El Poder Ejecutivo fijó un límite de un año para que los 14 ministerios hagan una reestructura en lo organizacional y en los puestos de trabajo, algo que estaba contemplado en el artículo 8 de la Ley de Presupuesto votada en 2020 y que ahora se oficializó mediante un decreto. Este último, firmado el 14 de junio por el presidente Luis Lacalle Pou, apunta a que se busca optimizar recursos y procesos, así como eliminar “aquellas actividades que no agregan valor para el ciudadano”.
“Las estructuras organizativas y de puestos de trabajo vigentes de los Incisos de la Administración Central necesitan actualizarse a fin de habilitar un Estado más eficaz en su accionar regulador y prestador de servicios esenciales a la sociedad, incrementando su calidad sin aumentar sus costos”, señala el documento de Presidencia.
El Poder Ejecutivo sostiene que la estructura organizativa “debe proyectarse centrada en el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los ciudadanos, bajo modernos fundamentos técnicos y acentuando la funcionalidad de las actividades”. A su vez, “debe alinearse con la estructura organizativa y permitir el desarrollo de la carrera administrativa”.
Este decreto debe leerse dentro del proceso de reestructura del Estado y la carrera funcional, que pretende impulsar la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), que lidera Conrado Ramos. El jerarca pretende que en la próxima Rendición de Cuentas, que el gobierno debe enviar al Parlamento a fin de mes, se incluyan los artículos referidos a los cambios en la carrera funcional, que a último momento fueron retirados de la discusión del proyecto del año pasado.
El decreto de Presidencia marcó siete lineamientos para que los ministerios hagan los cambios. Por ejemplo, “enfoque en políticas y optimización de procesos que generen valor público para la ciudadanía, centrado en los resultados de la gestión en términos de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia”; “identificación inequívoca de los productos o servicios finales a proporcionar a la sociedad en su conjunto con especificación de los beneficiarios, condiciones de prestación y costos directos e indirectos asociados, basados en metas cuantificables y observables”, como también la “mejora en la calidad de los servicios prestados en términos de satisfacción de la ciudadanía, con foco en la pertinencia, los costos, la oportunidad y el tiempo”.
Por otro lado, se busca la “optimización de los recursos y procesos para la mejor toma de decisiones eliminando aquellas actividades que no agregan valor para el ciudadano”; aprovechar “las capacidades existentes, potenciales y necesarias para el mejor diseño de la Organización”. Asimismo, señala que haya una “creación de un clima laboral que ofrezca oportunidades de promoción, creatividad, proactividad, compromiso, participación y pertenencia, fomentando el sentido de servidor público”.
Sobre los costos, el decreto apunta que la nueva estructura organizativa y de puestos de trabajo de cada inciso “no incrementará el costo de los vínculos laborales con el Estado al 1º de enero de 2020”. En tanto, en uno de los artículos del decreto crea el Comité Ejecutivo para el Rediseño Organizativo (Cepro), con el cometido de “implementar y dar continuidad al proceso de actualización y racionalización de estructuras organizativas y de puestos de trabajo”.
El Cepro estará integrado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el director de la ONSC, Ramos, “quienes podrán hacerse representar por funcionarios de su dependencia”.