El próximo lunes, en el hotel Hyatt de Montevideo, se lanzará el proyecto “Al-Invest Verde Derechos de Propiedad Intelectual”, que, con financiación de la Unión Europea (UE), pretende lograr en dos años una “gestión eficiente” de los derechos de propiedad intelectual en distintos sectores de la economía nacional. El evento tendrá la participación del ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini, así como de representantes de la comunidad europea.
Mariano Riccheri, líder del proyecto y miembro de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, indicó que, en Uruguay, “casi la mitad del PIB proviene de industrias intensivas en propiedad intelectual”, las que, además, absorben “un tercio del empleo” del país, “pagan salarios más altos” y generan más valor agregado que otras industrias. Las cifras, sostuvo, son “parecidas” a las de países europeos. No obstante, Uruguay tiene sus desafíos, como por ejemplo, en el marco regulatorio y judicial.
El proyecto, enfocado principalmente en los estados del Mercosur, tiene un presupuesto de 2,8 millones de euros. En Uruguay, culminará a fines de 2024. El titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNPI) del MIEM, Santiago Martínez, expresó que “haber conseguido que la UE instale un proyecto de alcance regional acá en Uruguay es algo muy importante para el país”. Señaló que la iniciativa procura sobre todo “concientizar” a la población sobre “el valor de los intangibles”, “quizás lo más importante para una persona que quiera desarrollar un negocio”.
Luego del lanzamiento del lunes, el programa se desplegará a lo largo y ancho del territorio nacional en diálogo con distintas instituciones públicas y privadas. Al igual que Martínez, Ricceri sostuvo que el principal objetivo es concientizar sobre los derechos de propiedad intelectual, “llegar incluso a la microempresa para que sepa qué es una marca y por qué conviene tenerla”. Indicó que el presupuesto asignado por la UE tiene como propósito financiar proyectos “exitosos e innovadores” vinculados a la economía circular y a las tecnologías de mitigación del cambio climático.
Riccheri marcó tres metas del proyecto. La primera, “contribuir a que las instituciones que administran la propiedad intelectual en América Latina sean más eficientes y accesibles al público”. La segunda, “trabajar con el sector productivo y el público en general para que haya más conocimiento sobre la propiedad intelectual como herramienta para generar empleo”. Por último, el desarrollo de redes. En concreto, la creación de “una red de jueces”.
“Una cosa es proteger la propiedad intelectual, otra cosa es gestionar la propiedad intelectual. Pero el factor final es que deberíamos tener a nivel judicial un sistema eficiente y conocedor para garantizar la protección. La falta de especialización es un problema”, manifestó Riccheri.
Al respecto, Martínez señaló que en el mundo hay oficinas dedicadas a la observancia y la vigilancia de los derechos de propiedad intelectual, pero “Uruguay no es el caso”. Aclaró que los cometidos de la DNPI se limitan al registro de marcas y patentes, “pero luego no estamos verificando si alguien viola o no esos derechos”. “Para que el sistema se complete y para que la tutela sea efectiva, necesitamos un Poder Judicial que sea eficiente y que pueda reaccionar ante demandas de particulares. En esa línea va la idea de crear una red de jueces”.
“Es más barato el registro que el abogado”
En Uruguay, se registran aproximadamente 17 marcas por día. Entre 6.000 y 7.000 nuevas marcas por año, apuntó Martínez. Un número que “ha aumentado de forma consistente y palpable” en el último tiempo. El titular de la DNPI afirmó que para las grandes empresas registrar una marca “no es caro” y para las empresas pequeñas hay “beneficios importantes”, que en algunos casos suponen hasta 80% de descuento.
“El costo de la marca no es para nada representativo. Es muy bajo el costo que tiene en comparación al beneficio. Tener la marca registrada bloquea que la copien o que intenten hacer algo demasiado parecido. Siempre es más beneficioso tener una estrategia de prevención que buscar la solución una vez que el problema ya está sobre la mesa. Es más barato el registro que el abogado”, afirmó Martínez.
Acerca de la industria del software, intrínsecamente vinculada a los derechos de propiedad intelectual, Martínez explicó que sus registros “están más bien tutelados por los derechos de autor”, y no por los de propiedad industrial, que son “propiamente el cometido de la DNPI”. “Hoy por hoy, nosotros no tenemos en la oficina un área de registro de software”, mencionó.
“Es muy temprano para hacer un pronóstico”
Consultado acerca de las implicancias que tendría a nivel regional, en materia de derechos de propiedad intelectual, la firma de un tratado de libre comercio (TLC) entre Uruguay y China, Martínez dijo que el tema “seguramente forme parte de la negociación”, aunque opinó que aún “es muy temprano para hacer un pronóstico”. “Hasta no estar en ese escenario y ver qué exigencias hay de cada una de las partes, no avizoro un conflicto”.
Riccheri, en tanto, comentó que con base en las experiencias de los acuerdos de libre comercio firmados por la UE, la cuestión de la propiedad intelectual es “un tema de importancia económica sustancial”. “¿Es un tema conflictivo? Yo creo que no debería serlo”, consideró.