Fue el 24 de octubre, sobre las 15.00, cuando la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado recibió a Álvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, oportunidad en la que presentó el Plan Nacional de Inteligencia, un documento de 14 páginas -con dos anexos- en el que se detalla el accionar de la Secretaría con relación a la seguridad nacional y en coordinación con otras reparticiones del Estado.
Para la presentación del plan, que Garcé entregó impreso a los legisladores, se pidió total reserva, que no hubiera funcionarios y no se registrara una versión taquigráfica. Fue por eso que, cuando tres días después MVD Noticias, el informativo de Tv Ciudad, divulgó el contenido del plan, las miradas se enfocaron en la comisión y en quienes la integran.
Más cuando, tras la filtración, Garcé le envió una carta al presidente de la comisión, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano, en la que recordó que “la revelación de información clasificada es una acción antijurídica con fuerte apariencia delictiva -artículo 301 del Código Penal, delito de revelación de documentos secretos-”, y le pidió que, “librado” a su “buen criterio”, tome “la correspondiente calificación moral y política de los hechos”. El 31 de octubre, la Secretaría presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se iniciara una investigación.
El día de la reunión, en la sala Paulina Luisi, además de Lozano, estaban los senadores Graciela Bianchi y Gustavo Penadés y el diputado Álvaro Viviano, por el Partido Nacional (PN); el senador del Partido Colorado (PC) Raúl Batlle; el senador Daniel Caggiani y los diputados Micaela Melgar, Álvaro Tucci y Diego Reyes por el Frente Amplio (FA); y el diputado suplente por el Partido de la Gente Luis Alberto Posse.
A la investigación que comenzará en Fiscalía se sumó la reunión de este jueves entre Beatriz Argimón y los coordinadores de bancada de cada partido, en la que la vicepresidenta entregó un “informe de Jurídica” en el que se detallan las consecuencias que podría tener quien haya filtrado la información. En una rueda de prensa previa a la reunión, la vicepresidenta consideró que hubo “algunos [legisladores] que no estuvieron a la altura del mandato” y señaló que “personalmente” le pareció “un hecho gravísimo”.
Por eso, se van a “transitar todas las instancias” necesarias, indicó. Al ser consultada acerca de si hay seguridad de que haya sido uno de los legisladores presentes en la comisión quien filtró la información a la prensa, explicó que, más allá del documento, hay cosas que se dijeron en aquella reunión que también se difundieron y sólo “los que estaban ahí pueden saberlo”.
Luego de la reunión de este jueves, y en una conferencia de prensa junto a los coordinadores de bancadas, Argimón contó que se decidió “exhortar a los legisladores que estuvieron presentes en esa comisión a voluntariamente concurrir” a la Fiscalía para, de este modo, “aclarar todo este proceso”, así como se tomó una propuesta del diputado César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente, de pedir a los legisladores “que también se brinde la posibilidad de acceder a los celulares a efectos de seguir contribuyendo a que esa investigación que se inicie, se aclare”.
Que se hayan filtrado declaraciones textuales de la comisión es difícil de corroborar, puesto que no hay una versión taquigráfica de esa instancia, aunque en la misma conferencia de prensa, luego de la reunión con Argimón, fue Lozano quien aseguró que “hubo una filtración de algo que se dijo en esa reunión”, lo que “no es un hecho menor”. Sin embargo, otros legisladores que participaron de la comisión, consultados por la diaria, entendieron que no hubo una filtración textual de algo dicho en la reunión.
Así lo entendió también la coordinadora de la bancada de senadores del FA, Liliam Kechichian, quien discrepó “con que los ojos estén puestos sólo en el Parlamento”, porque el mismo documento recorrió varias reparticiones del Estado. Según dijo, “han tenido acceso también el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, la cancillería, el Ministerio de Economía y Finanzas, y muchas de las agencias que coordinan con el director y el Servicio de Inteligencia”.
“Aspiraríamos a que el Poder Ejecutivo también desatara una investigación en otros ámbitos”, sentenció Kechichian, y recordó que “la ley de los documentos con reserva obliga a que estos se manejen con trazabilidad”. Para el FA, “esa trazabilidad no estuvo garantizada por el director Garcé, y en ese sentido abrió una puerta de cierta vulnerabilidad”.
Luego de la conferencia, en diálogo con la diaria, Kechichian entendió que lo que se divulgó “no era el plan”, de acuerdo a “lo que dicen los compañeros que trabajaron” en la comisión, y por lo que expresó “hoy el senador Raúl Batlle [PC], esto no es un plan, es un punteo de temas”.
El contenido del plan
Ya sea un punteo o el plan en sí mismo, lo cierto es que en la información que hizo pública MVD Noticias se da cuenta del trabajo de la Secretaría de Inteligencia con varios organismos del Estado para llevar a cabo distintas actividades de inteligencia, y encarga a la Policía, a la cancillería, a Aduanas y Defensa Nacional la “recolección de información sobre actividades precursoras de acciones terroristas”, así como a los organismos encargados de investigar el lavado de activos, el estudio de las posibles vías de financiamiento del terrorismo.
Asimismo, las Comisiones Administradoras de los ríos De la Plata y Uruguay tienen encargado brindar información sobre “ciudadanos o residentes en el país en relación con el narcotráfico, tráfico de armas o personas, crimen organizado y actividades terroristas”, actividad que será coordinada por cancillería, así como Defensa deberá informar sobre actividades de fuerzas militares de países vecinos y sus actividades en la frontera.
En otro de los incisos, el plan habilita a la Policía a recolectar información sobre “grupos o personas que inciten a la violencia” y la “usurpación de espacios públicos o privados” así como los “bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios”.
El rol del periodismo
“Uruguay es hoy más que nunca un objetivo a controlar por la ‘izquierda’ populista y radical. Hay operadores para este objetivo y, en especial, algunos periodistas, como Eduardo Preve [director de informativos de Tv Ciudad]. La publicación de documentos de Inteligencia configura un delito grave. La libertad de prensa no lo ampara”, publicó en su cuenta de Twitter la senadora del PN Graciela Bianchi, en referencia al periodista que difundió la información.
Consultado por la diaria si cree que los dichos de Bianchi reflejan un sentir entre los legisladores respecto del rol que cumplió la prensa en esta filtración, el también senador y coordinador de bancada del PN, Carlos Camy, dijo creer “contundentemente” que “el hecho a investigar es que se haya divulgado una información que era reservada y de circulación restringida”, pero “no están en juego las restricciones a la libertad de prensa”, sino que “el periodista que actuó lo hizo en el marco de su rol y de sus facultades”.
En tanto, Kechichian entendió que si bien “hay legisladores del gobierno que han ido directamente contra el periodista”, no comparte esta actitud “en absoluto”. “Los periodistas hacen su trabajo y acá lo que hay que ver es quién filtró”.
El presidente del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Fabián Werner, también entendió que “es clarísimo que el periodista ni en este caso ni en ningún caso tiene algún tipo de responsabilidad por publicar una filtración”, algo que “está claro en el ordenamiento legal de Uruguay y en el sistema interamericano de derechos humanos”.
“Yo quiero creer que nadie de ningún partido va a proponer nada que afecte a un periodista, no tengo información de que eso vaya a ser así, de que vaya a ser como dice Bianchi”, y de ser así, “sería un nuevo caso de retroceso grave para la libertad de expresión del periodismo en Uruguay”, cuestión que “se ha ido deteriorando en los últimos años”.
“Este 2022 ha sido especialmente significativo en ese sentido, porque después del informe de Cainfo en abril aparecieron varios informes diciendo exactamente o prácticamente lo mismo, que Uruguay retrocedió en materia de libertad de expresión”, agregó. Para Werner, “está claro que hay un problema”, pero no se vislumbra “voluntad política para encararlo”.