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Daniel Caggiani.

Foto: Alessandro Maradei

Diputado del FA cursó pedido de informes a cancillería por postura de flexibilización del Mercosur

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Daniel Caggiani preguntó si se han evaluado los “eventuales perjuicios jurídicos” que tendría Uruguay dentro del Mercosur si se decide negociar acuerdos comerciales con terceros países sin la aprobación de los demás miembros.

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Hace una semana, en el Parlamento, el diputado del Frente Amplio Daniel Caggiani —presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja— consultó a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre qué plan tiene Uruguay en caso de que no avance la propuesta e intención de “flexibilización” del Mercosur. El canciller Francisco Bustillo respondió que “no hay plan B, porque el plan es uno solo”.

Ante la negativa de Argentina y Paraguay en torno a la flexibilización normativa del bloque, que busca permitir a los socios negociar de forma independiente con terceros países, Uruguay anunció que explorará acuerdos por fuera del Mercosur. Mientras que los dos países que se oponen entienden que la Resolución 32/00 —que determina que los socios deben aprobar las negociaciones comerciales que lleven a cabo los otros, es decir, obliga a avanzar en conjunto— está vigente, Uruguay considera que no se aplica porque nunca fue internalizada.

Desde cancillería explicaron en julio a Búsqueda la postura de Uruguay sobre la decisión 32/00: “El gobierno reivindica la pertenencia al Mercosur, los informes que se solicitaron entienden que somos una zona de libre comercio imperfecta, y que la 32 no está vigente, porque nunca fue internalizada en nuestro ordenamiento jurídico (como tampoco lo fue en algunos más de los socios). Uruguay en cada ámbito técnico y político siempre lo advirtió. Siempre hemos sido objetores de la 32”, dijo una fuente al semanario.

Ante esto, en los últimos días Caggiani cursó un pedido de informes a la cancillería, según consignó el diputado en su cuenta de Twitter. Entre otras cosas, solicitó informes jurídicos “sobre los cuales el gobierno ha determinado que somos una zona libre de comercio imperfecta” y que la Resolución 32/00 “no está vigente”.

Además, preguntó si se han evaluado “los perjuicios o eventuales perjuicios jurídicos que tendría nuestro país dentro del Mercosur en avanzar y negociar acuerdos comerciales con terceros países de forma bilateral sin considerar la decisión 32/00”.

También consultó si el gobierno ha evaluado solicitar una “opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur sobre el alcance y vigencia de la Decisión 32/00” y si deberá iniciar algún trámite a la interna del bloque para comenzar a negociar con países terceros.

Por otra parte, se preguntó si se ha manejado “dejar de formar parte de la unidad aduanera una vez que se comience a negociar con terceros países acuerdos comerciales por fuera del Mercosur”.

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