El 22 de junio, mediante una solicitud firmada por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, la Cámara de Senadores realizó un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) sobre el conflicto entre el Estado uruguayo y la empresa belga Katoen Natie, socios minoritario y mayoritario, respectivamente, de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo. El pedido había sido formulado originalmente por el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, pero no obtuvo respuesta, y entonces el Senado lo hizo suyo.
La Cámara solicitó conocer las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo entre 2005 y 2020 “que propiciaron el conflicto entre Katoen Natie Group y la empresa Montecon SA”, que el acuerdo de concesión de la operación portuaria por 50 años más pretendió “laudar”. También preguntó si hubo apartamientos del marco jurídico vigente por parte del Estado. Finalmente, consultó cuál fue el motivo de las acciones judiciales que inició la Administración Nacional de Puertos (ANP) contra Katoen, y en qué otras oportunidades se dio intervención a la Justicia competente.
La respuesta al pedido de informes, a la que accedió la diaria, tiene dos partes. La primera consiste en un documento firmado por el gerente del Área Jurídico Notarial, Edgardo Amoza, fechado el 15 de junio, esto es, antes de que el Senado reiterara el pedido de información ya realizado por Manini Ríos. Consiste en un listado de acciones iniciadas por la ANP contra Katoen Natie en distintos ámbitos judiciales, detallando los fundamentos de la ANP en cada caso. Por ejemplo, que los estados contables presentados por Katoen “no expresaban razonablemente la situación patrimonial y financiera de TCP SA”, y se discrepa “con el resultado de la evaluación económica y los supuestos de crecimiento” presentados por la empresa.
En el documento se menciona un informe de la Auditoría Interna de la Nación y otro elaborado por la consultora Deloitte, ambos favorables a la posición de ANP. “Los asuntos judiciales se encontraban en trámite, no habiendo sentencia definitiva de primera instancia en ninguno de los dos” cuando se produjo este año el acuerdo entre la empresa y el gobierno, se detalla.
También se mencionan las acciones iniciadas por la empresa contra el gobierno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Katoen promovió la nulidad de una resolución del directorio que autorizó en forma precaria a los operadores portuarios a brindar servicios de frío sólo en las áreas de transferencia o zonas contiguas al muelle. El Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (PECA) dictaminó a favor de la ANP, aconsejando rechazar la demanda. “La sentencia aún no fue dictada, estando el asunto a estudio de los Ministros”, detalla el informe firmado por Lannes.
A continuación menciona otras instancias judiciales y administrativas en las que también se otorgó la razón a la ANP.
En sintonía con la empresa
La segunda parte de la respuesta consiste en un informe firmado por la subgerenta de Secretaría, Adriana Servetti, que es contadora, fechado el 3 de agosto, más de un mes y medio después de la respuesta de Lannes.
A diferencia del informe del gerente del Área Jurídica de la ANP, que es descriptivo, el de Servetti ingresa en valoraciones que en varios puntos coinciden con la posición de Katoen Natie en el diferendo con la ANP.
Por ejemplo, sostiene que la ANP aplicó a la operativa de contenedores en los muelles públicos una estructura tarifaria que “la norma no previó”. Se refiere al Decreto 482/008, que regula el almacenaje, en el punto que refiere a los servicios de depósito de mercadería en la rambla. Aquí la contadora contradice la opinión jurídica de la propia ANP, que entiende que cuando el decreto refiere a “mercaderías”, abarca a los contenedores. En cambio, coincide con la visión de Katoen Natie, expresada por sus representantes en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado el 16 de junio. Allí, el gerente de relaciones institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, expuso que el alcance del Decreto 482/008 refiere a “mercadería de grandes volúmenes, grúas y equipos de operadores portuarios y vehículos y maquinaria autopropulsada”, y que “no aparece la tarifa de los contenedores”.
La contadora también sostiene en su informe que la actividad operativa de contenedores “sólo puede darse en las zonas destinadas a tal fin”, que la ANP propició “una mejora tarifaria para esta supuesta actividad excepcional o residual respecto de la única empresa autorizada legalmente a operar una terminal de contenedores”, en referencia a Katoen Natie, y que “en definitiva, las medidas adoptadas en el período de consulta (2005-2020) han supuesto un aumento de la operativa en los muelles públicos por sus menores costos, respecto a la operativa de la Terminal Cuenca del Plata”. De esto se deriva el perjuicio para Katoen Natie, en línea con los argumentos de la empresa.
“El Estado uruguayo ha suscripto un sólo contrato de concesión de obra pública para gestionar una terminal de contenedores, y este es el de fecha 12 de junio de 2001, suscripto con TCP SA (Katoen) de acuerdo a las normas referidas. Por tanto, las únicas instalaciones especializadas que existen en la actualidad, que deben concentrar las actividades de operación de contenedores, son las de TCP SA”, sentencia la respuesta de Servetti, también en sintonía con el reclamo de la empresa.
El 18 de agosto habrá una interpelación al gobierno por este tema, a la que comparecerá el ministro firmante del acuerdo con Katoen Natie, Luis Alberto Heber. Es esperable que la respuesta de Servetti forme parte de los argumentos del jerarca.