El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) concluyó la redacción de su resolución adoptada el 30 de marzo sobre el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie por la extensión del contrato para la concesión de la terminal especializada del Puerto de Montevideo en favor de la firma belga Katoen Natie. Cuatro de los siete ministros, los tres designados para representar al oficialismo más la presidenta, considerada neutral, votaron “no formular observaciones a la modificación contractual”, mientras que los tres ministros propuestos por el Frente Amplio (FA) votaron en contra y en esta redacción final incluyeron sus argumentos.
Entre otras cosas, la mayoría del tribunal entendió que “la prórroga de la concesión por el término de 50 años [hasta 2081] resulta ajustada a derecho”. Sin embargo, el tribunal hizo algunas puntualizaciones sobre la redacción del nuevo reglamento de atraque, que da prioridad a la terminal especializada de Katoen Natie en detrimento de los muelles públicos.
Los ministros señalaron en las resoluciones finales que se tenga “presente” lo señalado en el considerando número 33 del dictamen, “respecto a lo actuado por el Poder Ejecutivo”. Esa referencia es respecto al asesoramiento requerido a la Administración Nacional de Puertos (ANP) por parte del Poder Ejecutivo en relación al reglamento de atraque, que se aprobó por decreto el 21 de abril de 2021, como parte del acuerdo entre el gobierno y la firma belga. El asesoramiento se pidió conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley de puertos de 1992, que indica que uno de los cometidos de la ANP es “asesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria”.
“Básicamente el asesoramiento existió, no obstante no se manifestó a través de la voluntad orgánica de la ANP”, dice la resolución del TCR, en referencia a que sólo llevó la firma del presidente del organismo, Juan Curbelo, del Partido Nacional, y no pasó previamente por el directorio, que también integran Daniel Loureiro, de Cabildo Abierto, y Alejandra Koch, del FA.
La resolución también indica que el “asesoramiento fue posterior a la adopción de la decisión administrativa”, es decir, a la emisión del decreto con el nuevo reglamento. “En consecuencia, materialmente no puede constituir un asesoramiento, por su necesario carácter previo, lo que resulta objetable en aplicación del principio de materialidad frente al formalismo y lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 16.246”, indica el escrito.
El mismo informe del TCR indica que “con fecha 21/04/2021”, es decir, el día en que se emitió el decreto, el ministro de Transporte y Obras Públicas, por entonces Luis Alberto Heber, “requirió, mediante una nota al presidente del Directorio de la ANP, el asesoramiento de la administración actuante al Poder Ejecutivo respecto de la conveniencia de instrumentación de un nuevo reglamento de atraque en los términos acordados por el grupo Katoen Natie”, en el acuerdo al que se había arribado el 25 de febrero.
En la misma fecha el Área de Operaciones y Servicios de la ANP informó que “deberá revisarse” el reglamento “de forma que ANP asigne muelle respetando las condiciones establecidas en el acuerdo con Katoen Natie”. La nota que envió el presidente de la ANP, en la que recogió lo expresado por el Área de Operaciones y Servicios, tiene fecha del mismo día y fue remitida al ministerio al día siguiente.
Según supo la diaria, para emitir estos comentarios pero no formular observaciones el TCR tomó en cuenta que el asesoramiento, si bien debió ser previo, fue en línea con el decreto. En este sentido, el llamado de atención se hizo para que “en futuras ocasiones” el asesoramiento se haga “en forma previa”, indicaron las fuentes.
Al fundamentar su voto discordante, el ministro Miguel Aumento, uno de los elegidos para representar a la oposición, indicó que no comparte “en absoluto” este fallo del tribunal. En su visión de los hechos, la modificación contractual “es objetable en cuanto a su seguridad jurídica, al haberse vulnerado principios generales del derecho y diversas normas constitucionales, legales y reglamentarias”.
Entre otros cuestionamientos, el ministro indicó que, “al 25 de febrero de 2021, no consta que la ANP –como tal– haya sido consultada, haya asesorado o haya intervenido en lo más mínimo” en el acuerdo. “Más aún”, señaló Aumento, “los asesoramientos preceptivos y previos de la ANP” solicitados por el ministerio “no pueden ser caracterizados como previos, en tanto no fueron solicitados en tiempo oportuno, con anterioridad a la celebración del acuerdo del 25 de febrero de 2021”. Argumentó que lo acordado en esa fecha “no admitía modificación alguna” con posterioridad “en detrimento de los derechos y obligaciones” de Katoen Natie.