Con el título “Armas y género”, el jueves se desarrolló en el Palacio Legislativo un foro parlamentario regional sobre políticas de armas con perspectiva de género. Al evento asistieron la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y el fiscal de Corte, Juan Gómez, y sirvió para que el senador Mario Bergara colocase en discusión una vez más el proyecto de ley sobre armas de fuego elaborado por el Frente Amplio (FA), todavía a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
En Uruguay 98% de los portadores de armas son varones y casi cuatro de cada diez mujeres víctimas de femicidio son asesinadas con un arma de fuego.
El foro parlamentario regional contó con participantes de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. La diputada Margarita Stolbizer (Juntos por el Cambio) apuntó que, al igual que en Uruguay, en Argentina “prácticamente 99% de las armas de fuego están en manos de los hombres”, y añadió que cada 35 horas “muere una mujer por violencia de género”.
Stolbizer enfatizó sobre “lo que significa la existencia de un arma en un hogar”: “un riesgo y una amenaza latente”. “Lo vemos en las situaciones que describen las mujeres en cuyo placar hay guardada un arma simplemente porque su pareja varón tiene un arma. La sola existencia de esa arma en el hogar constituye un riesgo permanente porque pone a la mujer en una situación de inferioridad”.
La brasileña Natalia Pollachi, especialista del Instituto Sou da Paz, señaló que 80% de las mujeres en Brasil “rechazan la ampliación de la portación de armas y no se sienten más seguras si hay alguien armado en el espacio donde viven”. Asimismo, mencionó que “a veces” hay discursos que promueven la tenencia de armas en mujeres para “tener equidad física con los hombres”. A su entender, “no es un camino constructivo”.
La diputada Lorena Fries, del Frente Amplio de Chile, sostuvo que el tema de la seguridad “está en el centro de la disputa política”, con “sectores de la derecha” que “buscan promover el acceso a armas para defenderse de una inseguridad que el gobierno no es capaz de enfrentar”, lo cual “presiona” a “tomar acciones que den cuenta de una agenda dura”. Esto, a su vez, “hace muy duro el discurso a favor del desarme”, lamentó.
En ese sentido, Stolbizer afirmó que “la gran derrota” está en “la sensibilización” a nivel de la opinión pública. “Es la derrota del humanismo y tiene que ver fundamentalmente con la demagogia punitiva de los líderes políticos. Esto influye negativamente en la labor parlamentaria. Lamentablemente, lo que garpa es el discurso duro y la demagogia punitiva, porque así es como se ganan votos”.
Bergara: en Uruguay “hay un empuje de una visión más liberalizadora”
El proyecto del FA propone declarar de interés general “la disminución de la proliferación de armas de fuego entre la sociedad civil”. Para eso prevé la elaboración de un plan nacional de educación, la implementación de un sistema informático para el intercambio de datos entre organismos públicos y la creación de un órgano asesor interinstitucional, entre otras varias acciones. También prevé imponerle al Poder Ejecutivo la obligación de brindar anualmente información acerca de la cantidad de armas en el país.
El proyecto propone además modificar la ley de violencia hacia las mujeres basada en género y establecer que, en situaciones de violencia intrafamiliar contra una mujer, la Justicia disponga la incautación de las armas en posesión de la persona agresora. Actualmente la Justicia tiene la posibilidad pero no la obligación de hacerlo.
Según recoge el proyecto del FA, Uruguay está quinto en el ranking global de posesión de armas de fuego, detrás de Estados Unidos, Yemen, Serbia y Montenegro.
A su juicio, el principal eje de discusión en Uruguay es “si la sociedad debe armarse para defenderse de la delincuencia”. “Nosotros discrepamos totalmente con eso”, afirmó Bergara, porque ningún país logró frenar la delincuencia “a base de que todos nos armemos”, sostuvo. “Eso es volver al lejano oeste”.
Según datos de 2021 del Ministerio del Interior, en Uruguay hay 606.704 armas registradas, de las cuales sólo 10% pertenecen a policías y militares. Se estima además que hay una cantidad similar en el mercado ilegal; por lo tanto, en total habría cerca de 1.212.000 armas en Uruguay, “prácticamente un arma por hogar”, apunta el proyecto.
Bergara recordó que, en diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que “va en la dirección opuesta” al proyecto del FA, dado que “liberaliza algunas importaciones de armas”. “Hay un empuje de una visión más liberalizadora. Lamentablemente, este gobierno fue permeable a algunos reclamos de liberalización”, expresó en referencia a las críticas que hubo en su momento por parte de la Asociación Nacional de Cazadores.
Acerca del tratamiento del proyecto y su eventual aprobación en el Parlamento, el senador reconoció que “en el ámbito político no hay un ambiente que apunte a una lógica más limitante o prohibicionista”, aunque puntualizó que la iniciativa no pretende prohibir el acceso a armas, sino fortalecer controles y cuidados. “La gente va a poder seguir teniendo armas con el título habilitante”, resaltó. En promedio, cada año se tramitan 2.500 títulos de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas, expedidos por la Policía.
A pesar de que “no es un proyecto que pueda considerarse como extremadamente ambicioso”, Bergara afirmó que “no es una discusión fácil”, porque “a veces priman algunos discursos facilistas”.