Las próximas semanas serán clave para la concreción del plan del gobierno de instalar nuevas reglas de juego en el mercado de envasado y distribución del supergás. En 2023 terminan los contratos con Acodike y Riogas para la operación de dos plantas de envasado que son de Ancap, y hay una licitación en curso —cuyo pliego sufrirá modificaciones por estas horas— para modificar las condiciones del alquiler. Este asunto generó movimientos de las empresas que rechazan los cambios a implementar, así como el proceso llevado adelante, y del sindicato del gas, que observa riesgos en el escenario futuro del sector.
La semana pasada la diaria informó del exhorto del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) para que apruebe antes de marzo del año próximo “una nueva regulación” para el sector del supergás, que debe incluir, entre otros cuestiones, un precio intermedio que será al que venderá Ancap a las firmas distribuidoras.
El mapa del sector muestra tres etapas: Ancap tiene el monopolio para la producción de supergás, derivado del petróleo que se procesa en la refinería de La Teja; para el envasado Ancap tiene dos plantas en La Tablada, que las opera la firma Gasud —una asociación entre la estatal y las distribuidoras Riogas y Acodike—, y en agregado la firma Megal tiene su planta de envasado; en la parte final de la distribución y venta al público compiten las tres compañías privadas más Ducsa, sociedad anónima propiedad de Ancap.
Los cambios que se vienen para 2023 buscan, según comentó una fuente del gobierno, eliminar acuerdos “cruzados” que hay entre Ancap y las dos principales empresas del sector, Acodike y Riogas —cada una tiene más de 30% del mercado—, que hoy operan como un desincentivo para la competencia entre las compañías. Para esto, Ancap se retiró como regulador del sector vía contratos con las distribuidoras, rol que asumirá la Ursea, y además modificará las condiciones de arriendo de las plantas de envasado.
Esas reglas estaban fijadas en los contratos de 2007, vigentes hasta este año con Acodike y Riogas, pero ahora el gobierno busca que el alquiler de cada una de las plantas sea distinto: en un caso a cinco años y en otro a ocho. Esto porque si bien se prevé que las dos distribuidoras privadas serán las únicas que se presentarán al llamado —que es abierto a interesados que cumplan ciertas condiciones de expertise en el sector—, en el futuro escenario tendrán distintas perspectivas para el negocio y asumirán riesgos diferentes.
El pliego licitatorio se presentó hace unos meses y las dos distribuidoras presentaron recursos administrativos contra las condiciones previstas por Ancap para el arriendo. Según fuentes empresariales, se busca la “nulidad” del proceso porque hubo vicios legales “graves”, como que los pliegos circularon antes de presentarse oficialmente o que Gasud está impedida de participar en el llamado, ya que directores de la firma mixta tuvieron participación en la elaboración de la licitación.
Como problema de fondo, las empresas plantean que se abre el mercado y está la posibilidad de que venga una empresa extranjera y, sin hacer inversiones en el sector, logre arrendar una de las plantas de envasado. También cuestionan que se hará una licitación sin conocer aún “el nuevo marco regulatorio” de la Ursea para el sector y que “los plazos propuestos para el arriendo no permiten hacer las inversiones que requiere el mercado”.
Aparte del reparo de las empresas, también el sindicato hizo saber su preocupación. El presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), Andrés Guichón, dijo a la diaria que días atrás hubo una reunión con el MIEM y se buscó un compromiso sobre el futuro de los puestos de trabajo. Actualmente, al menos 5.000 personas cumplen tareas en la distribución del supergás y unas 300 en la parte de envasado, además de tercerizados e informales. “Con las nuevas condiciones no queremos que venga cualquiera y haga cambios bruscos en el mercado. Nos plantearon que no se perderán empleos, pero una cosa es decirlo y otra que ocurra, por eso pedimos un ámbito en el Ministerio de Trabajo”, explicó.
Atendiendo estas repercusiones que generó el pliego de la licitación de las plantas de envasado, por estas horas se conocerán cambios en las condiciones, según informó una fuente de Ancap. Se busca “llevar tranquilidad al sector”, señaló, por lo que se atenderán en parte los planteos hechos por el sindicato sobre las fuentes de empleo y por las empresas acerca de las inversiones a realizar en las plantas.
El martes, al hablar en radio Carve, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, había adelantado que el proceso “sigue adelante” y a partir del “1º de marzo se pasa a una nueva etapa, sin afectarse el mercado ni los puestos de trabajo, con una continuidad en el envasado y suministro del supergás”. Las declaraciones fueron interpretadas desde las distribuidoras que cuestionan el proceso como “un prejuzgamiento”, ya que aún no recibieron contestación por los recursos que presentaron. De seguir adelante el proceso, se adelantó, las compañías recurrirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Respecto a las intenciones del gobierno con los cambios en la regulación del supergás, una fuente empresarial cuestionó el discurso de las autoridades. Consideró “falaz” el planteo de que una mayor competencia entre las empresas mejore “el precio para el consumidor final”, porque es un valor fijado por el Poder Ejecutivo, y también rechazó que “los contratos vigentes favorezcan” a las dos compañías distribuidoras.
Desde el SUTS se reconoció que el sector puede tener mejoras en la regulación, pero el plan del gobierno genera “incertidumbre” en los trabajadores, porque hay temor de que ante los cambios las empresas inicien un “achique” del personal. Además, pretenden mantener o mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad del envasado del supergás, para lo que aspiran a tener contacto con la Ursea y elevar sus planteos para la futura regulación.