El lunes Cabildo Abierto (CA) presentó un proyecto de ley para que el Senado analice y apruebe los contratos del Estado “cuya ejecución se difiera por más de un período de gobierno”. En una conferencia de prensa en el Parlamento, el senador Guido Manini Ríos, líder de CA, puso como ejemplo las concesiones que se dieron a la empresa finlandesa UPM y el acuerdo del gobierno con Katoen Natie.
Pero la iniciativa no fue vista con buenos ojos por algunos legisladores de la coalición. En diálogo con la diaria, el senador colorado Raúl Batlle se mostró contrario al proyecto. Subrayó que “hoy casi todas las obras traspasan los gobiernos”, por lo que “toda obra pasaría por el Senado”, o sea que hasta la construcción del estadio Centenario, en 1930, “debería haber entrado en una ley de esas”.
Para el senador, “lo que tiene que cambiar es la forma en cómo hacemos las cosas”. “Si no se puede hacer el Antel Arena, que no se haga de esa manera; capaz que se podía haber hecho de otra, de repente mucho más prolija”, acotó, y agregó: “Si me pongo a hacer una ley para que todo tenga que pasar por el Senado, lo que estoy haciendo es cambiando los poderes y al Poder Ejecutivo lo limito muchísimo. Y todos vamos a tener que ser expertos en construcción de carreteras, en industria y bla bla bla, porque lo que hace un Estado siempre traspasa su mandato”, insistió.
Batlle auguró que si se pone “una tranca de esta naturaleza” al Poder Ejecutivo en relación a las inversiones, “vamos a conseguir que nadie venga a invertir a Uruguay” porque “no se puede hacer nada”. Además, subrayó que la mayoría simple -que es la cantidad de votos que establece el proyecto para aprobar un contrato- la coalición la tiene hoy, pero mañana, “con la pulverización política que hay y que uno de cualquier sector dice que no vota”, no se sabe. “Entonces dejás en un solo tipo todo el poder para que venga un inversor de mil millones de dólares. ¿Cuánto vale ese voto? La tentación para vender un voto a algún inversor internacional es tremenda. ¿No?”, preguntó.
Tomando los ejemplos que dio Manini de acuerdos a largo plazo que se hicieron en distintos gobiernos, Batlle comparó el contrato de la primera planta de UPM, que se realizó durante el gobierno de su padre, Jorge Batlle, con el de la segunda planta, en la administración de Tabaré Vázquez. “Evidentemente hay dos formas totalmente opuestas y diferentes de tratar con los finlandeses. Una, donde hasta pedimos autorizaciones especiales para firmar tratados y demás, y otra en donde se firmó algo que quizás se extralimita en lo que podría haber comprometido el Estado, entre cuatro paredes”, sostuvo. Por lo tanto, para Batlle, “lo correcto es lo primero”, y “lo que hay que hacer es respetar las leyes y no firmar cosas entre cuatro paredes que nos comprometen a todos”.
Por último, dijo que en el caso de UPM y Katoen Natie, “si hay algo que no se hizo bien”, se debe “cobrar el penal o sacar la tarjeta amarilla, alguien va a tener que intervenir y punto”. “Porque uno viene y firma un contrato a puertas cerradas, y al otro se le da una extensión de una cantidad de años que para otros es cuestionable, entonces, el caso está en la Justicia, como otros casos más. Esperamos que la Justicia falle correctamente en todos los casos, pero tenemos una Justicia que está para eso. Si queremos saber, llamamos a un ministro al Senado, hay muchas herramientas. Ahora, si hacemos esto, no va a venir nunca más nadie a Uruguay a invertir”, finalizó.
Da Silva: “No es necesario” porque “ya el marco legal en la práctica existe”
A su vez, el senador blanco Sebastián da Silva también se mostró en contra del proyecto. En diálogo con la diaria, dijo que en general “las reformas estructurales de Uruguay pasaron siempre a través de una ley marco”, y puso como ejemplo la Ley de Puertos (16.246, de 1992) del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Por lo tanto, para el senador, “analizar contrato a contrato es poco eficiente”. Además, subrayó que “siempre hay control parlamentario”, así que lo planteado por CA no es necesario, “porque ya el marco legal en la práctica existe”.
Por último, dijo que Uruguay tiene “sobrelegislación en todo”, entonces, la iniciativa de CA le agregaría “un nivel de lentitud a decisiones que el mundo obliga a que sean más dinámicas, y que siempre van a estar bajo control judicial o parlamentario”.
De todos modos, dentro de la coalición también hay posturas a favor del proyecto de CA. Por ejemplo, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo a la diaria que la iniciativa no le parece mal, pero indicó que se debe “estudiar más en profundidad”. Señaló que el proyecto daría “cierto grado de garantía institucional” a los contratos, o por lo menos “de una mayoría parlamentaria que convalide la decisión que pueda estar tomando un gobierno de turno para elaborar políticas de Estado”.