La semana pasada, en dos jornadas, el Instituto Juan Pablo Terra presentó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar) las cuatro investigaciones realizadas en el marco del concurso Juan Pablo Terra, edición 2021. Los trabajos premiados con la financiación se desarrollaron entre setiembre de 2021 y mayo de 2022, “con foco en los sectores más vulnerables, la igualdad y la no discriminación, enmarcados en el compromiso de Naciones Unidas [ONU] de ‘No dejar a nadie atrás’”, según informó el instituto en su portal web.
Se destaca que los estudios son “una contribución al conocimiento de la realidad” del país y a la “formulación de políticas públicas, con una mirada de mediano y largo plazo, con énfasis en la inclusión social y atención a los grupos más vulnerables, de acuerdo con la herencia intelectual de Juan Pablo Terra y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Las investigaciones presentadas fueron “Juventudes afrodescendientes. Elementos discriminatorios distintivos dentro y fuera de las aulas”, de Aldana Luccini, Mariela Moreno, Paula Falero y Tania Ramírez; “Trayectorias educativas del alumnado con discapacidad en el sistema educativo formal”, trabajo coordinado por Leticia Albisu; “Diversidad de la dieta de mujeres en edad fértil y seguridad alimentaria en hogares con menores de 18 años”, investigación coordinada por Florencia Ceriani; y “El proceso de inclusión social de las personas migrantes recientes en Uruguay en relación al acceso al mercado laboral”, coordinada por Analía Correa.
La primera investigación analizó las trayectorias educativas de jóvenes afrodescendientes de 14 a 21 años, residentes de Montevideo, el Área Metropolitana y el interior (Artigas, Cerro Largo, Rivera, Salto y Tacuarembó), y entre otras cosas constató que 50,4% de los jóvenes encuestados “reconocen haber sufrido discriminación en su centro de estudio” y que “el entorno educativo es el primer contexto en donde toma lugar la discriminación racial”. “El capital social de las familias y los entornos de las juventudes afrodescendientes son condicionantes a la hora de acompañar las trayectorias educativas. Y la crisis sanitaria debida a la pandemia de covid-19, con sus propias lógicas, profundizó las desigualdades preexistentes”, resumen las autoras en la presentación del trabajo.
Por su parte, “Trayectorias educativas del alumnado con discapacidad en el sistema educativo formal” se propuso “conocer las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad tanto en centros de educación común como especial, sus tránsitos por estas instituciones junto a los procedimientos de derivación, así como sus modalidades de intervención”.
Estrategias ante la pandemia
“Diversidad de la dieta de mujeres en edad fértil y seguridad alimentaria en hogares con menores de 18 años”, “un estudio sobre cambios y continuidades en el contexto de pandemia de covid-19 en el barrio Casavalle”, encontró que 29,1% de las mujeres encuestadas “no alcanzan una diversidad dietética mínima”, que de “los diez grupos de alimentos, fueron los granos y cereales los más consumidos, siendo prácticamente universal su inclusión (96,1%)”, así como que 77,7% de las mujeres “mencionaron haber consumido carnes el día anterior”, 74,8% de las entrevistadas “declaran incluir lácteos, siendo el más mencionado el yogur”, y que la categorías de “otras verduras y frutas” ocuparon el quinto y sexto lugar. La investigación también abordó las estrategias alimenticias y económicas para enfrentar la pandemia.
Entre las constataciones aparecen el comedor escolar “como parte importante de las estrategias para la alimentación de los menores a cargo”, en la compra de alimentos “la preocupación por evitar el menudeo (compra de ‘puchitos’) y se elige salir del barrio a buscar mejores precios”, y que “el acceso a la alimentación diaria implicó, para algunos sectores de la población, una mayor exposición en el espacio público. Es decir, dejó de estar circunscripto al ámbito privado el acceso a los alimentos. No se elige ‘qué comer’ y debe existir la disposición a ‘ser visto’ por ‘los otros’”.
En las consideraciones finales, se destaca que las mujeres “que vieron resentidos sus ingresos durante la pandemia fueron quienes tuvieron más dificultad para alcanzar el consumo mínimo de cinco grupos de alimentos”, que el “consumo por grupos de alimentos mejora según edad de la mujer, menor cantidad de menores a cargo y nivel educativo”, que frente a “las incertidumbres, o preocupaciones, primero se excluye la variedad, y luego la cantidad [de los alimentos]”, que las mujeres “admiten postergarse cuando se trata de optimizar los alimentos disponibles, priorizando a los menores e incluso a sus parejas varones”, que la alimentación de estas mujeres “aparece entonces como un tópico de segundo orden en sus discursos”, y que “la presencia de niños en el hogar y la atención depositada en ellos, sumado a las restricciones económicas, se configuran como capas que obstaculizan y postergan su alimentación”.
El último trabajo se propuso analizar el proceso de inclusión social de migrantes recientes en Uruguay, provenientes de Cuba, Venezuela y República Dominicana, “en función de la incorporación al mercado laboral y la implicancia que tiene el rol del Estado en este proceso desde el diseño y la ejecución de la política pública”. Entre los hallazgos, se destaca que más de 85% de los participantes en la investigación “expresan que el acceso al mercado laboral es determinante o incide parcialmente en el proceso de inclusión social”, que es un “agente socializador”, un “mecanismo para el acceso a la vivienda” y un “puente a las políticas universales (salud, derechos laborales –seguro de paro–)”.
Entre las recomendaciones con las que concluye la investigación están la generación de una aplicación que contenga “toda la información relevante” sobre el acceso del mercado laboral uruguayo, la instalación de “puntos migrantes” digitales en universidades, ministerios, intendencias, bancos y centros comerciales, fortalecer las redes interpersonales “a través de espacios de encuentros para la generación de recomendaciones laborales, entre personas migrantes recientes y antiguas, y entre población migrante y población uruguaya”, y “fortalecer el acceso al mercado laboral de trabajadores y trabajadoras independientes, a través de emprendimientos asociativos o individuales”.
La cuarta edición del concurso contó con el apoyo de la Coordinación de la ONU en Uruguay, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Udelar, y el auspicio de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional.