“Quienes luchan penando”*: la oposición al Golpe de Estado desde Juan Lacaze

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El 27 de junio se cumplirá un nuevo aniversario del golpe de Estado que encabezó Juan María Bordaberry en 1973, hasta ese momento presidente constitucional. Fue apoyado por militares, políticos colorados y blancos y diversos grupos sociales y económicos. La medida despertó, como es conocido, rechazos dentro del Partido Colorado, por el que fue electo, de amplios sectores del Partido Nacional, el Frente Amplio y otros sectores de izquierda, de militares, referentes sociales y religiosos, de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

El “paquete” de decretos también disolvió las 19 juntas departamentales. Esa medida, por lo general menos recordada, afectó a 589 legisladores departamentales que integraban, junto con los intendentes, los gobiernos departamentales. La amplia mayoría de los intendentes optó por aceptar la propuesta de Bordaberry y permanecer en sus cargos, a pesar de la inconstitucionalidad que suponía. El intendente de Rocha, Mario Amaral, y sus suplentes decidieron renunciar a sus cargos en rechazo al golpe, en coincidencia con otros jerarcas que ocupaban cargos en distintos ámbitos del gobierno.

Si bien mis investigaciones suelen centrarse en lugares alejados de Montevideo, concretamente Durazno y Colonia, los problemas históricos que estudio no están circunscritos a esos espacios; no son “localistas”. Mejor dicho: intento que no lo sean, y para hacerlo, utilizo, como hacen otros colegas, herramientas metodológicas del Microanálisis y de la Nueva Historia Local. Eso me permite, por un lado, manejar distintas escalas, que van desde lo más local hasta lo más “universal”, o a la inversa, y, por otro, analizar sujetos, lugares y procesos en buena medida desconocidos o descritos, en muchas ocasiones, sin rigor ni respaldo empírico o conceptual.

La fecha convocante entonces –el 27 de junio– servirá para dar cuenta de ciertas actitudes de oposición al golpe de Estado y la dictadura que se implantó. En este caso, abordaré el periódico Claridad, de Juan Lacaze,¹ fundado en 1964 por Norberto Costabel (1935-2018), periodista integrante de la directiva de la Organización de la Prensa del Interior (OPI), dueño, desde fines de la década de 1960, del periódico El Eco de Rosario y luego del vespertino El Eco en Montevideo (se editó desde setiembre a fines de diciembre de 1971). Tiempo después, también en Montevideo, dirigió Última Hora, clausurado en agosto de 1973, ya en dictadura.

Sobre la “resistencia” al golpe de Estado se ha investigado y divulgado desde distintos ámbitos y con variados enfoques. La huelga general que organizó la CNT es, con razón, un caso paradigmático. Otras acciones que se desarrollaron en ese contexto han sido menos estudiadas o, sencillamente, son desconocidas, como la renuncia de Amaral y sus suplentes, las sesiones de las juntas departamentales de Florida y Soriano realizadas el 27 y 28 de junio, a pesar de su clausura, para que los ediles que se oponían al golpe de Estado dejaran claro tanto su postura como la de quienes no asistieron.²

Martín Bentancor definió al “interior profundo” como una entelequia en la contratapa de El Zambullidor de Luis do Santos. Es lo que tienen los buenos escritores: son precisos y claros. Generalmente, en Uruguay se usa la idea del “interior” como un lugar homogéneo, estático y con características opuestas a Montevideo. La comparación, a pesar de su insistente uso, es compleja y, sobre todo, bastante problemática si lo que se busca es comprender procesos sociales, sean actuales o históricos. Afirmar, o dar por sentado, que hay “un Montevideo” y “un interior”, no sólo es impreciso: es una simplificación que favorece discursos e imaginarios esencialistas que se nutren de esos lugares comunes. Por otra parte, evita utilizar categorías de análisis y conceptualizaciones enriquecedoras cognitivamente y sustentadas teóricamente.

Dicho todo lo anterior, es tiempo de comenzar el análisis. Uno de los historiadores que ha estudiado el nazismo, el inglés Ian Kershaw, propone utilizar el concepto de oposición –en lugar de resistencia–, porque considera que es menos emotivo y más descriptivo. Complementa esa idea, para nada menor en mi opinión, con la sugerencia de tener en cuenta las disidencias: aquellas acciones que podrían convertirse en oposición.

Lo que propongo es conocer algunas de las estrategias de comunicación que puso en práctica el periódico Claridad para lograr transmitir su rechazo al golpe de Estado y articular mensajes opositores, aun con las restricciones que pesaban sobre la ciudadanía en general, y sobre la prensa en particular. Es oportuno recordar, en ese sentido, que desde el 27 de junio el Poder Ejecutivo elaboró decretos que prohibían –y castigaban– la atribución de fines dictatoriales a las medidas que tomaba y que cada regimiento o batallón militar notificaba periódicamente esas imposiciones a los medios de comunicación.³

La información partidaria

“Acuerdo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Hay también coincidencias con importantes sectores colorados”, fue el enorme titular con el que se explicaba que existían diálogos entre Amilcar Vasconcellos, Wilson Ferreira Aldunate, Liber Seregni, Jorge Batlle y Carminillo Mederos, a comienzos de julio de 1973. Sin entrar en detalles sobre qué implicaban en términos políticos –porque estaba prohibido– esas supuestas coincidencias, se buscaba mostrar a líderes partidarios unidos a pesar de su diversidad ideológica (no fue inocente el orden en que aparecían nombrados) (3/07/1973: 1 y 8). En siguientes ediciones se informó que, desde Buenos Aires, el líder blanco apoyaba la declaración conjunta que habían hecho pública el Partido Nacional y el Frente Amplio: se abría la expectativa, aunque ya se notaba que los sectores colorados opositores no la acompañaban (Claridad, 5/07/1973: 1).

La “5ª columna” fue un espacio creado en la contratapa para publicar noticias políticas permitidas, por ejemplo, la “ola” de renuncias que se sucedían en cargos de gobierno, en el cuerpo diplomático, en el Conae, entes autónomos y ministerios, la no aceptación de designaciones para ocupar cargos vacantes y las detenciones. Al mismo tiempo, se les dedicó un espacio muy considerable de la contratapa (las tres cuartas partes) a los pronunciamientos realizados por el obispo católico y el Presbiterio de las Iglesias Evangélicas de Montevideo. Por separado, ambos coincidían en un llamado al diálogo y la paz; y, para cumplir con esos objetivos, se ponían al servicio de las autoridades y de las comunidades, sean o no religiosas (10/07/1973: 8).

El fin de la huelga general dio lugar, entre otras cosas, a nuevas detenciones. Se destacaron las de los exmilitares y frenteamplistas Liber Seregni, Carlos Zufriategui y Víctor Licandro. Las posibilidades de una salida conjunta se difuminaron: Unidad y Reforma de Juan Lacaze hizo pública su adhesión a lo manifestado por Julio María Sanguinetti a El País días antes y reproducido en Claridad: negaba toda vinculación política con el Frente Amplio y sostenía que tenía entendido que hubo “conversaciones adelantadas” entre ese partido y el grupo Por la Patria, pero: “Nosotros no tenemos nada que ver con ese entendimiento” (14/07/1973: 3).

En tanto, a modo de reafirmación del acuerdo que parecía gestarse entre blancos y frenteamplistas, el periódico publicó la “Plataforma de soluciones nacionales” en la que se reclamaba respetar la democracia y la Constitución para salir de la dictadura al tiempo que la convocatoria a la participación no era cerrada, más bien al contrario (14/07/1973: 8). Por eso es posible interpretar que no eran los contenidos los que explicaban la falta de acuerdos, sino lo que suponía, en términos políticos (y electorales), la alianza que podía gestarse.

Además, parecía concretarse otro acuerdo, denominado por sus integrantes “Frente Democrático” (el nombre era toda una valoración del otro frente). Según Claridad, lo integrarían grupos que “apoyaron al actual gobierno en su gestión hasta el 27 de junio”: Unidad y Reforma, la Lista 315 y “personalidades de El Día”, el grupo de Washington Beltrán, dirigentes del Aliancismo y del Heberismo, en “franca rebeldía con sus grupos partidarios, dispuestos a seguir colaborando con la actual situación” (21/07/1973: 2).

Más allá que las alianzas que medios como Claridad anhelaban y difundían, la información permite conocer que el arco opositor, en ese intenso julio de 1973, era particularmente variado y que había generado rupturas, incluso, en sectores que habían apoyado, con distintas intensidades, a Bordaberry en su etapa constitucional. Sin embargo, ninguna se consolidó y las páginas del periódico dejaron de abordar el tema, aunque se continuó con la información que daba cuenta de los dirigentes que eran detenidos o liberados, y de cada partido por separado.

Críticas solapadas y represiones

Además de atacar al gobierno a través de la información sobre la suba de precios, Claridad solía emplear otros métodos. Por ejemplo, en una portada, sin un gran destaque, apareció un suelto que resumía una crónica de El Día en la que se daba cuenta del poco público que acompañó a Bordaberry en el acto del 18 de julio y la fuerte custodia que hubo: “Al retirarse del lugar el mandatario, fue ruidosamente ovacionado por unas cincuenta personas, entre adherentes a la Asociación Patriótica y el Círculo Patriótico de Montevideo que se hicieron presentes con un cartel en el que se leía ‘Adelante nuevo Uruguay’” (Claridad, 24/07/1973: 1).

Al cumplirse un mes del golpe de Estado, el periódico opinó, con apariencia “informativa”, de los asuntos clave desde el 27 de junio: suba de salarios y, días después, de la suba (más alta) de precios y tarifas, las disoluciones de los parlamentos y juntas locales, las prometidas pero aún no concretadas integraciones del Consejo de Estado y juntas de vecinos, los dirigentes políticos que habían sido detenidos y luego liberados o que, al momento, seguían presos, el proyecto de reglamentación sindical, las renuncias a distintos órganos de gobierno, como ministerios o entes, y el homenaje de Bordaberry a quien también fue presidente electo y golpista de su propio gobierno después, Gabriel Terra (Claridad, 28/07/1973: 8).

Dos días antes de esa edición, el director de Claridad (Costabel), el de El Eco de Rosario (Luis Udaquiola) y el de Centenario de Cardona (Eduardo Víctor Boga) habían sido detenidos por el Ejército. Estuvieron tres meses en los cuarteles de Colonia y Soriano. Mientras tanto, los periódicos que dirigían continuaron en su línea editorial. El motivo de la detención no fue público, pero vale la pena conocerlo. Según contaron los protagonistas, muchos años después, Costabel imprimía volantes de la CNT durante la huelga general en la imprenta de Última Hora, en Montevideo, pero tras los allanamientos, coordinaron con Udaquiola y Boga (ambos militantes del PDC) para continuar las impresiones en Cardona.

“Fuimos en un auto a Cardona [...] eran muchos volantes; unos paquetes grandes. Yo había recibido instrucciones que a su vez se las pasé al Negro [Boga] a nombre de una persona ficticia”, recordó Udaquiola. Supuestamente alguien los delató y por eso fueron detenidos.⁴ A partir de ese momento, en todas las ediciones se publicaron solicitadas sobre ellos y la falta de justificaciones oficiales, hasta que, el 9 de noviembre, se informó que habían sido liberados.

En la ciudad de Rosario funcionaba un Instituto Normal que nucleaba a estudiantes de la zona. Al comenzar agosto, se supo de la clausura, sorpresiva e injustificada, del Hogar Estudiantil. Claridad (y El Eco de Rosario) defendió a la familia que lo administraba, al director y a los profesores atacados. Lo presentó como una “conquista” de estudiantes y familias. Había sido fundado, después de un largo proceso, hacía dos años. Alojaba 18 estudiantes, pero las reformas previstas le darían capacidad para 40.

Los padres solicitaron una entrevista con el nuevo director general del Consejo de Educación Primaria, Bautista Etcheverry Boggio, quien aceptó reunirse con ellos, junto con docentes, estudiantes y representantes de instituciones culturales de Rosario. El periódico cubrió la reunión y lo criticó con dureza por confirmar el cierre del hogar y los sumarios por los que se separó del cargo al director, Omar Pita, quien llevaba más de 20 años en la tarea. También cesaron, por la misma vía, a la docente Marta Mercklen.

Mientras Costabel y Udaquiola estuvieron detenidos, Claridad y El Eco de Rosario atacaron con dureza, como lo hacían desde antes del golpe de Estado, a los integrantes de “la Rosca”. Al no poder referirse –críticamente– al presidente o a las Fuerzas Armadas, el margen era acotado y los contenidos, seleccionados cuidadosamente. Por ejemplo, algo que ha dado lugar a controversias y ataques en reconstrucciones posteriores sobre el período: los comunicados 4 y 7 emitidos por el Ejército en febrero de 1973. Claridad demandaba que se pusieran en práctica algunos de sus contenidos. A mediados de setiembre, un largo artículo ubicaba, al empezar, a Uruguay como “el único país de América Latina por debajo de Haití”, que producía, por año, menos o igual riqueza. Continuaba: “Hay quien establece que los males del país son el comunismo, y en el accionar de los partidos políticos en particular en el Parlamento. Ni una palabra sobre los grandes estancieros que tienen en los últimos 30 años estancado su producto o en retroceso en el último quinquenio, y practican libremente el contrabando”.

Esos “grandes males” de Uruguay, que “sufre y paga el pueblo”, no hacían referencia a los comunicados. Para el articulista, “eran limitados, pero tenían mucho de positivo”, pero en seis meses se había hecho todo lo contrario: “Se niega la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, es decir, lo contrario al comunicado 4. No prosperó el Seguro de Salud en contra del comunicado 7. Nada efectivo en contra de la desocupación y la emigración masiva. Mientras en Juan L Lacaze, “Campomar y Soulas SA” está trabajando con menos de la mitad de su personal; con 53 despedidos y el resto en el seguro de paro. De las reformas profundas ni se habla, ¿y la Reforma Agraria que se mencionó? Queriéndolo o no, no estarán siendo retrotraídos “a la superada época de ser el brazo armado de intereses económicos y políticos” (comunicado del 8 de febrero de 1973) (Claridad, 13/09/1973: 3).

La postura era precisa y no daba lugar a dobles interpretaciones: se demandaban medidas basadas en los fundamentos sociales y económicos de aquellos comunicados, pero no nombraba, y era algo fundamental, quiénes lo habían publicado, en qué contexto y, sobre todo, para qué. Más allá de eso, interesa aquí mostrar el contenido de la crítica y la propuesta, que tal vez en esos momentos consideraban plausible de modificar el rumbo que llevaba el país.

Claridad ocupó varias ediciones para cubrir lo que pasaba y, de una manera cuidada pero visible, dar cuenta de sus opiniones, sobre el golpe de Estado en Chile y la dictadura en Uruguay. Su postura principal fue elogiar a Allende, quien cumplió, según el periódico, el anuncio que había hecho: lo sacarían del Palacio de la Moneda muerto.

El cierre de Claridad

Pocas semanas después de quedar en libertad, Costabel decidió que el periódico dejara de publicarse. En su extenso editorial final aclaró: “Pretendemos que a partir de hoy nuestro silencio sea también y de alguna forma una expresión, un pronunciamiento que recuerde a muchos propensos al acostumbramiento fácil en qué Uruguay estamos viviendo” (28/11/1973, pp. 1 y 3). La persecución y la amenaza de violencia estatal también forman parte de las estrategias para generar consenso, ya que buscan la desmovilización, el silencio y la reclusión en los ámbitos privados.⁵ Además, la crisis económica que atravesaba el país, y Juan Lacaze en particular, seguramente disminuyeron la cantidad de anunciantes y lectores, fundamentales para el periódico.

El breve e incompleto recorrido por las páginas de Claridad durante los primeros meses de la dictadura mostraron la variadísima información que brindaba a sus lectores, una línea editorial de izquierda, cercana en muchos aspectos a los lineamientos del Partido Comunista del Uruguay, pero que buscaba mostrar y tejer alianzas incluso más allá de la izquierda. Creo que la coyuntura elegida constituye un objeto valioso para analizar desde una perspectiva microanalítica. Por otra parte, abordar sus contenidos permite no sólo conocer las realidades de Juan Lacaze y Colonia sino también de un estilo de prensa escrita en una ciudad que no es ni la capital del país ni la del departamento.

Claridad empleó una manera particular de oposición contra un régimen que prohibía hacerlo y que castigaba duramente a quienes lo hacían. Analizarlo es una puerta de entrada interesante e inexplorada a los estudios sobre actitudes sociales bajo regímenes autoritarios, no sólo en ámbitos locales.

Lo visto hasta aquí da cuenta de un conjunto de experiencias, entre tantas otras, en un espacio acotado y, justamente, por eso enriquecedora desde el punto de vista histórico. Las acciones contra el golpe de Estado y la dictadura fueron (al igual que las de apoyo) variadas y tuvieron consecuencias para una cantidad incalculable de personas, quienes, como pudieron, lucharon penando.

Javier Correa Morales es docente del Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Udelar). La tesis de doctorado (en curso) se titula: Proyectos municipales, actitudes sociales, y dictadura civil militar en Uruguay en los departamentos de Durazno y Colonia, 1973-1985.

(*) Parte de la frase pertenece a la canción “Palabreos con Sara Cata”, de José Carbajal y Andrés Eloy Blanco.