Con una trayectoria profesional de décadas dedicada a la evaluación de políticas urbanas y de vivienda desde distintos ámbitos, la arquitecta y urbanista brasileña Raquel Rolnik es una referente fundamental en el debate sobre el derecho a la vivienda y a la ciudad tanto en América Latina como en el resto del mundo.
Lideró cargos públicos, integró organizaciones civiles, durante seis años se desempeñó como relatora especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y hoy es docente e investigadora de la Universidad de San Pablo. En 2015 publicó el libro La guerra de los lugares, en el que analiza lo que llama la “financiarización” de la vivienda, un proceso que define como la toma y el control de la producción de la ciudad por las finanzas globales y la participación creciente del sector financiero en el desarrollo inmobiliario.
En diálogo con la diaria, analizó las formas en que impacta este fenómeno hoy en las ciudades y propuso claves para pensar en viviendas “menos mercantilizadas”. Es decir, pensar en la vivienda como un derecho y no como una mercancía.
¿Cuáles son hoy los obstáculos que impiden la puesta en marcha de políticas de vivienda justas, equitativas y que garanticen mejoras en la condición de vida de las personas?
El obstáculo más grande que tenemos hoy en día es el hecho de que la vivienda, o el espacio construido de una manera más general, se ha transformado en un anillo fundamental del proceso de valorización financiera del capital financiero. En la fase más reciente, desde los años 80 y 90 –dependiendo de la experiencia concreta de cada país–, hubo una captura del espacio construido por parte de las finanzas globales, lo que yo denomino colonización. En parte, a partir de la existencia de un excedente global financiero muy grande y muy concentrado. Estoy hablando del excedente financiero de grandes corporaciones como Apple, Google o Adidas, pero también me refiero a fondos soberanos de los países invertidos en el mercado financiero, a fondos de pensión de los trabajadores –en la medida en que se han desmantelado los sistemas públicos de pensiones y se han constituido como sistemas financiarizados–, compañías aseguradoras y otros agentes financieros, que encuentran en el espacio construido una garantía fundamental para operaciones financieras. Esta es la historia del espacio construido como garantía, que permite a los agentes financieros obtener aún más acceso a capital para hacer que sus inversiones sean remuneradas por tasas cada vez más altas. Es decir, el espacio como una especie de pasaje para el capital financiero global. Esto estuvo acompañado por la creación de nuevos instrumentos, como fondos inmobiliarios o la “seguritización” de las posibilidades de pago, que titularizan el espacio construido y hacen que, básicamente, circule en el mercado financiero. Es una multiplicación de lo que conocemos como especulación. El mercado financiero es especulativo por naturaleza, y toda la digitalización y la revolución electrónica ha permitido que estos flujos de capital financiero puedan entrar y salir muy rápidamente. La eliminación de todas las barreras entre los países permite que esta masa de capital disponible imponga una competencia por el espacio construido con la gente. Nosotros tenemos que buscar dónde vivir y dónde organizar nuestras actividades económicas en este espacio construido, por ejemplo, compitiendo con los jeques del petróleo o los fondos de pensiones, que utilizan el espacio como activo. Dediqué todo un libro, La guerra de los lugares, para demostrar cómo la financiarización ha interferido completamente en las políticas de vivienda y ha conformado las políticas de manera que las viviendas se transformen en una nueva frontera de la financiarización de aplicación de estos capitales. Este es el obstáculo más grande y los estados han sido muy protagónicos en este proceso, en el sentido de abrir sus fronteras para el complejo inmobiliario financiero.
¿Cómo ha evolucionado este proceso de financiarización de la vivienda en América Latina?
En América Latina hay diferencias importantes en temporalidades y maneras mediante las cuales se organiza este movimiento. Históricamente, cuando hablamos del proceso de financiarización en Europa o en Estados Unidos estamos hablando del desmontaje de la política de vivienda como política social, como parte importante de un Estado de bienestar, hacia la mercantilización de la vivienda y su transformación en un activo financiero. Cuando hablamos de América Latina, lo primero para decir es que nunca hubo un Estado de bienestar social en que la vivienda fuera un componente esencial, porque la mayor parte de la vivienda ha sido históricamente autoproducida por los propios habitantes y pobladores. Esto no quiere decir que el proceso de financiarización no haya llegado a América Latina. Yo diría que este proceso se dio en una primera versión, en la que Chile ha sido el laboratorio esencial donde se experimentó este modelo, que es el modelo de grandes capitales financieros entrando en compañías desarrolladoras constructoras, y produciendo en masa un producto mercantilizado, al que se accede vía crédito inmobiliario, movilizando fondos públicos como subsidio. Es un modelo en el que el gobierno subsidia para que tú compres un producto que es producido a partir de un circuito altamente financiarizado, en el que sus morfologías están sometidas a los ritmos y necesidades de remuneración de los capitales invertidos en esta producción. Y no es por casualidad que Chile bajo [Augusto] Pinochet fue el primer experimento de producción de viviendas de interés social de forma masiva en las periferias de la ciudad, con un producto de muy mala calidad, reproducido infinitamente, que tiene que ver con estos deseos de rentabilidad. El resultado en Chile es el problema al que se enfrenta la gente que hoy está viviendo en estos complejos, que no son ciudad y no tienen calidad urbanística. Brasil, con el programa “Mi casa, mi vida”, también ha reproducido el mismo modelo, con elementos comunes: vivienda individual, en propiedad, producida en masa por compañías desarrolladoras que habían abierto sus capitales en bolsa y captado capitales financieros globales en los que invirtieron sus deseos de rentabilidad. Esta es una primera ola de financiarización. Es importante señalar ahora una segunda ola, que vemos también en los países desarrollados. Después de la crisis financiera hipotecaria, que fue producida por la financiarización de la vivienda en estos países y el desmontaje de la idea de vivienda como política pública, lo que siguió a la debacle y al problema de la emergencia habitacional es la nueva frontera de financiarización en torno al alquiler. Es decir, no más vivienda en propiedad, sino alquiler, con la emergencia de propietarios corporativos que son exactamente los mismos que han invertido en vivienda en propiedad masiva en la fase anterior y que ahora ofrecen vivienda en alquiler en distintas modalidades. Airbnb y otras plataformas digitales forman parte de una lógica semejante, y ahora empezamos a ver también este fenómeno en América Latina. En Santiago ya se ve un nuevo producto inmobiliario financiarizado que es vivienda de alquiler ofrecida sobre todo para inmigrantes en áreas céntricas de la ciudad, también con características de sumisión de las morfologías a estas lógicas de rentabilidad de los capitales financieros. Estos ejes de expansión de vivienda de alquiler, una vez más, cuentan con el diseño de políticas públicas que abren estas fronteras. Esto es algo que comienza lentamente en América Latina, pero que ya hemos podido detectar empíricamente en algunos países.
¿Qué papel cumple el alquiler en este proceso?
Históricamente, hemos tenido una participación muy pequeña del alquiler en la vivienda. Una razón es que cuando en América Latina se habla de vivienda en propiedad nadie pregunta si es una propiedad oficial registrada o no. Entonces, por ejemplo, en Brasil se habla de que cerca de 85% de la población vive en viviendas en propiedad, pero más de la mitad son ocupaciones, favelas, autoconstrucción, parcelación irregular e ilegal, asentamientos, etcétera. El alquiler como vínculo de tenencia siempre lo hemos tenido, pero en proporciones muy pequeñas. Lo que estamos observando ahora en distintos países de América Latina es el aumento de la proporción de vivienda alquilada. Ahí vemos dos fenómenos importantes, que en este momento estamos investigando en la Universidad de San Pablo. Por un lado, que aumenta el alquiler en los asentamientos populares autoconstruidos como parte de la consolidación del propio asentamiento popular, con la construcción de más pisos para alquilar y generar renta para las familias. Esto tiene que ver con el agotamiento de la posibilidad de formación de nuevos asentamientos, problemas de escasez de tierra y otra serie de cuestiones, pero también como parte de este proceso de consolidación. Si estamos hablando de periferias autoproducidas, que ahora tienen 30, 40 o 50 años, entonces ya tienen un proceso de consolidación y ahí tenemos una segunda generación de alquiler informal dentro de los mercados populares. También empieza a aumentar este alquiler corporativo con una especie de transformación de vivienda en servicios, y ahí estamos hablando del mundo formal, inferido en la producción financiera, bancaria, etcétera. Por ejemplo, inversiones nuevas en el centro de San Pablo o Santiago, donde puedes alquilar un pequeño departamento, pero a la vez puedes alquilar por tiempo el servicio de limpieza, una bicicleta o el espacio de una cocina gourmet, o sea, nuevos productos inmobiliarios ligados al alquiler y que piensan la vivienda como un servicio. Lo que se transa ahí es el tiempo de utilización, no el espacio. Finalmente, lo que estamos empezando a mirar también es de qué manera las plataformas digitales financiarizadas penetran en los mercados populares. Como Airbnb en las favelas, por ejemplo. Son procesos que también empiezan a conectarse en la medida en que, para poder sacar rendimientos de alquiler de un espacio construido, no es necesario que la propiedad sea legalizada. Todo esto es para mirar prospectivamente, porque creo que la financiarización del alquiler es la nueva frontera y que eso se va a expandir incluso sobre los mercados populares e informales.
“La forma cooperativa, por ser una forma colectiva y solidaria, en que los vínculos de la vivienda con la gente son vínculos complejos, hace que estos espacios estén menos abiertos a los ataques especulativos. Por lo tanto, protege a la gente en su localización”.
¿Cómo se logra que la vivienda sea un derecho y no una mercancía? ¿Existen ejemplos de buenas prácticas que apunten en ese sentido?
Toda la cuestión es la desmercantilización: de la tierra, del suelo, del espacio construido. La vivienda no puede circular ampliamente en el mercado. Mucha gente ve la propiedad individual registrada de la vivienda como la forma de tenencia más segura que hay, pero en realidad la propiedad individual es la forma más sujeta a los ataques del mercado y la circulación. Es, en realidad, la forma más libre para circular, lo que no significa necesariamente más seguridad y protección para la gente. ¿Cuáles son las formas de vivienda no mercantilizada o menos mercantilizada? Para nosotros, la experiencia de la vivienda cooperativa en Uruguay es un gran referente. La vivienda cooperativa, en general, es muy importante. En algunas ciudades veo una producción cooperativa importante, como en Zúrich, que tiene una cantidad de vivienda cooperativa producida desde los años 20 y 30, pero sigue produciendo. Hay otras experiencias cooperativas en pequeña escala pero que también tienen mucha importancia en Estados Unidos o en España. La forma cooperativa, por ser una forma colectiva y solidaria, en la que los vínculos de la vivienda con la gente son vínculos complejos, hace que estos espacios estén menos abiertos a los ataques especulativos. Por lo tanto, protege a la gente en su localización.
Recién mencionabas Uruguay como un ejemplo. ¿Qué lectura hacés sobre las políticas habitacionales en este país?
Creo que es un orgullo para América Latina tener una política de vivienda de naturaleza cooperativa, como la impulsada por Fucvam [Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua] durante tantas décadas y que ha sobrevivido cambios de gobierno importantes en distintos niveles, y permanece. Es único. Cuando era relatora especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de la ONU y me pedían que diera un ejemplo de política pública, yo siempre daba el ejemplo de Uruguay. Es un ejemplo importante en términos de persistencia, de calidad de la vivienda producida y de capacidad de integración con otras políticas. Por ejemplo, la política que impulsó Uruguay como país y Montevideo como ciudad para disponer de suelo público para cooperativas me parece importante, porque en todo el mundo lo que están haciendo es ofrecer el suelo público en una bandeja para sociedades público-privadas que no son nada más que frentes de expansión de capital financiarizado sobre los activos públicos.
La vivienda es un derecho, pero ¿quién paga?
Hay que entender que una parte de la riqueza producida por la sociedad es capturada para un fondo público para apoyar a aquellas personas que, por el reparto de la riqueza en la sociedad, no tienen capacidad de comprar o acceder a una vivienda. Entonces, tenemos que capturar una parte del excedente de la riqueza colectiva producida por la sociedad, para garantizar el derecho a la vivienda a aquellas personas que no tienen los medios, el patrimonio y los ingresos suficientes para encontrarla dentro del mercado.
“Es importante repensar esta ciudad y este modelo para que la planificación urbana sea efectivamente un instrumento de ampliación del derecho a la ciudad”.
En 2018, cuando presentaste tu libro en Uruguay, dijiste que la planificación urbana ha sido un “instrumento de negación de derechos”. ¿En qué sentido puede implicar una negación de derechos?
Primero, desde la colonialidad de la definición del modelo de ciudad, que confrontada con las formas diversas a partir de las cuales la gente se organiza en su vida, estigmatiza y condena una parte de la producción de la ciudad y la define como ilegal e irregular. Por lo tanto, es una acción claramente discriminatoria, porque los territorios irregulares e ilegales tienen una acción discrecional por parte del Estado en términos de derecho a servicios públicos, a infraestructuras y derecho a pertenecer a la ciudad. La delimitación de estas fronteras es una operación de la planificación. Es la planificación que dicta las formas permitidas y prohibidas de ocupar. La discusión es quién define las formas permitidas y prohibidas de ocupar, y a partir de qué paradigma. Se trata de un paradigma claramente centralizado en las clases medias, las élites y 100% sometido a los productos inmobiliarios. La segunda dimensión es el lenguaje de la planificación, que es producido por el sector inmobiliario y que, básicamente, trabaja con los productos inmobiliarios: la torre corporativa, el barrio residencial exclusivo, el shopping mall. Estamos hablando de productos inmobiliarios que definen las maneras mediante las cuales el destino de la ciudad se va a transformar, en un lenguaje que tiene poco que ver con el lenguaje de la vida y de la gente. Hay que hacer una revisión epistemológica de la planificación, especialmente en la periferia del capitalismo, donde otras maneras de hacer ciudad todavía existen y coexisten. Claro que todo esto está muy marcado por elementos raciales y de género: sí, es una planificación de los hombres blancos. Por lo tanto, es importante repensar esta ciudad y este modelo, para que la planificación sea efectivamente un instrumento de ampliación del derecho a la ciudad.
Siguiendo en esa línea, ¿se puede decir que la planificación urbana y derecho a la ciudad se contraponen?
En este sentido sí, porque este modelo hegemónico de planificación es un juego en que la mayor parte de la gente entra en una posición muy subalternizada.
En el actual escenario, ¿es posible una reforma urbana que esté al servicio de las necesidades de la gente?
Es importante volver a recordar la historia de la lucha por la reforma urbana en nuestras ciudades. En Brasil es una agenda importante desde los años 70 y en su momento hizo una apuesta muy fuerte a la reforma del marco legal de la planificación urbana hacia la incorporación del derecho a la ciudad y a la vivienda. De ahí han surgido instrumentos y procesos interesantes, y sobre todo un movimiento social en torno a esta lucha por la ciudad. Pero lo que es importante tener en cuenta es la trampa en que nos hemos metido, porque la cancha donde se ha definido el embate sobre el derecho a la ciudad es la cancha de la planificación urbana, un frente ya muy capturado por una lógica inmobiliaria hoy financiarizada. Tenemos que tener en cuenta además cuánto avanzó el urbanismo neoliberal en las últimas décadas, también como un proceso global, trabajando bajo un marco de apertura de proyectos específicos de transformación urbana producidos a partir de sociedades público-privadas, y cuánto eso también ha capturado la lógica de la planificación. Todo esto para decir que hoy, más que nunca, tenemos muchas luchas por la ciudad y que hay que renovar el léxico y la agenda de la reforma urbana. Es momento de repensar las estrategias, el modelo de planificación y el espacio de discusión, además de integrar otras agendas.