitaria el descuido de una persona hace que en este caso 20 personas queden encerradas y los que tenemos o conseguimos trabajos esporádicos quedemos encerrados en el refugio. Eso quiere decir que ya no podemos trabajar y, aunque podamos tener un lugar reservado en ese espacio para poder trabajar, es un ingreso que ya no tenemos y como la comida se está haciendo insuficiente, el abastecimiento de ropa es a como tengamos suerte, no es suficiente”.
Por su parte, Yoselina cuenta que “discriminación” hacia ellos, “los sintecho”, siempre hubo: “Y si llevás la remera –se señala la camiseta con la leyenda ‘Nitep’– hay más criminalización. Somos personas, tenemos derechos; sin embargo, hay alguna gente que no lo entiende”. “Es muy complejo; si pasás y ves durmiendo a alguien en la calle y sos del colectivo, no discriminás, pero el vecino no sabe por qué esa persona está durmiendo en la calle, pero tampoco se acerca a preguntar”, añade.
En tanto, la Policía también “discrimina”, y “reprime”. Para la integrante del colectivo, los funcionarios policiales tienen que cumplir “determinadas instrucciones y muchas veces en ese cumplimiento los hostigan o presionan” en forma “totalmente innecesaria”. Muchas veces esas personas en contexto vulnerable están “predispuestas a ser resistidas”, y cuando ocurre eso “van con acciones coercitivas a priori, totalmente injustificadas”.
Ejemplifica que ella fue “criminalizada por la Policía en 2020 cuando fue detenida violentamente por llevarle comida a alguien que también estaba en calle”. “Lo estaban golpeando y al defenderlo, ahí me arrestaron; todo esto se da porque no tenés un techo digno, un trabajo digno, todo porque sos de calle”.
El colectivo denunció la represión ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; el organismo, tras casi un año de investigación, resolvió que “existió una vulneración del derecho a la integridad física de la denunciante por parte de funcionarios del Ministerio del Interior [MI]”. Asimismo, recomendó al MI iniciar una investigación interna para “aclarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que intervinieron” y, además, instó a que “mejore la formación y capacitación” de la Policía.
“Uno no tiene oportunidades; el mismo Estado omite esas oportunidades a la población en situación de calle. Porque si hay un capital en el Estado para construir un puente, tiene que haber un capital también para dar viviendas dignas a personas en situación de calle, como también un trabajo”.
“A cada lado que vas ves a una persona en situación de calle. La Policía arremete, es un atropello constante hacia nosotros. Hay mucha burocracia para hacerte el carné, para ir al comedor, para hacerte la tarjeta del Mides, ir al médico”, dice y su colega Leo apunta: “Es un negocio, hay un montón de gente que vive de la pobreza”. “Exacto, la pobreza es un gran negocio”, agrega Gustavo.
Para Yoselina, los gobernantes y algunas organizaciones de la sociedad civil ven a la gente en situación de calle como un “proyecto”. “Somos seres humanos, no somos proyectos de gobierno, no somos proyecto de ninguna ONG ni del Mides. Somos seres humanos que necesitamos dignidad, autonomía para llevar nuestras vidas sin depender de que Mides nos pague un techo, sin que nos pague un refugio”.
“Al estar en situación de calle hay una constante violencia permanente del sistema sobre vos. Sos un marginado, aquel que no tiene nada es el tipo más despreciado del mundo. Pareciera que el tiempo para los que tienen vale y para lo que no tienen, no. ‘¿Querés comer? Hacé cola dos días, si estás al pedo, si no trabajas’, suelen decir”, se queja Leo.
Ahora, hay que seguir luchando por espacios para bañarse, por la vivienda y por el espacio propio de Nitep, concluyen. “Siempre nos sale a nosotros hacer algo sin pedirle nada a nadie. Somos un colectivo, estamos unidos, pero no siempre pensamos igual”, apunta Yoselina. “¡Por suerte!”, cierran sus compañeros.