El viernes el Poder Ejecutivo envió al Parlamento su proyecto de reforma de la seguridad social, y a medida que todos los interesados en el tema leen sus 330 artículos, plasmados en más de 230 páginas, de a poco se van conociendo las primeras reacciones sobre la iniciativa. Por ejemplo, el economista Hugo Bai, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, escribió en su cuenta de Twitter el viernes que “la reforma jubilatoria del gobierno no es justa”, ya que “los militares continuarán retirándose a edades bajísimas y en algunos casos con el doble del salario, durante los próximos diez años”, y subrayó que “no se tocan los privilegios de la Caja Militar para un número muy importante de activos”.
“Las desigualdades y privilegios de la Caja Militar exigen cambios mucho más profundos e inmediatos en relación al régimen general. En este caso, no se trata de respetar derechos adquiridos sino de remover privilegios inaceptables. Se habla de urgencias y transiciones más aceleradas en otros subsistemas como la Caja Profesional, pero no hay medidas más drásticas con el sistema más deficitario e injusto de todos que es la Caja Militar”, agregó. Por último, sostuvo que “una reforma verdaderamente justa no sólo exige cambios inmediatos y más profundos en la Caja Militar, sino un impuesto a las altas jubilaciones militares que se han venido otorgando durante décadas en condiciones de privilegio (impuesto que ya existe en otros subsistemas)”.
Sobre este punto el proyecto tiene un cambio con respecto al anteproyecto que el Poder Ejecutivo dio a conocer a fines de julio, relacionado con las edades para el retiro obligatorio del personal militar. La ley 19.695, aprobada en 2018, durante el último gobierno del Frente Amplio, implementó varias modificaciones al Sistema de Previsión Social Militar. Allí se establece la edad de retiro obligatorio para cada rango militar, siendo la más alta para coronel y capitán de navío: 63 años, y la más baja la de soldado 1°, marinero 1° y equivalentes: 48 años.
En el anteproyecto que dio a conocer el Poder Ejecutivo se subían las edades de todos los rangos, quedando la de coronel y capitán de navío en 65 años, y la de soldado 1°, marinero 1° y equivalentes en 53. En el proyecto que entró al Parlamento las edades para los rangos extremos se mantienen, pero hubo cambios en los escalafones más bajos, restándose años. El anteproyecto establecía, como edades para el retiro obligatorio de sargento 2° y suboficial 2° clase: 60 años, cabo 1° y equivalentes: 58 años, y cabo 2° y equivalentes: 58 años; mientras que en el proyecto final para los tres escalafones se bajó tres años: sargento 2° y suboficial 2° clase: 57 años, cabo 1° y equivalentes: 55 años, y cabo 2° y equivalentes: 55 años.
El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano, que además es militar retirado, señaló a la diaria que fue un cambio que el Poder Ejecutivo hizo a pedido de su partido, porque entienden que “hay especificidades, como el caso de los soldados, que cumplen con determinadas actividades que no las pueden cumplir con 65 años”, así como “un jugador de fútbol no puede jugar con 50 años”.
Además, Lozano subrayó que su partido propone que se estudien las bonificaciones por años para los militares, “como existen para otras profesiones y actividades”. El senador destacó el artículo 285 del proyecto, que crea la Comisión Técnica Permanente de Servicios Bonificados, que funcionará en el ámbito de la Agencia Reguladora de la Seguridad Social.
La comisión tendrá, entre otros fines, “recopilar la evidencia necesaria, realizar los estudios y pericias que pudieren corresponder sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, siniestralidad, morbilidad, penosidad y mortalidad entre otros que se consideren pertinentes, a efectos de emitir opinión técnica sobre calificación y recalificación de servicios, de oficio o a solicitud de parte, así como el asesoramiento preceptivo al Poder Ejecutivo”.
Ramón Ruiz: “El proyecto es peor que el anteproyecto”
En tanto, Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), señaló a la diaria que los militares tienen “algunos privilegios, que no se tocan” en el proyecto, como las comparativas, por las cuales, por ejemplo, si un coronel se jubila por determinado monto pero hay otro militar jubilado del mismo rango que gana más, se le establece esa remuneración más alta.
Por último, más allá del personal militar, Ruiz subrayó que, para los trabajadores de ingresos medios, “el proyecto es peor que el anteproyecto”. Señaló que la transición comenzará en 2033 pero, a diferencia del anteproyecto, donde la transición empezaba en 2027, con 80% de las jubilaciones calculadas por las reglas actuales y 20% por las nuevas, comenzará con “50% y 50%”. “Entonces, a partir de ese momento, más allá de perjuicios y beneficios, se dará un salto de escalón importante, con caídas de 15%, 18%, algo parecido a lo que ocurrió con los trabajadores cincuentones perjudicados por las AFAP”, finalizó.