Presidente de Fancap: “La desmonopolización es prácticamente sacarle el corazón a Ancap”

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Las relaciones entre el directorio de Ancap y el sindicato no pasan por su mejor momento. Las autoridades anunciaron que no renovarán el convenio colectivo y se creó un ámbito de negociación sobre ingresos y condiciones laborales. Esto en el marco de una discusión de fondo sobre el rol de Ancap que se extiende al sistema político, y a pocos meses de un referéndum que busca derogar la principal norma del gobierno, la ley de urgente consideración (LUC). Sobre todo esto la diaria conversó con Gerardo Rodríguez, presidente de Fancap.

El sindicato de Ancap ha dicho en más de una ocasión que hay un proceso de desmantelamiento del ente, ¿por qué consideran eso?

Nosotros vemos que hay un objetivo histórico del Herrerismo, que luego se traduce en un objetivo de la coalición de gobierno. El Herrerismo históricamente ha estado en contra de que un área estratégica como la de los combustibles esté en manos del Estado. Ancap se crea, en una concepción batllista, como un escudo de los débiles, que no es otra cosa que la intervención del Estado en las áreas socioeconómicas para corregir imperfecciones del mercado. En la década del 90, en un empuje del neoliberalismo encabezado por el gobierno de [Luis Alberto] Lacalle padre, se intenta privatizar las empresas públicas, y después, a través un referéndum, una amplia mayoría de la población se opone a eso. Pero ese gobierno herrerista a Ancap le dio un golpe muy duro con el cierre de El Espinillar. En 2003 se intenta asociar Ancap, y si bien esto no fue impulsado por el Herrerismo, estuvo dentro de ese espectro de sectores conservadores. Luego nos encontramos con este gobierno. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la República, y él nos dijo claramente que el tema de la desmonopolización de Ancap es un tema ideológico de él, personal, pero también del Herrerismo, y que en la medida en que tuviese las condiciones para hacerlo, iba a tratar de transitar ese camino. Está claro que en la coalición no encontró los consensos como para poder desmonopolizar. Para nosotros la desmonopolización es prácticamente sacarle el corazón a Ancap, es sólo un tema de tiempo para que termine desapareciendo.

Esa concepción ideológica histórica del Herrerismo se trata de impulsar, de alguna manera, a partir de la LUC; de la Ley de Presupuesto, en la que se incluyen dos artículos que eliminan el monopolio de los combustibles en puertos y aeropuertos; y de la Rendición de Cuentas, que elimina la obligatoriedad de Ancap de adicionar biodiésel en el gasoil. Ahí hay dos claras señas de que el Herrerismo insiste en este camino que el presidente nos había transmitido.

El programa del Partido Nacional [PN] traza un camino en cuanto a la política de combustibles, y el Partido Colorado [PC] define otro. Lo que vemos en la LUC es que el presidente presenta el primer borrador, ahí ya se elevan voces de Cabildo Abierto y del PC contra esa propuesta de desmonopolización, pero sin embargo en la versión de febrero insiste, como queriendo decir: “Voy a ceder en esto, lo voy a sacar, pero que quede claro cuál es mi postura”. Y después se negocia en el Parlamento y van por la propuesta del PC. Se saca el artículo de la desmonopolización y se sustituye por tres artículos: el 235, que recorta potestades a Ancap en cuanto a la definición de la tarifa; el 236, que legitima a la Ursea [Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua] como la unidad rectora que tiene que definir la metodología de cálculo de los precios de paridad de importación (PPI); y luego los decretos reglamentarios hacen que los ajustes sean mensuales. Y a su vez, en el artículo 237, incluyen la reforma del mercado de combustibles, y para eso crean un comité de expertos, extrañamente sin presencia de ningún técnico de Ancap.

¿Cómo valoran las recomendaciones que hizo ese comité de expertos?

Si prestamos atención a las recomendaciones de esos expertos, eliminan toda la pata social de Ancap. Recomiendan en forma gradual y paulatina bajar las mezclas con biocombustibles ‒los artículos de la LUC son recomendaciones del comité de expertos‒, e incluso que en el futuro Ancap se deslinde de Alur. Si Ancap se deslinda de eso, Alur desaparece. Se propone que se saque el subsidio al supergás, que Ancap se deslinde de la gestión de todo lo que tiene que ver con las plantas de supergás, que las arriende o que las venda, y el tema del pórtland. Todo lo que tiene que ver con lo que para ellos son sobrecostos. Otra recomendación es que hay que explicitar los subsidios. Ahora, explicitar los subsidios no quiere decir que esto sea un sobrecosto o una ineficiencia. Se ha dicho durante años que los combustibles en Uruguay son los más caros de la región. En realidad, lo más caro de la región son la nafta y el gasoil, e incluso la nafta, con el aumento de los últimos meses, es la más cara de la historia. Pero el supergás es el más barato de la región, y eso no responde a un proceso productivo, porque sería ridículo pensar que para producir supergás somos muy eficientes y para producir naftas somos muy ineficientes. En realidad, el crudo llega a Uruguay, pasa por la refinería, y en ese proceso los costos son más o menos los mismos. Después, se le asigna un valor que es político, y según a qué sectores de la población quieras favorecer, vas a poner más cara la nafta, el gasoil o el supergás. Desde que se creó Ancap se subsidia el supergás porque es un combustible para los sectores más bajos, para calefaccionarse. ¿Merece hacer algún cambio? Nosotros pensamos que sí, pero hacer un cambio para que le llegue a la gente que realmente lo necesita; no quiere decir que saquemos el subsidio, y mucho menos que le llamemos “ineficiencia” o “sobrecostos”. Hay una política pública ahí, y el subsidio es un instrumento de esa política.

¿Cuál es la propuesta del sindicato para modificar el subsidio al supergás?

Nosotros lo vamos a estudiar en la coordinadora de sindicatos de Ancap con los compañeros del supergás, con el SUTS [Sindicato Único de Trabajadores del Supergás]. Vamos a hacer un análisis con el [instituto] Cuesta Duarte para hacer una propuesta el 15 de octubre [cuando se conmemora el aniversario de Ancap]. Cuando la derecha haga una propuesta de desmonopolización [se refiere al anuncio de los legisladores Sebastián da Silva ‒PN‒ y Germán Coutinho ‒PC‒ de que presentarán un proyecto de ley en esa dirección], nosotros vamos a hacer una propuesta de cómo bajar los combustibles, todos los combustibles, y qué cambios pensamos que se tienen que introducir en el supergás. Hoy, cuanto menos supergás compres, más caro es, y en general la gente que compra de a poco es la que cuenta los pesos. Tenemos que proteger a esa gente, no se trata de los que calefaccionan las piscinas a supergás. Yo no conozco nadie que calefaccione la piscina con supergás, no sé si ustedes conocen a alguien. Poner ese argumento es sacarle importancia a este tema, tratar de ridiculizar la discusión. Hay un subsidio, nosotros pensamos que se tiene que mantener, pero que tiene que llegar a la gente que más lo necesita. No puede quedarse en el intermediario ‒que hoy tienen una porción alta‒, y además, los sectores menos pudientes deben tener una forma de acceder más barata todavía.

Y después, la propuesta va a ser para bajar las naftas y el gasoil. Tenemos claro que hay una inmensa parte del sector productivo que está con dificultades. Esos pequeños productores, productores familiares, necesitan un gasoil barato, y para eso hay que sacarle el IVA y el Imesi al gasoil o trabajar en los impuestos. Ahora, esa renuncia fiscal...

Que sería un monto muy importante...

Es muy grande el impacto que tiene. Ahora, decir “saquen impuestos”, en un momento en que tenemos un déficit fiscal de 6%, puede ser justo pero irrealizable si no hay un sustituto. Bueno, en los cinco primeros meses de este año las exportaciones aumentaron 31%; ahí hay una franja, un sector que tiene capacidad contributiva, que es el 1% más rico del país. Y además, en 2020 los depósitos de uruguayos en el extranjero aumentaron en 4.000 millones de dólares, fue el aumento más grande desde que se tiene registro. En un momento de profunda crisis, no sólo se concentra más la riqueza y aumenta la desigualdad, sino que además esos que están concentrando la riqueza se la llevan. Habría que ver la posibilidad de gravar esos depósitos fuera del país y también de que haya una contribución mayor del IRAE o el impuesto al patrimonio. No estamos hablando de gravar a los sectores productivos que no llegan a fin de mes, sino a los que se están enriqueciendo cada vez más.

Hay una forma de bajar los combustibles, y no es la que propone el gobierno. El gobierno propone los PPI y los ajustes mensuales. Ahí hay varios errores groseros. El PPI, por un lado, está subvaluado. ¿Qué es el PPI? Es un ejercicio teórico de que hubiese un importador hipotético, y se sostiene que el precio de la estación tiene que ser equivalente al de importación. Los que proponen que se desmonopolicen los combustibles no tienen ningún fundamento, porque si yo cierro la refinería y los traigo del mercado internacional, el precio va a ser el que tenemos hoy, porque justamente creamos esa herramienta que es reflejo del mercado internacional. Pero hay una mala noticia: además de que hoy ya lo tenemos al precio internacional...

Pero el gobierno lo que argumenta es que hay sobrecostos que se suman a ese precio internacional...

2,97 pesos. Vamos a suponer que cerraran las plantas de cemento, que cerrara todo el proyecto agroindustrial de Alur, que dejáramos a 4.000 personas en la calle, y que además dejáramos de subsidiar el supergás. Quitar esos “sobrecostos” ‒como los llama el gobierno, que para nosotros no lo son‒ lo que va a hacer es empeorar la situación para los sectores más pobres. Pero además hay una mala noticia. Capaz que podés sacarle los tres pesos; ahora, el directorio de Ancap presentó un recurso administrativo a la Ursea denunciando que esa herramienta que creó, el PPI, no contiene aspectos fundamentales de la estructura de costos. Para dar sólo un ejemplo: el tema de los alijes. Si yo tengo que importar combustible, viene en barcos grandes. De esos barcos grandes tiene que pasar a barcos más chicos para que pueda entrar al muelle de La Teja. Esa operación cuesta 25 dólares el metro cúbico, y en los PPI está con un costo de ocho dólares el metro cúbico. Si realmente voy a importar combustible, me van a cobrar tres veces más por eso. Entonces, vamos a pagar más caro todavía el combustible. Además, somos un país chiquito, hoy tenemos refinería y dentro de todo tenemos cierta fuerza para negociar en el mercado; ahora, si no tenés refinería y dependés del mercado internacional, no tenés otra que acomodarte a las condiciones que te ponen otros.

Por otro lado, el ajuste mensual tiene otra debilidad. El gobierno dice que va a acompañar el precio internacional del crudo, y una característica de ese mercado es que es muy inestable, sube y baja frecuentemente, lo que hace que suba y baje el combustible. Cuando sube, eso se va a trasladar a precios en la cadena de producción, y cuando baja, ¿van a bajar los precios? ¿Quién va a controlar que cuando baje el combustible van a bajar la polenta, el arroz, la carne? Y eso es una debilidad muy grande de este sistema, que la va a terminar pagando la gente. Este camino, que tiene su marco normativo en la LUC, el Presupuesto y la Rendición de Cuentas, fracasó, la mayor demostración de que fracasó es el aumento que han tenido las naftas y el gasoil en los últimos tiempos. El aumento de los combustibles fue más del doble del que debería haber sido para mantener en términos reales el valor de 2019.

¿Qué efectos puede tener este fracaso?

El Herrerismo propuso un camino, luego cedió para ir por el camino del PC. Lo está llevando al fracaso y en muchos casos fogoneando ese fracaso, porque cuando quede ampliamente demostrado que esto fracasó, va a volver con la desmonopolización y va a decir: “Bueno, yo te propuse esto, vos no me diste los votos, yo accedí a ir por el camino que vos me proponías y esto fracasó, así que ahora vamos a hacer lo que yo te decía”.

En este sentido, movilizaciones como las de Un Solo Uruguay, que en una lectura primaria pueden verse como reclamos contra el gobierno, en una segunda lectura también están abonando el camino de la desmonopolización.

Totalmente. Todo movimiento político tiene su base social, o mejor dicho, todos los movimientos sociales tienen su expresión política, y Un Solo Uruguay indudablemente defiende intereses corporativos de los sectores agroexportadores, del capital. Es la base social del Herrerismo, o de la derecha más cercana a los negocios de los agroexportadores. Esa base social está fogoneando eso: “No se aguanta más, terminen con Ancap porque es un elefante que lo estamos pagando todos”, y está generando condiciones para que después la expresión política de ese movimiento diga: “Bueno, ahora sí vamos por la desmonopolización”. Ellos dicen que representan a todo el campo, sin desnudar la heterogeneidad. Hay un concepto de Karl Marx que define muy bien esto: una clase social se transforma en dominante cuando hace que sus intereses propios tomen la dimensión de lo general. Cuando la sociedad empieza a pensar que el interés de esa clase es el de ella, de alguna manera legitima esa predominancia de una clase social. Y es lo que pasa. Este gobierno es esencialmente clasista.

Negociación laboral y LUC

Tras la ocupación de la sede de Ancap, hace dos semanas, se resolvió instalar un ámbito de negociación. ¿Qué temas se van a tratar?

Tenemos varios temas. El ingreso de personal es un tema bien embromado, porque por la vía de los hechos, estamos a punto de cerrar áreas porque falta gente. Después se va a tratar la confirmación de cargos, el cierre de comedores, la organización de trabajo que se impone sin negociación colectiva. Estábamos presionando para que Ancap se expidiera sobre el futuro del pórtland y el Malva H, el barco. Ahora nos encontramos con que no sólo no van a renovar el contrato del Malva H, sino que también entregan al capital privado la planta de Carrasco y de Laguna del Sauce. Y nosotros pensamos que en el pórtland no va a ser muy diferente la propuesta que hagan. A esto respondieron con la denuncia del convenio colectivo. Para nosotros esto quiere distraer la atención, quiere cambiar el eje de la discusión, quieren que nos pongamos a defender las horas sindicales, la canasta de Reyes. Nosotros eso lo dejamos en un segundo plano. No quiere decir que en su momento no vayamos a defender los derechos sindicales, porque eso está comprendido dentro de una ley. Si a nosotros nos cierran plantas ‒Carrasco, Laguna del Sauce, Belén, Alur Capurro‒, el barco, no nos vamos a poner a discutir esto, es simplemente una estrategia para que nosotros digamos “vamos a defender esto” y nos salgan con el uso de las horas sindicales, para colgarnos el cartel de vagos, de que estamos defendiendo no trabajar, etcétera, etcétera. Para nosotros está ampliamente justificado el tema de las horas sindicales, porque nosotros representamos los intereses de los trabajadores.

El uso de las horas sindicales también se ha cuestionado en otros sectores.

Yo creo que el gobierno, y buena parte del país, no esperaba que llegáramos a 800.000 firmas [contra la LUC]. Si bien esto surge del movimiento popular, del movimiento sindical, Fucvam, FEUU, la Intersocial Feminista, hay organizaciones que jugaron un rol importante. Nosotros siempre tuvimos un posicionamiento muy importante, y Fenapes también, en cuanto a impulsar el referéndum. Y ahora creemos que hay una persecución por parte de la derecha para desprestigiar las voces que se alzan contra su proyecto. Si a la Federación Ancap mañana la cuelgan de la plaza y la disciplinan, puede servir como disciplinamiento para el resto. Algo de eso hay. Quieren aislar al sindicato de la gente. Con Fenapes y Fancap hay una especie de demonización, pero en general con todo el movimiento sindical.

Además, el tema de los combustibles va a ser un elemento central en la campaña rumbo al referéndum de la LUC.

Y sí, acá se juegan muchas cosas. El referéndum para el gobierno es muy importante. Se hace a mitad de período. Si lo gana, sale fortalecido, con un fuerte respaldo popular, y si lo pierde, indudablemente está en problemas. Sabe lo que se juega. Al gobierno del Herrerismo le pasó lo mismo con el referéndum de 1992: perdió el referéndum y se le partió el gobierno, y ahora puede suceder lo mismo.

¿Cuál te parece que debería ser el mensaje central de la campaña contra la LUC?

La LUC es la estructura que sostiene un programa de gobierno, es mucho más que una ley. Es el proyecto de gobierno neoliberal, que afecta la economía de las personas pero que tiene un eje rector que es la mercantilización. Va a impactar en la vida de las personas. El gran desafío es comunicacional, hacer ver cómo le va a afectar a la gente en lo que tiene que ver con la educación pública, con las empresas públicas, con la defensa de los derechos. Las restricciones que se plantean al derecho a huelga son muy importantes. El gran desafío de la comisión por el referéndum es hacer ver la contraposición de dos modelos de país: uno que tiene como centro el ser humano, el desarrollo de las personas, que defiende el rol del Estado; y otro que gobierna para los ricos, para las clases dominantes, y que trata de mercantilizar los servicios esenciales, los servicios públicos.

Claro, pero la gente votó por este último modelo.

Sí, totalmente. La gente votó y es legítimo. Ahora, esta propuesta no estaba en conocimiento de la gente. Lo que vamos a discutir es ese proyecto político. El gobierno tiene toda la legitimidad; su proyecto lo vamos a discutir en marzo del año que viene. Lo importante para la gente no es que recitemos 135 artículos, sino que nos centremos en lo que significa eso, en qué me va a afectar.