Por unanimidad, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó el proyecto de ley de reestructuración de deudas de personas físicas, presentado por Cabildo Abierto (CA). La iniciativa, que propone la creación de un procedimiento judicial para refinanciar adeudos con entidades financieras, será votada próximamente en el plenario de la cámara alta.
El líder de CA, el senador Guido Manini Ríos, celebró en Twitter la aprobación del proyecto en comisión como “el primer paso” para “hacer justicia con miles de uruguayos”, con aquellos “deudores de buena fe que fueron víctimas de la usura legalizada de los prestamistas”. La reestructuración sería posible para los deudores que “no sean titulares de bienes o que su activo sea su única vivienda” y cuyos ingresos anuales sean menores o iguales a 120.000 unidades indexadas, unos 670.000 pesos uruguayos.
En diálogo con la diaria, Guillermo Domenech, senador de CA y miembro informante del proyecto, señaló que se propone “la posibilidad de resolver la situación crediticia” de los deudores de “préstamos de consumo” para que estos puedan “reincorporarse al mercado de consumo”. Por eso mismo, sostuvo, “es muy beneficioso para los deudores, pero también para el comercio en general”.
Antes de la etapa judicial, el deudor deberá iniciar en forma obligatoria un procedimiento conciliatorio administrativo ante Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, siempre y cuando esté “dentro de los seis meses de haber incurrido en mora en el pago de la obligación”. Una vez iniciado el proceso, dentro de los siguientes 45 días se convocará a una audiencia para “intentar conciliar” al deudor con los acreedores, “proponiendo quitas y/o esperas”. Los acuerdos “deberán reservar un ingreso mínimo al deudor para su sustentación”, que en ningún caso podrá ser inferior a 60% de sus ingresos.
Si no hay acuerdo en el ámbito administrativo, la reestructuración de la deuda se traslada a la órbita judicial, específicamente a los juzgados letrados de Primera Instancia con competencia en materia civil. En dicha instancia, el juez “analizará la situación económico-financiera del deudor” y presentará, en un plazo de diez días, una propuesta de pago a los acreedores, “tomando en consideración muy especialmente la responsabilidad” del acreedor en el otorgamiento del crédito.
En ningún caso la propuesta de la Justicia podrá ser inferior al pago de 40% de la deuda y en ningún caso las cuotas de pago podrán superar el 30% de los ingresos mensuales del deudor, “salvo expresa conformidad del mismo”.
Domenech mencionó que durante el estudio en comisión “el propio Banco Central dijo que había cerca de 630.000 personas en una categoría que considera a los deudores como incobrables”. “También informó que había alrededor de un millón de personas en el Clearing. Es una suma muy importante de compatriotas que podrían tener una posibilidad de resolver su situación crediticia”, destacó. Agregó que el proyecto será presentado el martes 8 de noviembre en el plenario del Senado. “Presumimos que si se votó por unanimidad de todos los partidos en comisión, también se va a aprobar en el plenario”, dijo.
“Una señal de sensibilidad”
Enrique Rubio, senador del Frente Amplio (FA), dijo a la diaria que “en realidad” el proyecto de CA “no tiene innovaciones profundas para la problemática”, dado que sólo “instaura un procedimiento a nivel del sistema judicial para ver si hay un arreglo entre deudores y acreedores”. No obstante, aclaró que el FA votó a favor de la propuesta como “una señal de sensibilidad” del sistema político “hacia esa problemática”.
“Acá están en juego la sensibilidad y los intereses de prácticamente un millón de personas. Un gesto en ese sentido parecía razonable. No podíamos oponernos, porque después íbamos a tener que estar aclarando, lo cual es bien complicado”, añadió.
Rubio aseguró que el FA tiene “un conjunto de propuestas mucho más efectivas”, en referencia al proyecto de ley de “deudores crediticios”, presentado en agosto de este año por varios senadores frenteamplistas, todavía a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación. “Preferimos votarlo [el proyecto de CA] y seguir insistiendo en nuestras propuestas, que son más contundentes”, explicó.
Por otra parte, Rubio manifestó que la coalición de gobierno “va a votar este tipo de proyectos porque prácticamente no tiene nada para votar en el plenario”. Subrayó que la iniciativa de CA “no modifica en forma sustancial la realidad actual” de los deudores. En caso de aprobarse en el Senado, el proyecto deberá tratarse en la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley.
“Ser muy cuidadosos”
Para el presidente del Banco Central, Diego Labat, el proyecto de CA puede entenderse como “un cambio en las reglas de juego y puede terminar en una retracción del crédito”. Cuando compareció ante la comisión por este tema, si bien compartió “la preocupación” por el funcionamiento del crédito en general y por las “dificultades” de una “cantidad importante de deudores”, recomendó “ser muy cuidadosos” con la creación de un procedimiento judicial, “sobre todo cuando miran hacia atrás”.
En ese sentido, Labat señaló que “el ‘para adelante’ puede ser importante”. A su juicio, sin efecto retroactivo, el proyecto podría llevar a los otorgantes de créditos a ser “más cuidadosos al concederlos”. En cambio, con efecto retroactivo, “se deja una incertidumbre respecto a que quizás en algún momento un juez pueda interpretar que el otorgante de crédito no tiene derecho a cobrar porque fue culpable por publicidad engañosa”. Esto último, sostuvo, podría provocar “que se contraiga el crédito” tanto para “los buenos” como “los malos pagadores”.