El 20 de agosto la Cámara de Diputados aprobó la Rendición de Cuentas de 2020. El tratamiento de la iniciativa tuvo como contrapartida la creación de seis proyectos de ley conformados por artículos extraídos en los que no se consiguió consenso. Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, dijo a la diaria que el “criterio que primó” fue que “ante la duda y visiones diversas, es prudente generar una instancia en la comisión respectiva para charlar y manejarlo con mayor tranquilidad”.
Un primer proyecto se envió a la Comisión de Hacienda y está referido a normativa del Banco Central. Según explicó Rodríguez, busca abordar “el tema de los depósitos de las empresas públicas” y “si se puede permitir solamente hacerlas en el Banco República o si se puede eventualmente habilitar los bancos privados”. Lo definió como una “fórmula alternativa” y agregó que se pretendía habilitar a los bancos privados “a recibir depósitos de organismos públicos”. El proyecto de ley busca sustituir el inciso final del artículo 17 del Decreto-Ley 15.322.
Un segundo proyecto de ley se envió a la Comisión de Industria, Energía y Minería y busca sustituir el artículo 99 de la Ley 17.164, también conocida como ley de patentes. En 2020 la ley de presupuesto habilitó que el titular de una patente reclame indemnizaciones por los usos realizados entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente, con excepción de los productos farmacéuticos que no hayan sido desarrollados en el país. Con el nuevo artículo se pretende eliminar este último punto. “Desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, se nos transmitió que la fórmula final que fue aprobada, en los hechos, no había tenido un resultado eficiente o en la línea de lo buscado. Lo que nos reclamaba el ministerio era que volviéramos a considerar este tema de las patentes”, declaró Rodríguez.
Un tercer proyecto de ley se envió a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y propone que “la habilitación sanitaria e higiénico-sanitaria, de los establecimientos dedicados en todo o en parte” a la producción, extracción, acopio e industrialización de productos apícolas, asignados a la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), pasen a estar a cargo de la Dirección General de la Granja. La habilitación tendría una vigencia de dos años y la autoridad emitiría una certificación. Sin embargo, la certificación de exportaciones e importaciones de miel y productos apícolas seguiría en manos de la DGSG. Rodríguez planteó que el proyecto generó una “discusión de visiones diversas” y “como había actores sociales con opiniones disímiles”, se optó por tener más tiempo para tratarlo.
Otro de los proyectos que se envió a la Comisión de Constitución y Códigos refiere a la pretensión de ampliar las competencias de las fiscalías especializadas en estupefacientes para los delitos de lavado de activos en todo el país, que al mismo tiempo restringía las competencias de las fiscalías departamentales a la toma de medidas “urgentes” al inicio de la investigación. Durante el debate de la Rendición de Cuentas, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y representantes de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay cuestionaron la iniciativa.
Cambios en el Código General del Proceso
También se analiza en la Comisión de Constitución y Códigos la modificación de diez artículos del Código General del Proceso (CGP). Según comentó Rodríguez, los artículos que “se llevaron el mayor foco” de atención están relacionados con la eliminación del astreinte, una sanción económica que tiene un incremento periódico cuando el deudor se retrasa en el cumplimiento de una orden judicial. El diputado indicó que hasta “hace algunos años” el Estado “estaba eximido del pago de astreinte”. Manifestó que “se dijo que podía ser inconstitucional”, pero el régimen propuesto “era el anterior a 2013” y “no es que se está planteando algo que no haya estado vigente en el derecho nacional”. “Los otros artículos están vinculados a plazos y aspectos del código. Pensamos que, si había que analizar dos, también analicemos todos los artículos vinculados al CGP y conformemos un paquete”, sumó.
Finalmente, un último proyecto que también se envió a la Comisión de Constitución y Códigos plantea sustituir tres artículos de la Ley 16.871 sobre registros públicos, que están bajo la jerarquía del Ministerio de Educación y Cultura. Los artículos en cuestión son: el 79, referido a la caducidad y los plazos en las inscripciones; el 81, donde se elimina el segmento que expresa que “la inscripción fuera del término se considerará nueva inscripción y estará sujeta, en cuanto a sus requisitos y efectos”, a los principios y normas de la ley; y el 89, que se refiere a los “testimonios de protocolización”. También se propone derogar el artículo 80, que trata sobre quienes pueden reinscribirse en diferentes actos, las “promesas de enajenación de inmuebles” y los períodos en que caduca la reinscripción. Desde la perspectiva de Rodríguez, estos artículos se podrían haber votado porque “es la adaptación a los nuevos plazos de caducidad que estableció la ley de urgente consideración”.