El Cuesta Duarte, instituto de investigación y formación del PIT-CNT, emitió un informe con las “primeras reflexiones en relación al proyecto de Rendición de Cuentas” del gobierno, que ya comenzó a analizar el Parlamento. Allí se indica que “entre 2019 y 2021 se verificó una caída en términos reales de 4,2% en los montos presupuestales ejecutados” entre la administración central y otros organismos estatales y que, “sin el efecto de la inflación y tomando el valor actual del dólar, dicha caída se corresponde con unos 333 millones de dólares a precios de 2021”.
Luego se destaca que “de los 333 millones de dólares menos que se ejecutaron, 171 provinieron de recortes a los rubros que comúnmente se engloban como Gasto Público Social”, lo que incluye a la enseñanza, la salud y la vivienda, con una caída “del orden del 4,3% en términos reales”. “El presupuesto ejecutado para la enseñanza en 2021 fue aproximadamente 4,8% inferior en términos reales al de 2019. En salud, el recorte en igual período fue de 2,3%, y en vivienda del orden del 5,3%”, indicó el Cuesta Duarte. Así las cosas, el gasto presupuestal en términos del producto interno bruto (PIB) “pasó de representar el 27,2% en 2019 a ser equivalente al 26,5% en 2021”.
El informe dedica un apartado a la inversión pública “por su impacto en la actividad económica del país”, ya que “es altamente generadora de empleo, a la vez que si se la dirige de manera estratégica, genera incentivos para la inversión privada”. Señala que en los primeros 27 meses de la actual administración “la reducción de inversiones del gobierno central y las empresas públicas asciende a 384 millones de dólares en la comparación con los primeros 27 meses de gestión de la administración anterior”, y que “146 millones afectaron al gobierno central y 238 a las empresas públicas, donde ha sido claramente más notoria la disminución en cuanto a inversiones”.
A su vez, con respecto al incremento presupuestal propuesto para 2023, que es de unos 226 millones de dólares en distintos rubros, el Cuesta Duarte señala que “los fondos propuestos ni siquiera revierten en su totalidad los recortes efectuados en los años previos”, e incluso “son menores como porcentaje” del PIB, “si se tiene en cuenta el crecimiento que tendrá la economía entre 2019 y 2023”.
Sobre algunas distribuciones de fondos en particular, el informe del Cuesta Duarte señala que “la Universidad de la República (Udelar) no recibió ningún incremento” en este proyecto “y su pedido (del orden de los 35 millones de dólares) fue completamente desestimado” por el gobierno. “Los bajos salarios docentes (los menores entre los organismos públicos de la educación), el incremento sostenido de la matrícula universitaria y la relevancia para el país de que la misma siga aumentando, son indicadores claros de que sin mayor presupuesto se está poniendo en jaque el funcionamiento normal y deseable de la Udelar, la que explica el 80% de la formación terciaria en el país”, apunta el texto, que también indica que si no se encuentra una compensación por la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, habrá “una caída del orden de los 15 millones de dólares en el presupuesto universitario anual”.
En otro tramo del informe referido a la enseñanza, se indica que, “aunque el gobierno lo calificó como una de las prioridades en la asignación, los 45 millones asignados” a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “están muy lejos” de lo solicitado por el organismo, y “el presupuesto educativo viene perdiendo peso en el producto total, alejándose cada vez más de la aspiración de destinar seis puntos del producto a la educación, tal como reclaman los gremios de la enseñanza desde hace varios años”.
Por otro lado, en un apartado referido al empleo, el Cuesta Duarte recordó que, “según las proyecciones gubernamentales, el crecimiento económico vendría acompañado de mejoras” en este rubro, lo que “es fundamental dado que el empleo ha sido la variable que ha permitido amortiguar, al menos parcialmente, la disminución en el ingreso real de los hogares asociada a la caída salarial y de las pasividades”. En este sentido, el informe señala que, “en el segundo semestre de 2021, el crecimiento del empleo fue bastante dinámico, y en el promedio anual se recuperaron casi la totalidad de los puestos de trabajo perdidos en 2020. Incluso en el último trimestre de 2021, varios indicadores del mercado de trabajo mostraban mejores registros que los que habían exhibido durante el último trimestre de 2019, antes de la pandemia”.
“Para este año, el gobierno prevé la creación de unos 40.000 puestos de trabajo en promedio respecto a 2021, lo que implica un aumento del empleo del orden del 2,5%”, dice el informe, y agrega que “si en lo que resta del año se mantiene el empleo en los mismos niveles de los primeros meses, es plausible la creación de los puestos de trabajo anunciados”. Sin embargo, el documento advierte que “muchos de los puestos de trabajo que se han creado para compensar la fuerte caída del empleo” en 2020 “son de muy mala calidad”, y aquí se incluyen los llamados Jornales Solidarios, que tienen “una alta precariedad (tanto en materia de ingresos como por su transitoriedad)”.