El 8 de febrero el presidente Luis Lacalle Pou recibió al grupo autodenominado Familiares de Prisioneros Políticos, compuesto por allegados y familiares de los procesados y condenados por crímenes cometidos en la dictadura que están en la cárcel de Domingo Arena. Tres meses antes, el 8 de noviembre, se reunió con el Foro de Montevideo, organización que pide la liberación de los más de 20 exmilitares privados de libertad que están en ese establecimiento penitenciario y que los califica de “presos políticos”, o “chivos expiatorios de una catástrofe colectiva”.
Los colectivos vinculados a las víctimas de la dictadura y la defensa de los derechos humanos no ocultaron su molestia por el uso del rótulo “presos políticos” para referirse a este grupo de reclusos: Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo a la diaria que “es una vergüenza” que se los denomine de esa forma ya que “no están ahí por sus ideas, están por sus acciones”; el integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT Raúl Olivera sostuvo, a su vez, que al recibirlos “el presidente de alguna manera está avalando que el Estado uruguayo tiene presos políticos”, lo que calificó de “grave”.
La apropiación del término generó cuestionamientos también desde filas del gobierno: el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo la semana pasada a Búsqueda que “Uruguay es una democracia plena y en una democracia plena no hay presos políticos”, y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo a la diaria que en su opinión no corresponde ese calificativo debido a que “son presos detenidos por delitos; no tienen la calificación de políticos”.
Prisión política: la “modalidad represiva por excelencia” en la dictadura
¿Cuándo se comenzó a acuñar el término “presos políticos” en nuestro país? El historiador Aldo Marchesi identifica un primer momento “en el contexto de la radicalización y el incremento del autoritarismo” en los años previos al golpe de Estado, donde “hay presos que muchas veces tienen que ver con la actividad sindical”. En 1972, “cuando la Justicia militar se hace cargo de los procesamientos, está la discusión acerca de si son prisioneros políticos o no, que incluso se da dentro de la izquierda”, y en ese momento se dieron “situaciones de diverso tipo: personas encarceladas por motivos vinculados a actividades ilícitas, que tienen que ver fundamentalmente con los movimientos guerrilleros, pero en otros casos no”. Marchesi puso como ejemplo que hubo “militantes del Partido Comunista que terminan presos en 1972 y que no necesariamente estaban vinculados a ninguna práctica clandestina”.
“Durante la dictadura el término va adquiriendo un consenso cada vez mayor”, y hacia la salida del período dictatorial “hay un consenso entre todos los partidos” en su uso, aunque se estableció una “diferencia” con “aquellos que cometieron crímenes de sangre”, explicó Marchesi. “Se asumió que la gran mayoría eran prisioneros políticos y esos directamente fueron amnistiados”, y para los demás, “procesados por la Justicia militar vinculados a crímenes por prácticas clandestinas o crímenes de sangre”, se estableció “una permutación de la pena” que implicó “la liberación automática de todas esas personas”. Dentro del movimiento social, en cambio, “había consenso en que eran todos prisioneros políticos”, destacó el historiador.
Marchesi apuntó que “claramente” el concepto tiene “mucho peso en Uruguay, entre otras cosas porque la prisión política fue la modalidad represiva por excelencia” durante la última dictadura, “frente a otras modalidades represivas que existieron en otros lugares”; de hecho, destacó que “Uruguay es el país con mayor cantidad de presos políticos en relación a la población”. Señaló que los números “todavía son discutibles” porque “la dimensión de la prisión política fue variando: una cosa son los que pasaron por la Justicia militar, que fueron alrededor de 5.000, pero también hubo miles de casos de gente que no fue formalizada entre 1973 y 1985”.
Apropiación y emulación
Para la historiadora Vania Markarian, la adopción de este concepto por parte de esta nueva organización es un intento de “apropiación del lenguaje del movimiento de derechos humanos”, dado que “los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado usaron siempre esa expresión, incluso desde antes de la instalación formal del gobierno autoritario, refiriendo a la ilegitimidad de este tipo de prisión”. Opinó que es, además, “una jugada que tiene cierta inteligencia, porque los medios han reproducido ese apelativo porque está en el nombre de la organización”. Por otra parte, consideró que es “asombroso” que “el gobierno no refute” el uso de este término, cuando “señala cierta ilegitimidad del régimen que genera esa situación”.
Markarian también identificó un cambio en el discurso por parte de los colectivos vinculados a los militares presos en Domingo Arena, que ya “no reivindican esa vieja identidad combatiente, militarizada, muy claramente asociada al discurso nacionalista de la Doctrina de Seguridad Nacional”, sino que en cambio “llaman a escuchar las dos campanas” y piden “verdad, justicia y memoria para todas las partes”. “Es muy distinto a los procesos anteriores de reivindicación de la dictadura. De hecho, no están asociados a la reivindicación de la dictadura propiamente, sino a la ‘injusticia’ de estos procesos, incluso con un lenguaje humanitario en el sentido más clásico”, analizó. Para la historiadora hay “un cambio discursivo muy grande”.
En la misma línea, Marchesi señaló que este tipo de organizaciones, que no son nuevas, sino que ya existieron –otras similares– en la década de los 80 –entonces se presentaban como víctimas de la subversión–, utilizan “el mismo lenguaje de los organismos de derechos humanos, como un diálogo en espejo”. “Acá está la cuestión de los prisioneros políticos, como existieron presos políticos en dictadura. De alguna forma, es emular, copiar, imitar el lenguaje de las organizaciones de derechos humanos para pelear la idea de quién es la víctima”.
Una denominación “absurda y ridícula”
Victoria Sequeira es integrante de Memoria en Libertad, que agrupa a víctimas del terrorismo de Estado que en ese momento eran niñas, niños y adolescentes. En diálogo con la diaria, manifestó que tanto su colectivo como la agrupación de ex presos políticos Crysol solicitaron reuniones con Lacalle Pou y no fueron concedidas, y consideró que el recibimiento en la Torre Ejecutiva de este grupo y el Foro de Montevideo es una nueva forma del Estado de “ejercer violencia sobre las víctimas” de la dictadura, al “reflotar y dar cabida a estos movimientos y manifestaciones”.
Sequeira, hija de Alma Rodríguez, que estuvo apresada por ocho años, criticó que “en un Estado en plena democracia se hable de que hay presos políticos”, y dijo no entender “qué argumentos reales ellos esgrimen para llamarse así, porque esos señores han sido juzgados con todas las garantías del Estado de derecho, algunos están en proceso y otros han sido juzgados y condenados”. En su opinión, el surgimiento del grupo Familiares de Prisioneros Políticos “responde a perpetuar la impunidad en este país, que ya es muchísima”, y en ese sentido recalcó que “el año que viene se cumplen 50 años del golpe de Estado, y para marzo están citados [por causas judiciales] 50 torturadores, genocidas, asesinos, secuestradores y violadores que hasta ahora han vivido libres en sus casas, con todos sus bienes que han robado siendo parte del aparato del Estado”.
Por su parte, el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, dijo a la diaria que “en este país presos políticos no hay” y que “usar un nombre absolutamente erróneo no jerarquiza a ninguna organización, pero cada uno toma las decisiones y se denomina como quiere”. Resaltó que “las personas que están procesadas y condenadas [por crímenes de la dictadura] lo han sido por un poder independiente, integrante de la República, y juzgados con todas las garantías del debido proceso por leyes claramente establecidas desde hace muchos años”, por lo que “es una denominación absolutamente absurda y ridícula”. También consideró que “no le hace bien a la investidura presidencial recibir a gente que con el propio nombre lo ofende a él, pero cada uno hace lo que quiere con su reputación y su dignidad”.
¿Por qué ahora?
Grisoni afirmó que grupos de esta naturaleza “existen en todos los países donde hay condenados por graves violaciones a los derechos humanos”, como en Argentina y Chile, y consideró que en nuestro país surgieron como “una reacción ante los avances incuestionables que se han venido produciendo en la Justicia uruguaya”. El ex preso político agregó que el contexto partidario favoreció su aparición: “Ha surgido un partido político que se declara muy vinculado a reivindicar el proceso cívico militar. Cabildo Abierto (CA) lo integran personas muy vinculadas a la parte represiva del proceso. Reivindican la dictadura y han defendido públicamente a algunos de los principales involucrados por las causas de los derechos humanos”, observó.
Marchesi, por su parte, coincidió en que la conformación de este grupo es “resultado de que se ejercieron ciertas políticas de justicia” en los últimos 20 años. Aunque no lo atribuyó directamente al surgimiento de CA, señaló que “todo está en diálogo” y que la fuerza que cobró el partido de Guido Manini Ríos ha sido “un elemento de reagrupamiento de ciertos sectores militares”. “Claramente esta organización surge como parte de una estrategia, en un momento que ellos consideran el más oportuno para hacer estos planteos, donde hay ciertos actores cercanos al gobierno que dialogan con ellos”, planteó Marchesi.
Markarian, en tanto, evaluó que “el gobierno que tenemos actualmente evidentemente es más receptivo a este tipo de reclamos, al punto de tolerar que alguien diga que en Uruguay hay presos políticos”.