El Banco de Previsión Social (BPS) está vulnerando “derechos de las personas con discapacidad y derechos de niños y jóvenes con alteraciones específicas del desarrollo neuropsicológico, que comprometen sus posibilidades de integración en el sistema educativo formal o su integración social”, dice una denuncia presentada por la Red de Centros Interdisciplinarios ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
La asociación civil, integrada por diversas instituciones y organizaciones privadas que reciben el apoyo del programa Ayudas Extraordinarias (AYEX), notan una “creciente denostación de parte de las autoridades de BPS respecto al rol y permanencia de los Centros de Rehabilitación, muchos de los cuales brindan rehabilitación a personas con discapacidad y alteraciones del desarrollo desde hace más de 30 años”.
La Red nuclea a 130 centros que atienden a más de 15.000 beneficiarios del sistema al año y cuentan con centenares de trabajadores en el área técnica, administrativa, de servicios y dirección. Mariela Méndez y Marcela Galeano, integrantes de la Red, comentaron a la diaria que en lo que va de esta administración tuvieron un par de encuentros con representantes del BPS para hablar sobre el trabajo de los centros, pero las autoridades sólo quisieron centrarse en el nuevo régimen de asistencias. Contaron que en la actualidad, si los niños, niñas, adolescentes o adultos tienen más de 25% de inasistencias sin justificación médica, les descuentan 100% del servicio de manera retroactiva.
“A los niños que no pueden volver a la presencialidad se les sacaría el servicio y nos piden a nosotros que se los comuniquemos a los padres”, aseguró Méndez, y aclaró que hay una variedad de motivos por los que un usuario puede no asistir. “Hay hogares en los que está sólo la madre. Si otro de los hijos se enferma, ¿quién lleva al niño que tiene que ir al centro?”. Galeano comentó que hubo familias que quedaron aisladas por las inundaciones y de eso no tienen ningún certificado.
Méndez comentó que antes de la pandemia habían logrado acordar algunas salvedades, pero “el último comunicado del 4 de agosto dice que si el 16 no se presentan en el centro pierden la prestación, y eso lo tenemos que comunicar nosotros”.
Otra de las acciones que está llevando adelante el BPS y que las organizaciones denuncian son las inspecciones. El texto presentado a la INDDHH dice que se llama a las familias por teléfono y se les hace preguntas “formuladas por personal administrativo, sin rigor técnico, que invaden el terreno terapéutico. Se interroga, por ejemplo, al familiar o al propio discapacitado: ‘si ha mejorado’, ‘si el tratamiento le sirve’, ‘qué hacen’, y en ocasiones se les ha insinuado ‘si no sería mejor que se les diera el dinero del tratamiento directamente a ellos’”.
Galeano aseguró que ese tipo de intervención, además de que no corresponde, puede ser contraproducente, ya que hay padres y madres que se resisten a asumir las patologías de sus hijos y se genera miedo a perder las pensiones. “Si alguien va a evaluar un tratamiento tiene que ser un profesional; no atendemos niños sin referencia médica, nosotros respondemos al médico, hacemos un informe anual al BPS, que no lo leen porque dicen que no tienen personal”, dijo Galeano.
Méndez agregó que en una de las reuniones que mantuvieron con el presidente del BPS, Hugo Odizzio, este les dijo que no dan altas porque quieren seguir cobrando, pero las dos consultorías independientes que la red pagó concluyeron que se dan 50% de altas al año, comentaron. “Las altas para nosotros son el mejor de los premios, porque a pesar de que vivimos de esto, nuestra labor es mejorar la calidad de vida de los niños”, sostuvo Galeano. Por su parte, Méndez comentó que el presidente del BPS sería partidario de que los adultos mayores no asistan más a los centros y que se cambie ese servicio por dinero o canastas, algo con lo que no están de acuerdo.
A pesar de que a estos lugares van en su mayoría menores de edad, también asisten a adultos para tener un espacio de socialización; Además de a personas que tienen alguna discapacidad motriz, asisten a menores que tienen alguna dificultad de aprendizaje, a quienes tienen un trastorno del espectro autista, y son asistidos para que puedan insertarse mejor en los centros de estudio con ayuda de un equipo interdisciplinario. La conclusión de las integrantes de la red es que el Estado busca no sólo recortar el servicio de los centros, sino también amparar a menos usuarios.
la diaria intentó sin éxito comunicarse con el presidente del BPS.