La asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización (INC) terminó de analizar la documentación presentada por el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, su esposa, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y su suegro, el militar retirado Roque Moreira, con respecto a la compraventa de sus terrenos en Artigas, informó este jueves el semanario Búsqueda. La asesoría letrada concluyó lo mismo que la inspección técnica realizada a fines de 2021 por el INC: Manini Ríos y los Moreira son colonos propietarios y están en infracción en tanto no residen ni trabajan en el predio como exige la ley.
Este mismo jueves al mediodía, en una conferencia de prensa organizada en el edificio anexo del Palacio Legislativo tras conocerse la noticia, Manini Ríos afirmó que la definición de la asesoría letrada del INC “indudablemente concluye con un sesgo político” y aseguró tener “la convicción” de que existe “una maniobra política buscando desacreditar, desprestigiar, tergiversar y sembrar la duda”.
“Es totalmente falsa la calificación de colono a mí, a mi señora y a mi suegro”, sentenció el senador de CA, apoyándose en un texto elaborado por Enrique Guerra, especialista y catedrático de derecho agrario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Argumentó que los terrenos en cuestión “fueron vendidos y comprados en distintas circunstancias, intervinieron escribanos, fueron registrados donde corresponde y el INC jamás hizo una observación y no puede alegar desconocimiento de la transacción”.
En tanto, Guerra, quien elaboró a pedido de Manini una defensa jurídica del tema, complementó que en el informe de Colonización “no se evalúa la grave falta que implica que el INC comprara un campo sin aptitudes para ser colonizado, ni tampoco se da trascendencia a su venta pública y que la selección de ofertas fue al mejor postor sin importar que los compradores no reunieran los atributos para ser colonos”. Esto en referencia a los hechos ocurridos en 1971, cuando Roque Moreira adquirió en una subasta los terrenos, que habían sido comprados por el INC el año anterior y fueron descartados.
El predio en Artigas consta de 4.350 hectáreas y es explotado mediante una sociedad anónima; de ese total, hay 2.856 hectáreas (inmueble 511) que están afectadas por la Ley de Colonización (11.029), según el organismo. Años después, en 1997, ya casado con Irene Moreira, Manini Ríos adquirió la fracción número 2 del inmueble 511, según señala el informe inicial del INC, conocido en marzo.
“Un tema particular” o “un hecho escandaloso”
Para el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, la ratificación del INC de que Manini Ríos y Moreira son colonos propietarios “no afecta en nada a la coalición”. Según expresó en declaraciones consignadas por radio Universal, se trata exclusivamente de “un tema particular” del legislador cabildante, quien además “ya dio explicaciones que evacuan cualquier tipo de duda”.
Penadés comentó que tuvo una conversación mano a mano sobre el tema con Manini Ríos, dado que es una situación que “lo tiene muy preocupado”. Apuntó que a la interna de la coalición de gobierno van “a esperar que termine [el proceso en] Colonización y después veremos qué hay que hacer”. “No creo que sean necesarias más explicaciones”, acotó.
Por el contrario, para el senador frenteamplista Charles Carrera, la ratificación de la asesoría letrada del INC de irregularidades en la explotación de los campos en Artigas es “un hecho escandaloso y muy grave”. El legislador expresó en Twitter que “de a poco se va allanando el camino y comienza a saberse la verdad”.
El excomandante en jefe del Ejército no tardó en responderle: “Usted miente a sabiendas. Sabe muy bien que ese informe lo hicieron dos abogadas del MPP [Movimiento de Participación Popular] como usted y como el director que empezó toda esta patraña”, en referencia al director por el Frente Amplio en el INC, Andrés Berterreche.
Los lados del mostrador
A mediados de 2020, la coalición de gobierno aprobó en el Parlamento, con el voto a favor del senador Manini Ríos, la ley de urgente consideración (LUC), cuyo artículo 358 establece que los colonos tengan la potestad de no trabajar “directamente” la tierra, sino que pueden “supervisar” el trabajo, algo que beneficiaría a Manini Ríos y Moreira, que según los informes de la INC son colonos no residentes.
Al respecto, Carrera señaló que, de confirmarse su calidad de colonos propietarios, el líder de CA “votó normas que modifican el régimen de colonización, sin haber informado su condición de tal”, dado que no pidió autorización al cuerpo legislativo antes de emitir su voto.
En este escenario se configuraría un delito por conjunción de interés público y privado. Consultado al respecto, Penadés manifestó: “A mí no me consta que haya habido cambios que puedan beneficiar o perjudicar a nadie del INC”. Y agregó que “además, el INC se relaciona con el Poder Ejecutivo a través de otro ministerio”, en alusión a la cartera de Vivienda, a cargo de Irene Moreira.
Lo que se viene
Ante la resolución de la asesoría letrada del INC, Manini Ríos presentó en su defensa una nota con descargos al directorio del organismo, que decidió trasladarla también a la asesoría letrada para dar una respuesta definitiva.
Según comentó a la diaria una fuente del INC, en caso de que la asesoría letrada vuelva a ratificar lo dispuesto en el informe técnico, es decir, que desestime los descargos presentados, Manini Ríos podría recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para dirimir la situación, lo cual “va a llevar tiempo”.
Si bien con una eventual desestimación de la asesoría letrada del INC a los descargos del senador cabildante el asunto “no pasaría al TCA automáticamente”, se trata de una “situación posible que los implicados pueden usar para dirimir”, dijo la fuente.
La historia
El informe técnico del INC, divulgado en marzo de 2022, en vísperas del referéndum contra la LUC, explica que el organismo compró 2.970 hectáreas en 1970; cinco años después, un directorio presidido por un interventor militar decidió vender esos terrenos tras comprobar que no son explotables. La mitad de las fracciones fueron adquiridas por José Zenón Montero y la otra mitad por Roque Moreira, quien, a causa de dicha compra, fue sancionado por un tribunal de honor militar, que entendió que cometió una “falta grave con agravantes” al comprar tierras en Artigas en calidad de colono.
Actualmente los terrenos que fueron de Zenón Montero son propiedad de la sociedad El Palomar SA –cuya presidenta es la ministra Irene Moreira– y del senador Manini Ríos. El informe concluye que “el grupo familiar compuesto por Roque e Irene Moreira y Manini Ríos maneja y explota unas 4.350 hectáreas en propiedad, de las cuales 2.856 hectáreas están afectadas a la Ley 11.029”, es decir, la ley del INC.
El documento aclara que la compraventa de los terrenos que hizo la familia Moreira a Manini Ríos fue realizada en infracción al artículo 70 de esa ley, que establece que “toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute, debe hacerse con la autorización previa del INC aun en el caso en que el colono haya satisfecho íntegramente sus obligaciones”. En este sentido se entiende que la compraventa era “nula de pleno derecho” y agrega que los titulares no han registrado la inscripción de los títulos de propiedad.