A más de un año de la firma del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie para la extensión de la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo hasta 2081 y a más de seis meses de que senadores del Frente Amplio (FA) presentaran una denuncia penal por este arreglo, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, quien se encarga de la investigación, citó a declarar a cinco personas en calidad de testigos esta semana. Así lo informó el semanario Brecha y confirmó la diaria con base en fuentes vinculadas al tema.

Los denunciados penalmente por la bancada del FA por sospechas de abusos de funciones son el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo; el ministro del Interior y extitular de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; el subsecretario de esa misma cartera, Juan José Olaizola; y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.

Ninguno de ellos será citado a declarar esta semana porque, como generalmente ocurre con las investigaciones de estas características, el fiscal recabará información y testimonios que puedan aportar a la elaboración de posibles pruebas y sólo si avanza en esta primera etapa convocará a los indagados para que cuenten su versión de los hechos.

Las fuentes allegadas al caso indicaron que para este martes fueron citados a declarar dos gerentes de Katoen Natie. Se trata del gerente general, Vincent Vandecauter, y el de Relaciones Institucionales, Fernando Correa. Fuentes de la empresa indicaron a la diaria que, a su entender, la convocatoria del fiscal es para hacerse “una composición de lugar” de cómo fue el proceso del acuerdo y cuáles son las características del escrito.

El miércoles será el turno de la directora vocal del FA en la ANP, Alejandra Koch, quien comentó a la diaria que este lunes tendrá una reunión con los abogados que asesoraron a la bancada del partido en esta denuncia para preparar su comparecencia ante el fiscal Rodríguez. Durante todo el proceso que derivó en la firma del acuerdo entre la compañía belga y el gobierno, la directora vocal del FA criticó las decisiones que se tomaron.

Finalmente, el jueves declararán ante el fiscal el otro director de la ANP, Daniel Loureiro, de Cabildo Abierto, y el gerente del área Jurídico Notarial, Edgardo Amoza. Por otra parte, según supo la diaria, el abogado de los cuatro denunciados será Paul Pereira Schurmann.

Una vez finalizada esta ronda de declaraciones, que surgió luego de que el fiscal pidiera diversos antecedentes administrativos a la ANP, a Presidencia y al Ministerio de Economía y Finanzas, podría solicitar la convocatoria de más testigos o incluso citar a consultantes, que serían especialistas en la temática, como constitucionalistas.

El día que los senadores del FA presentaron la denuncia ante la fiscalía, el presidente Luis Lacalle Pou escribió en Twitter: “Enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad”. Ese comentario provocó el cuestionamiento de dirigentes de la oposición, que lo interpretaron como una “forma de presión” a la Justicia.

Otra acusación

Uno de los testigos, Amoza, cobró mayor importancia en el caso días atrás cuando desde el FA se realizó una nueva acusación contra Curbelo. En medio de la investigación de la fiscalía, según informó El Observador, apareció un expediente que, para la oposición, fue ocultado en un pedido de acceso a la información y además se debió utilizar para no acceder a los reclamos de Katoen Natie.

Precisamente, el reclamo de la firma belga por el que amenazó con realizar un juicio se basa en el artículo 72 del decreto del reglamento de operaciones portuarias de 1994. Este indica que “las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas” y que “la operación de contenedores en los muelles de carga general será autorizada solamente en caso de ocupación de las instalaciones especializadas”, lo que se refleja en el nuevo reglamento de atraque que forma parte del acuerdo que tantas críticas provocó por parte de Montecon, que opera en los muelles públicos.

Sin embargo, cuando en 2019, al interpretar que el Estado estaba incumpliendo el decreto, Katoen Natie envió un reclamo a la ANP, este fue respondido con base en el análisis del área Jurídico Notarial. La respuesta indica que la división de Amoza entendía que el artículo 72 “no puede ser interpretado aisladamente, sino que debe analizarse en el marco de toda la normativa portuaria”, y que “no puede deducirse” de ese artículo que la terminal especializada “goce de derechos exclusivos o preferentes frente a los demás operadores portuarios”. También se indicó que interpretar la norma como lo hace Katoen Natie “sería contrario a los principios” que rigen en la Ley de Puertos, de 1992, como la “libre competencia” y la “libertad de elección de los consumidores”. 

Ya en enero de 2020, la empresa interpuso un recurso de revocación y anulación de esa resolución adoptada por el directorio de la ANP, el cual Curbelo integraba como director vocal de la oposición de aquel momento, aunque no la votó. Como no se le había otorgado vista de las actuaciones a la empresa, el organismo accedió al recurso. Luego el área de Amoza volvió a indicar que no existían elementos que permitieran modificar sus conclusiones iniciales, pero desde el FA se indicó a la diaria que este informe, ya con Curbelo de presidente de la ANP, nunca volvió a ser tratado en el directorio, que, a pesar de que estaba en conocimiento de la opinión de Jurídica, avanzó en las negociaciones del nuevo acuerdo, que da prioridad a la terminal especializada en detrimento de los muelles públicos. Consultado por El Observador, Curbelo negó las acusaciones.