Este lunes, el directorio del Partido Nacional (PN) se dedicó exclusivamente a tratar el tema de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que desvela a la oposición desde fines de 2025. Días atrás, los senadores colorados Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry anunciaron que presentarán una denuncia penal contra Alfredo Asti, vicepresidente de la Jutep, por un presunto “abuso de funciones”. Asti remitió una nota a Bordaberry con una lista de preguntas, elaboradas por la Asesoría Letrada de la Jutep, sobre la participación del colorado Robert Bouvier, integrante del directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, en un presunto acto político partidario, algo que tiene prohibido constitucionalmente.
Luego de la sesión, el directorio blanco emitió este lunes una declaración en la que consignó que analizaron un informe jurídico elaborado por el profesor y abogado Augusto Durán Martínez, “reconocido y prestigioso catedrático de Derecho Administrativo, respecto de distintos aspectos del funcionamiento de la Jutep”. Las conclusiones de Durán Martínez coinciden, “en aspectos sustanciales, con las advertencias jurídicas formuladas” por el director vocal en representación de la oposición de la Jutep, el nacionalista Luis Calabria.
“El informe concluye que la presidenta del organismo [Ana Ferraris] en 2025 alteró unilateral e ilegítimamente el procedimiento de tratamiento de denuncias antes de que su modificación fuera aprobada por el directorio; que la actuación del vicepresidente al elaborar y circular un informe antes de la intervención de los servicios técnicos constituyó un procedimiento indebido y configuró prejuzgamiento, y que, de comprobarse que dicho informe fue remitido al área técnica que posteriormente debía intervenir, ello constituiría una grave irregularidad por afectación de su autonomía técnica”, se agrega en la declaración.
Además, el directorio nacionalista subraya que Durán Martínez sostiene “que los directores no tienen, individualmente y por su sola condición de tales, acceso a los datos reservados de las declaraciones juradas y concluye expresamente que la interpretación sostenida por la mayoría de la Jutep no se ajusta a la ley”. “El conjunto de estos antecedentes, a los que se suman recientes actuaciones notoriamente fuera del ámbito de competencia de la Jutep, indagando legisladores por cuestiones que son materia de conocimiento de la Corte Electoral, refuerza la preocupación institucional”, señala el directorio.
En definitiva, el directorio del PN sostiene que la actual mayoría del directorio de la Jutep “no brinda las garantías republicanas necesarias para el ejercicio del cargo”. Y en ese sentido, teniendo presente que la Jutep es un servicio descentralizado que se relaciona con el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), le reclamó al gobierno “el ejercicio de las potestades previstas en el artículo 198 de la Constitución de la República”, que establece que, “cuando lo estime necesario, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, podrá reemplazar a los miembros de directorios o directores generales cuya venia de destitución se solicita”.
Por último, en el comunicado se señala que el PN “coordinará acciones con los demás partidos de la Coalición Republicana, encomendará a sus legisladores el correspondiente seguimiento parlamentario y pondrá en conocimiento del presidente de la República [Yamandú Orsi] y del MEC el contenido de la presente declaración y el informe jurídico en ella referido”.
En conferencia de prensa, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, dijo que van a tener una instancia de coordinación con los demás partidos de la Coalición Republicana “para tomar alguna acción coordinada y conjunta vinculada a esta sumatoria de ilegalidades e irregularidades que está teniendo la mayoría del directorio de la Jutep” que les genera “mucha preocupación institucional y republicana”. “Sobre todo porque es un organismo que tiene que custodiar la ética en la función pública, y la verdad que no ha tenido la misma vara en tener la ética en su propio accionar. ¿Quién controla la ética de los que controlan la ética? Parece un trabalenguas, pero es muy grave”, insistió Delgado.
Así las cosas, Delgado dijo que el diputado nacionalista Pablo Abdala, junto con otros miembros de la coalición, va a citar al titular de MEC, José Carlos Mahía, al Parlamento para hablar “fundamentalmente del tema de la Jutep”. “A esta altura ya no hay mucho margen para las explicaciones. Hay accionar absolutamente ilegal”, finalizó Delgado.