El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, defendió ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados un artículo del proyecto de la Rendición de Cuentas que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública, luego de que este fuera criticado por una unidad asesora del Poder Ejecutivo.
El artículo 29 del proyecto remitido al Parlamento propone una modificación del artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que determina los datos que deben publicar los organismos del Estado en sus sitios web “en forma permanente”, como su estructura orgánica, las facultades de cada unidad administrativa y la estructura de remuneraciones. A ese artículo el gobierno plantea agregarle un párrafo que establece que dicha información “sólo podrá ser objeto de la acción de acceso a la información pública” mediante solicitudes formales “en caso de incumplimiento de lo dispuesto por parte de los organismos estatales”. “La información solicitada, que se publica con una periodicidad de al menos una vez al año, sólo podrá ser reclamada en caso del referido incumplimiento una vez pasado el plazo para que la misma sea dada a difusión”, concluye el artículo de la Rendición de Cuentas.
Semanas atrás, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) -creada por la ley de 2008 para asesorar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la normativa y para controlar su implementación- señaló que el cambio legal que se pretende implementar es “regresivo e innecesario”, además de que causó “sorpresa” entre los integrantes del órgano porque no fueron consultados.
También la Red de Gobierno Abierto, integrada por diversas organizaciones sociales, como el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Uruguay Transparente, DATA Uruguay, CÍVICO y Cotidiano Mujer, semanas atrás emitió un comunicado en el que manifestó “gran preocupación” por la propuesta. Las organizaciones que conforman la red rechazaron esta modificación por entenderla “perjudicial e innecesaria”. Según explicaron, la redacción propuesta “contradice el espíritu” de la ley, “creando excepciones por fuera de las establecidas” e incluso “sin justificación necesaria”, entre otros motivos. Además, consideran que “genera un obstáculo innecesario que perjudica particularmente a personas con menos conocimiento y dominio de herramientas tecnológicas”.
En este contexto, durante una comparecencia ante la comisión que estudia la Rendición de Cuentas que tuvo lugar este martes, Alfie dijo que este artículo evitaría “los pedidos recurrentes de información” sobre datos “que están públicos”. El director de la OPP dijo que estos datos que deben publicarse en los sitios web oficiales “a veces aparecen una vez por año o una vez por semestre”. “Se ha visto que en algún caso la información presupuestal es pedida por algunas personas cada dos o tres meses, por lo que hay que dedicar una cantidad de recursos humanos a recolectar la información y hacer la devolución”, dijo Alfie y luego agregó: “Es una información que corresponde que sea pública, sólo que hay que esperar los tiempos normales para ello”.
Tras esta argumentación, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos tomó la palabra y recordó la nota de la UAIP. El legislador dijo que este órgano “está planteando que este artículo es inconveniente y no debe ser aprobado porque entiende que es un retroceso en la transparencia”.
Alfie respondió que lo propuesto “no es un cambio en la ley”. “La ley permanece estrictamente igual. No hay ninguna conculcación de nada. Lo único que se está diciendo es: ‘Mire, si la información es pública, tiene fecha de publicación, espere hasta la fecha de publicación que la va a obtener’. [...] Nosotros no entendemos, realmente, cuál es el cuestionamiento. O sea, es un tema de que no hagamos a los funcionarios públicos dedicarse a cosas que ya están”, agregó el director de la OPP.
En posición de defensa
En la sesión también participaron otros jerarcas, como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el director general de Presidencia, Hebert Paguas. Durante la comparecencia, el gobierno también defendió la redacción del artículo 28, que establece la creación del Sistema de Información de Protección Social, que “integrará los datos concernientes a las coberturas en materia de transferencias económicas, programas de alimentación, educación en todos sus niveles, acceso a la vivienda, salud y partidas correspondientes a los organismos de seguridad social”. Para este sistema se utilizará una plataforma de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). El artículo, además, dice que la gobernanza del sistema estará a cargo de un consejo directivo integrado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el de Economía y Finanzas, el de Trabajo y Seguridad Social, el de Educación y Cultura y el de Salud Pública, además del director ejecutivo de Agesic y el director de la OPP, que lo presidirá.
Delgado anunció, en primer lugar, que el gobierno propondría un cambio: “Vamos a integrar en el consejo a la OPP, pero quien va a presidir este sistema de monitoreo y de registro de indicadores va a ser el director de Agesic”. Luego tomó la palabra Paguas, quien dijo que el sistema “permitirá conocer la situación de cada ciudadano al momento de solicitar un beneficio o ser visitado en su domicilio”. Además, el director general de Presidencia dijo que el sistema fue propuesto por el Banco de Previsión Social y “no tiene pensado sustituir al SIIAS [Sistema de Información Integrada del Área Social], que está en la órbita del Mides, sino que está diseñado para definir políticas transaccionales y no analíticas como sí lo hace el SIIAS”.
Ante cuestionamientos de la diputada frenteamplista Ana Olivera, quien fue subsecretaria del Mides en la administración anterior y que dijo que de todo lo que estará incorporado en el nuevo sistema “90%” ya “está incorporado hoy en el SIIAS”, Paguas respondió que el que estará en la órbita de Presidencia “no sustituye al SIIAS”. “El objetivo es la asistencia social y no la persecución, porque a veces uno lee que hay demasiada información y que estaría duplicada”, dijo y añadió que la idea es tener “información en tiempo real disponible para los organismos que brindan asistencia social y también para los ciudadanos que potencialmente podrían percibir esa contraprestación y no lo saben”.