El proyecto de Rendición de Cuentas plantea la militarización de la Guardia Republicana, que pasa a ser considerada una “fuerza intermedia”. Una fuerza intermedia tiene competencias de seguridad interna, como tiene la Policía, y de defensa nacional, es decir, competencia militar. Es el caso, por ejemplo, de la Gendarmería en Argentina. En el proyecto se indica que esta fuerza pasará de depender del ministro del Interior a depender del Director de la Policía Nacional.
Se establece que un porcentaje del valor de los bienes recuperados por la Policía que estén asegurados y cuyos “dueños” sean imputados como autores, cómplices o encubridores de los delitos contra la propiedad será destinado a los policías que intervinieron en el procedimiento que fue incautado. También se plantea que los vehículos incautados en procesos judiciales no vinculados con estupefacientes serán puestos a disposición del Ministerio del Interior.
Se crean 700 cargos para agentes de la Policía, el grado más bajo. También se crean 100 cargos de Bomberos para el “combate de fuegos y siniestros”. El reclamo para esta área era de 260 cargos.
En cárceles, se establece que la dirección del Comcar y del Penal de Libertad puede ser asumida por alguien externo a la institución, no necesariamente operador o policía. Será un cargo de particular confianza, con el sueldo acorde a ese rol.
Se adjudican 202 millones de pesos para construir la cárcel de Artigas y se destinan fondos a aumentar plazas en Treinta y Tres, en el marco del Plan Dignidad, aunque no se plantea que haya presupuesto destinado a generar políticas de rehabilitación o mejoras en la calidad de vida.
Sanidad Policial deja de hacerse cargo de las cárceles de Canelones y Maldonado y las asume la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), manteniendo el resto de las cárceles del interior con excepción de Rivera, que ya dependía de ASSE.
La Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida se jerarquiza y pasa a ser la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida.
Se amplía el número de autoridades que pueden realizar intimaciones al constatar “ocupación indebida de espacios públicos”. Antes, podían hacerlo autoridades policiales, municipales y departamentales. El proyecto propone sustituir autoridades policiales por nacionales, lo que implica a todas las autoridades del Ejecutivo, entre ellas las fuerzas que responden al Ministerio de Defensa Nacional.
Se plantea elevar la pena para el delito de asistencia al delito, que era de 12 meses de prisión a dos años de penitenciaría, a una pena de dos a seis años de penitenciaría.
Código del Proceso Penal y Fiscalía General de la Nación
El proyecto propone varios cambios en el Código General del Proceso y en el Código del Proceso Penal, en el inciso de la Fiscalía General de la Nación, entre los cuales se destacan algunos referentes al rol de las víctimas en el proceso, se establecen nuevos procedimientos para notificación a las víctimas, y la posibilidad de que la Fiscalía y el Poder Judicial acuerden a través de convenios con universidades la defensa de las víctimas –en los casos en los que no puedan acceder por su nivel de ingresos a la defensoría pública–.
Además, se precisa que la víctima podrá proponer prueba en la audiencia de control de acusación, en etapa de juicio oral, y tendrá los mismos derechos que las partes en el diligenciamiento y producción de la prueba. También se establece que la víctima podrá recurrir al juzgado en caso de que se le niegue el acceso a la carpeta de investigación, algo hasta ahora restringido al imputado y la defensa.
Otro de los cambios planteados en el proceso penal está vinculado con los procedimientos de interceptación y grabaciones en la investigación penal, habilitando que la vigilancia se extienda, por orden del juez, durante todo el período de la investigación. Actualmente, el plazo es de seis meses.
Se establecen nuevos mecanismos para la subrogación del fiscal de Corte, con modificaciones en el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Fiscalía. El proyecto propone que la subrogación al fiscal adjunto de Corte, si es mayor a 30 días, sea propuesta por el fiscal de Corte, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la ley orgánica.
También se crea, además de las fiscalías especializadas en materia de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, una Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, adonde serán derivadas las causas vinculadas a esos delitos que por la Rendición de Cuentas de 2020 fueron asignadas a las fiscalías especializadas en delitos de estupefacientes.
Se crea una nueva fiscalía especializada en estupefacientes en Montevideo y se designan cuatro nuevos cargos para las fiscalías departamentales con turnos únicos. Se crean cinco cargos para psicólogos o trabajadores sociales para la Unidad de Víctimas y Testigos.
Violencia de género: tres fiscalías especializadas y recursos
Pese a las aspiraciones de la Suprema Corte y al reclamo de colectivos feministas, el proyecto no contempla la creación de nuevas sedes judiciales para esta materia.
El proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento ayer asigna algunos recursos para atender la problemática de la violencia de género en el país. Por un lado, en el artículo 375 se contempla la creación de tres nuevas fiscalías departamentales especializadas en violencia de género a partir del 1º de julio de 2023. El texto establece que la Fiscalía General de la Nación será la que determine la ubicación y la fecha de instalación de estas sedes, así como “la distribución de los expedientes en trámite”.
Por otra parte, destina presupuesto a los “gastos de funcionamiento de los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia especializada en materia de violencia hacia las mujeres basada en género”, según dispone el artículo 339. Es decir, crea recursos para los juzgados que ya existen, pero no para la instauración de nuevas sedes, una aspiración a la que apuntaba la Suprema Corte de Justicia. La creación de nuevos juzgados especializados en violencia de género, tal como mandata la Ley 19.580, es además una de las principales reivindicaciones que impulsan los colectivos feministas desde que esa norma fue aprobada, a fines de 2017.
El Presupuesto Nacional 2020-2024 prevé la creación de los primeros tres juzgados especializados en el interior del país. Sin embargo, hasta la fecha sólo se concretó uno, el de Maldonado, que empezó a funcionar en San Carlos en febrero de este año. Está previsto que el próximo se instale en Rivera, posiblemente en julio, y el otro en Salto, en una fecha que todavía no está definida.