El teniente coronel retirado Roque Moreira fue observado por el Ejército en 1974, por el negocio que hizo con el Instituto Nacional de Colonización (INC) para obtener dos fracciones de campo en Artigas, según informó este miércoles El Observador; un acuerdo que tiene implicancias políticas y legales que llegan hasta su hija, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su yerno, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Esas tierras son las que estuvieron el centro de atención en marzo, luego de que Búsqueda informara sobre una inspección y un informe posterior del INC que indican que el coronel retirado y sus familiares son “colonos propietarios”, aunque Manini Ríos se mantuvo firme en su relato de que no es así. Ese informe continúa en la asesoría letrada del INC, que determinará su relevancia, mientras todo el caso se puso bajo reserva y se abrió una investigación administrativa para averiguar de qué manera se filtró a la prensa.

El matutino había informado en marzo sobre el tribunal de honor que enfrentó Moreira, pero ahora accedió a través de un pedido de acceso a la información a las actas de las sesiones. Según demuestran los documentos, el exmilitar fue sancionado por el Ejército hace 48 años por haber incurrido en una “falta grave con agravantes” tanto por la compra como por las obligaciones que asumió Moreira.

En ese momento un tribunal de honor entendió que el acuerdo violó normas del reglamento de conducta. La resolución señala, por ejemplo, el artículo 26, que indica que es deber de todo militar dar cumplimiento a los compromisos que asuma, y el artículo 27, que lo obliga a ser un “ciudadano ejemplar” y a respetar, “más que cualquier otro, las leyes del país”. Además, a juicio del Ejército, Moreira incumplió con la exigencia de no contraer “obligaciones desdorosas u observar una conducta equívoca o que deje dudas sobre la corrección de procederes”.

El tribunal estuvo presidido por el coronel Julio Formento, fueron vocales los coroneles Sergio D'Oliveira, Manuel Núñez y Nelson Santos, y fue ordenado bajo la dirección del entonces jefe de la Región Militar 1, Esteban Cristi, luego de una reunión con el INC en la que se marcaron “irregularidades” que comprometían a varios integrantes de las Fuerzas Armadas.

Entre los antecedentes, se señala que el INC aclaró en su momento que la adjudicación de esas tierras, el 2 de marzo de 1971, “tuvo que ser realizada” según las condiciones que debían reunir los aspirantes a colonos, consagradas en la ley que dio origen a Colonización. Más tarde ese año, en el compromiso de compraventa se especifica las obligaciones que asumía Moreira según esa ley: “Trabajar en el predio, supervisar el trabajo y habitarlo”.

Asimismo, en la ficha que elevó el INC a los militares, se identifica a Moreira como colono, algo que el coronel retirado y su familia niegan rotundamente. A pesar de que tanto los Moreira como Manini Ríos afirmaron que esas tierras fueron vendidas por el INC y nunca estuvieron comprendidas bajo las obligaciones de los colonos, hace casi 50 años el instituto le facilitó al Ejército el texto del compromiso. Allí se establece que el comprador “se compromete a ocupar el predio a nombre del instituto, obligándose a trabajarlo directamente y habitarlo con su familia”, algo que Moreira no hizo porque cumplía funciones como jefe del Batallón de Ingenieros 1 en Montevideo.

La versión de Moreira

Las actas del tribunal muestran la respuesta que en su momento ofreció Moreira, quien decía estar amparado por el artículo 127 de la ley que establece que no podrán hacer uso de los beneficios quien pueda realizar las explotaciones con sus propios recursos.

Por eso Moreira inició una acción jurisdiccional y otra civil para demostrar que nunca debió haber sido considerado colono y adecuar los términos del acuerdo. Durante todas las sesiones, Moreira siempre argumentó que lo suyo fue un “negocio común”.

Moreira fue sancionado dos veces por esta situación antes de llegar al tribunal de honor y siempre concluyó que al firmar el documento con el INC no se ajustaba a su situación pero siguió adelante porque Colonización ya le había dado el campo.

Así las cosas, el tribunal concluyó que “un oficial de su jerarquía, con capacidad intelectual y con experiencia de mando no podía haber firmado, ni aún inadvertidamente, un compromiso que le imponía obligaciones que no podía cumplir”. Por eso, entendieron que Moreira comprometió su prestigio como oficial y el de la fuerza que integraba, con el agravante de que era un jefe y que en los años posteriores a la compra no se regularizó la situación.

Por otra parte, los coroneles que lo juzgaron admitieron que el INC proporcionó material de “poca claridad” y señalaron la “falta de celo” del instituto en reclamar el cumplimiento de la ley y permitir el acuerdo en esas condiciones. Moreira apeló la sentencia del tribunal, pero el fallo se mantuvo porque se entendió que no hubo aporte de nuevos elementos.

El periódico consultó a Moreira, quien destacó que la sanción no fue grave y no afectó su carrera y adjudicó la intervención a sus “fuertes diferencias personales” con el entonces comandante Chiappe Posse. “Me comí un garrón”, resumió.