La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) recurrió este jueves ante OSE la resolución del directorio de la empresa estatal que aprueba los pliegos para el llamado a licitación del proyecto Neptuno, que fue anunciado la semana pasada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, junto al ministro de Ambiente, Adrián Peña, y las autoridades de OSE.
Marcos Miguez, secretario del Agua en FFOSE, señaló a la diaria que es un trámite meramente administrativo, que se traduce en la suspensión de la resolución aprobada por el oficialismo en el Directorio, sin el visto bueno de Edgardo Ortuño, director del ente en representación del Frente Amplio (FA).
En agregado, Miguez dijo que en FFOSE se sienten “vulnerados” y “damnificados” por el proyecto. Insistió en que “es inconstitucional”: “El artículo 47 [de la Constitución] dice que el agua tiene que ser pública, estatal y en todo su proceso tiene que estar el Estado al 100%, pero al tener privados en mantenimiento esto no se estaría cumpliendo”, cuestionó, y añadió que, en caso de que avance la licitación, el sindicato va a tomar alguna “medida jurídica”, por ejemplo, denunciar al Estado por violar la Constitución.
Asimismo, no descartó iniciar una juntada de firmas para ir contra el proyecto a través de una consulta popular; aún así, admitió que esperan no llegar a esa instancia. “Nuestros abogados ya están estudiando qué pasos seguir jurídicamente para continuar hasta lo último”, expresó. El sindicalista sostuvo que, actualmente, se encuentran en una recorrida nacional para explicar de qué va el proyecto presentado por un consorcio de empresas constructoras que, según el sindicato, “se resolvió en 24 horas con cambios sustanciales” al proyecto inicial.
“Abarataron los costos achicando la planta, el caudal [de agua que puede recibir], bajaron la calidad de los materiales de las cañerías y la redujeron”, lamentó, y aseguró que los costos de mantenimiento, “y lo que van a pagar los uruguayos, se mantiene igual”. “Vamos a pagar 300 millones de dólares en este proyecto, lo que hacemos es informar esto y una reorganización social para tener a la gente en la calle, porque entendemos que el único que puede parar este proyecto es la gente en la calle”, consideró.
Medidas desde varios frentes
Mientras tanto, el FA analiza convocar al Ministerio de Ambiente a la comisión homónima de la cámara baja, según supo la diaria. Verónica Piñeiro, vicepresidenta de la fuerza política, dijo que “por ahora” no tienen una definición tomada, pero que no descarta alguna medida. También se maneja un posible llamado a sala a Peña y a las autoridades de OSE: “No estamos dejando de lado ningún mecanismo parlamentario. Estamos analizando la información, también definiendo la estrategia de trabajo que vamos a tener”.
En conversación con la diaria, Piñeiro expresó que tanto el lunes de esta semana como el próximo el tema estará en el orden del día de la Mesa Política, para ir definiendo acciones. En principio, sostuvo, mantienen reuniones desde la presidencia del partido con organizaciones sociales que han tenido una participación activa en las comisiones de Cuencas y en los consejos regionales de Recursos Hídricos.
Tal como lo había anunciado, Ortuño inició el proceso para presentar el recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Según apuntaron a la diaria, es probable que esto se concrete la semana que viene.
Por otra parte, la Clínica de Litigio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República también presentará recursos contra Neptuno, informó MVD Noticias y confirmó la diaria. Juan Ceretta, docente coordinador de esa área académica, señaló que la idea surgió de los propios estudiantes el año pasado, cuando empezaron a interiorizarse en el tema, una vez que el consorcio de empresas propuso el proyecto y tuvo el visto bueno del gobierno.
Los universitarios entrevistaron a distintos actores, recopilaron información, participaron en eventos de discusión sobre las características del proyecto y elaboraron un informe a partir del cual evalúan presentar un recurso ante OSE la semana que viene. La hipótesis que tienen los académicos es que el proyecto, tanto el de la primera fase –el Arazatí– como el segundo –la construcción de la planta–, es contrario al artículo 47 de la carta magna.
“En el caso de OSE, se puede interponer un recurso de revocación y también uno de anulación, porque las resoluciones de los servicios descentralizados están sujetas al control o a la tutela del Poder Ejecutivo”, indicó Ceretta a la diaria. Una vez que se agota la vía administrativa, quedaría abierta la posibilidad de iniciar una acción de nulidad ante el TCA. “Seguramente, la semana que viene estemos presentando los recursos. Estamos analizando qué otros caminos se pueden recorrer que tengan un resultado más rápido”, sostuvo.
La semana pasada, la facultad organizó una clase abierta en la que participó el relator de Naciones Unidas para el Derecho al Agua y Saneamiento, Pedro Arrojo, y el especialista de la Unesco sobre el Derecho al Agua, Javier Taks, quienes advirtieron sobre el peligro que significa la mercantilización del agua potable.