La semana pasada el diputado frenteamplista Felipe Carballo —de la lista 711— acudió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para defender un proyecto de ley que elaboró y presentó junto con otros legisladores de la fuerza política. Se titula de “capacidad crediticia” y planteó que busca dar “una segunda oportunidad” a un grupo importante de gente, que evaluó en cientos de miles, que tienen deudas por préstamos contraídos y al ingresar al clearing ven limitado su accionar financiero, quedando “como muertos civiles”.
El clearing de informes es una base de datos crediticia sobre las personas que gestiona la empresa Equifax, y se solventa por parte de las entidades financieras. Cuando una persona contrae una deuda, sea por no pagar un préstamo o la tarjeta de crédito, las demás empresas pueden saberlo al consultar la base de datos. Las deudas quedan registradas en el clearing por cinco años, y si el acreedor lo solicita por otro período igual de tiempo, es decir, el plazo máximo son diez años. Incluso habiendo pago lo adeudado esa información queda registrada por tres años en la base de datos.
A raíz de esta legislación, hay, de acuerdo a lo dicho por Carballo en la sesión, “unas 600.000 o 700.000 personas que están en esa condición [dentro del clearing]”, y planteó que “sería muy importante que se buscaran mecanismos para aliviar esa situación desde el punto de vista administrativo”.
“Esto se da por diferentes motivos: por la pérdida de empleo, en su momento, por problemas de salud, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de adeudos, y también porque, una vez que se dejan de pagar los créditos que se toman, obviamente, existen un conjunto de instrumentos, como pueden ser las multas, los recargos, los intereses, que llevan a una situación en la cual esas deudas se vuelven impagables, sobre todo por el ingreso que tienen muchos trabajadores que están en estas condiciones”, evaluó el legislador del FA.
¿Qué propone? Por medio de 18 artículos, cambiar la legislación y dar mayores potestades dentro del mercado de créditos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como al Banco República (BROU).
“Entendemos que debería funcionar, dentro del MEF, un ámbito que reuniera o convocara a todas las personas que están en el clearing de informes y que están en una situación de endeudamiento; que debería ser el propio MEF que exigiera a cada una de esas personas que presenten los ingresos y las deudas, y que es desde ese ámbito que se debería negociar o renegociar con los acreedores [las financieras]”, detalló Carballo. En agregado, dijo que “el BROU [debería ser] el que abone y que el deudor únicamente le deba” al banco estatal, para que “sea esta institución la que haga frente a esta situación”.
El diputado frenteamplista también mencionó que esta solución administrativa para los deudores debe tener un tope monetario, que propone que sea respecto del capital inicial otorgado por la financiera de 20.000 Unidades Indexadas (UI), unos 100.000 pesos.
A la hora de negociar con los acreedores para pagar la deuda, se plantea que el MEF y el BROU no abonen por intereses más de 50% y el monto no puede ser superior a 30% del capital inicial que pidió la persona. Para cobrar ese dinero al deudor, el BROU podrá refinanciar los pagos hasta cinco años, y podrá aplicar un interés máximo de 2%.
“De esta manera, se podría incorporar en esta solución a mucha gente que está viviendo una realidad muy difícil. Desde el momento en que quedan por fuera del sistema financiero, terminan pagando tasas muchísimo más caras y debiendo recurrir a otros mecanismos que tienen otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, para poder acceder al alquiler de una casa y a la garantía, si estás en el clearing de informes no tenés ninguna chance; ni para poder acceder a un plan de vivienda, mucho menos para algún otro tipo de préstamo. Entendemos que las personas que están en esa situación quedan como muertos civiles”, expresó.
Los legisladores de la Comisión de Hacienda decidieron pedir opinión sobre el proyecto de ley al MEF, al BROU y al Banco Central. El diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, recordó que en la comisión hay a estudio otro “proyecto similar” de su autoría —para la reestructuración de deudas de las personas físicas— y pidió “tratarlos en conjunto para encontrar los puntos de encuentro”.