El primer round del acalorado debate en la Cámara de Diputados por la Rendición de Cuentas entre la coalición y el Frente Amplio (FA) culminó el martes a las 4.00, cuando el oficialismo votó el proyecto en general. El segundo round comenzó a las 13.00 y se extendió durante esta madrugada. En la sesión en que se inició el análisis por capítulo de los variados artículos del proyecto, temas como los cambios normativos para funcionarios públicos, los ajustes salariales para estos y los cargos de confianza, así como las políticas de defensa y de seguridad, tensaron los intercambios entre los legisladores.
“Hoy es un día bastante difícil”, dijo en medio de la sesión el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, del FA. Previamente, había solicitado a los diputados que evitaran los pedidos de aclaraciones, porque “si no, no llegamos al viernes”, límite del plazo legal para que la cámara apruebe la Rendición de Cuentas.
Las horas iniciales del debate se centraron en los primeros dos capítulos: disposiciones generales y sobre los funcionarios públicos. Álvaro Viviano, del Partido Nacional (PN), dijo que desde la sesión anterior estuvo “sobrevolando la cuestión de la rebaja salarial”, en referencia al ajuste de las remuneraciones de los funcionarios públicos. Subrayó que “el gobierno ha dicho y reiterado que hay un compromiso de que al final del período los funcionarios públicos no tendrán una rebaja”.
Viviano defendió la norma de la Rendición de Cuentas que “ajusta los contratos de provisoriato”, así como dos disposiciones que admitió que causaron “polémica”. Por un lado, “el ajuste del tope” salarial para los adscriptos de los directores generales de Secretaría de los ministerios –es decir, asesores del número tres en cada dependencia–, punto en el que “se vuelve a la escala de 1992”. Sostuvo que la modificación responde a “ciertas características” que se requieren para el cargo y que no eran contempladas en la remuneración. La otra norma refiere al sueldo del presidente, que “como todos los sueldos del Estado ajusta de la misma forma” y de manera “errónea hubo una disposición en el Presupuesto que le congeló el sueldo [al mandatario] y aquí volvemos al marco natural”.
“Bolsones de plata” para adscriptos
Bettiana Díaz, del FA, cuestionó que en la Rendición de Cuentas “nos encontramos con una reestructura por pedazos [en la función pública]: cada organismo hace la reestructura que desea sin un criterio general u ordenador”. Además, planteó que no hubo “una instancia previa de negociación colectiva” con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y que el sindicato “se enteró [del contenido] del proyecto cuando ya había sido presentado”.
“No se asegura la recuperación salarial [para los funcionarios del Estado] y esto incide en toda la política general de salarios y en las pasividades [que ajustan por el índice medio de salarios nominal]. No se asegura esto a los trabajadores, pero hay un montón de aumentos para asegurar enganches salariales a los adscriptos; son 18 personas con cargos de confianza. No hay plata para el sector público, pero sí para compensaciones para cargos medios”, subrayó Díaz. En esa línea, complementó: “Aparecen bolsones de plata con compensaciones para los mandos medios en todos los organismos y no hay garantías para los trabajadores”.
Cruce por la ley de cuotas
El diputado del FA Felipe Carballo dijo que presentará un proyecto de ley para sancionar a los organismos que incumplan con las cuotas de ingreso de personas afrodescendientes, personas trans y personas con discapacidad. Agregó que esto “es una forma de trampear; están trampeando para evitar que las minorías puedan acceder a puestos dentro del ámbito público”. Anunció que esto podría derivar “en demandas al Estado”.
El colorado Ope Pasquet le respondió: “No lo aceptamos”. Sostuvo que se “quiere cumplir” pero hay problemas de implementación, porque, por el tipo de llamado, no siempre hay disponibilidad para respetar las cuotas. Además, sostuvo que Carballo “no puso el mismo énfasis” en denunciar estos incumplimientos desde 2014, cuando se votó la ley y el FA gobernaba.
Discusiones por defensa y seguridad
Los dos siguientes capítulos, según el orden de la Rendición de Cuentas, relativos al Ministerio de Defensa Nacional y el del Interior, concentraron varias horas de discusión. Si bien el hilo conductor eran los artículos, los debates entraron en un plano más general respecto de la política militar del gobierno y los resultados en materia de seguridad pública.
En el primer punto, Carlos Rodríguez, del FA, cuestionó que “no hay ningún artículo de mejora salarial para el personal militar”, y recordó que el ministro de Defensa, Javier García, lo había prometido. También repasó otros planes del jerarca que de momento no se han concretado, como la creación de un fideicomiso para renovar la flota de la Armada. “Hay permanentes anuncios en la prensa y pocas concreciones. Esto genera malestar en filas de las Fuerzas Armadas, porque se prometen cosas que no se cumplen”, remató.
Gerardo Núñez, también de la oposición, señaló que “el Ministerio de Defensa no ha escapado a la tijera de recortes”, y mencionó que “hoy los militares tienen menos boletos [gratuitos] y menos medicinas”.
Gabriel Gianoli, del PN, les respondió que deben “manejar la ansiedad”, porque “los tiempos del gobierno quizás no son los que la oposición quiere”. Además, sostuvo que de los boletos gratuitos había “67% que no se usaba” según un relevamiento interno. Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, expresó que “el ahorro no ha alejado a las Fuerzas Armadas de sus cometidos”.
Posteriormente, el capítulo del Ministerio del Interior motivó diversas expresiones, y culminó tras horas de debate, cuando los diputados definieron postergar la votación de una parte de estos artículos para la próxima jornada –la discusión prosiguió con otras disposiciones–.
La diputada del FA Margarita Libschitz dijo que el gobierno “habla de la baja de delitos pero en la calle no se siente”. Además, dijo que se “cambió la forma de contabilizar” parte de las denuncias de violencia de género, y sobre el tema añadió: “Las cifras son alarmantes, pero capaz que para el gobierno no, porque no hay medidas para revertirlo”.
A su turno, Federico Casaretto, del PN respondió a la oposición. Ante las críticas por la situación del sistema carcelario y el hacinamiento, dijo: “Parece que el gobierno debería ser más permisivo: como las cárceles están llenas, dejarlos sueltos. Ese camino nos llevó a los resultados que tuvimos, donde la gente no se sentía segura. Tampoco el camino es victimizar al delincuente, como pasó en los últimos años, ni ver al policía como enemigo”. Sostuvo que “los buenos resultados” del gobierno en seguridad se ven en el aumento “de 3.000 presos”. “Eso es un problema, sí, pero la solución no es mirar para otro lado o perdonar delitos”, sentenció.