En junio de 2014, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia abrió al público sus archivos diplomáticos. Solicitó a investigadores del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de la Universidad Sorbona Nueva-París 3 que revisaran la documentación y establecieran un programa de trabajo con miras a la realización de un coloquio internacional. Este finalmente tuvo lugar en París en octubre de 2016, y se denominó “Archivos de las dictaduras sudamericanas. Los espacios y lugares de revelación de los conflictos, entre derecho al olvido y derecho a la verdad”.
En el caso de Uruguay, accedieron a los archivos, entre otros investigadores, el historiador Lorenzo Jalabert D’Amado, el arqueólogo José López Mazz y el sociólogo Denis Merklen, que bucearon en las comunicaciones entre agentes y los documentos generados por las representaciones diplomáticas de Francia en países del Cono Sur correspondientes a las décadas de 1960 y 1970. Las ponencias presentadas por los tres en aquel coloquio forman parte del libro La dictadura desde Francia, que se presentó el miércoles en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
El libro se presenta como “un aporte más” al estudio de la dictadura y sus años previos en Uruguay, a partir del análisis de “fuentes documentales nuevas que puedan contribuir a paliar los silencios relativos de los archivos uruguayos”.
Las Fuerzas Armadas: un conjunto diverso
Uno de los aspectos interesantes que releva el libro es la percepción que los diplomáticos franceses tenían de las Fuerzas Armadas uruguayas. Lejos de verlas como un grupo homogéneo, destacaban las tensiones, divisiones y diferencias de enfoque entre militares. En particular, uno de los embajadores de la época, Jean Français, divide a las Fuerzas Armadas de los años previos al golpe de Estado en tres grupos principales. En primer lugar, el que se denominó “peruanista”, en referencia al régimen del general Velasco Alvarado de Perú, que tomó el poder a partir de un golpe de Estado. Alvarado combinó una postura antiimperialista y sensible a las cuestiones sociales con un fuerte anticomunismo. Según las estimaciones del embajador, los peruanistas constituían 30% de los efectivos de las Fuerzas Armadas uruguayas y estaban representados principalmente por los jóvenes oficiales. El jefe y “cerebro” de la facción era el coronel Ramón Trabal, entonces jefe de la inteligencia militar, y otro de sus representantes era Gregorio Álvarez, a la postre dictador entre 1981 y 1985.
En segundo lugar, el embajador identifica el grupo de los “brasileños”, que estima que constituían 10% de los efectivos, representado fundamentalmente por los más altos rangos de la jerarquía militar, partidarios de un nacionalismo conservador inspirado en el modelo de Brasil y el golpe de 1964 en ese país. Este grupo combinaba el anticomunismo y el conservadurismo político con una “permeabilidad religiosa con los sectores católicos más tradicionales” y un “vínculo privilegiado con Estados Unidos”. El general retirado Mario Aguerrondo, que luego tuvo una participación decisiva en la organización del golpe de Estado, y el general Esteban Cristi estaban dentro de este grupo.
Por último, el 60% restante corresponde a la categoría de los “indecisos”, según el embajador, y dentro de ellos ubica al grupo de militares legalistas.
Français entiende el levantamiento militar de febrero de 1973 y los comunicados 4 y 7, de impronta peruanista, como la respuesta del sector peruanista ante “los intentos del Poder Ejecutivo de desposeerlos de los asuntos de represión del fraude económico, que querían asumir”, consigna el libro. Al embajador le sorprende “cierto grado de complicidad con los golpistas de los sectores políticos de izquierda y de los sindicatos” en esa época.
El diplomático evalúa el golpe de Estado de junio como un cambio en el equilibrio interno de las Fuerzas Armadas en favor de los “brasileños”, en el que pueden “haber incidido presiones de Estados Unidos, Brasil y la burguesía local”, pero que se debió “esencialmente al éxito del presidente [Juan María] Bordaberry en sus esfuerzos por dividir a los militares, navegando entre las diferentes corrientes del ejército, así como en la alianza que logró forjar con sus sectores más conservadores”, consigna el libro.
La documentación muestra también que las alertas en la diplomacia francesa por un posible golpe de Estado en Uruguay se remontan a mucho antes de 1973. En una nota fechada el 6 de agosto de 1964 se advierte que “ciertos grupos de extrema derecha, tanto civiles como militares, alentados por los ‘servicios’ norteamericanos y estimulados por el ejemplo brasileño, están considerando un golpe de Estado que pondría en marcha un gobierno militar. Según algunas informaciones procedentes de fuentes comunistas, el general Aguerrondo, antiguo jefe de la Policía, dirigiría el complot de la derecha, que contaría con el apoyo de varios generales y de dos miembros del Consejo Nacional de Gobierno. La embajada de Estados Unidos apoya firmemente el movimiento e incluso habría efectuado envíos de armas camufladas de formas diversas”, señala la documentación diplomática.
Además, hay hechos y circunstancias mencionados en los archivos que para los autores dan cuenta de antecedentes del Plan Cóndor, en materia de coordinación de los servicios represivos para perseguir a los opositores fuera de fronteras. “Estas actividades estaban asociadas a operaciones de contrainteligencia llevadas adelante por militares de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil con los servicios de Estados Unidos”, detallan.
El enigma Trabal continúa
La documentación hallada no arroja información sobre la autoría del asesinato del coronel Ramón Trabal el 19 de diciembre de 1974, pero da pistas acerca de las motivaciones. Trabal, agregado militar de la embajada de Uruguay en Francia, fue asesinado en París en esa fecha y el crimen nunca fue aclarado oficialmente por las autoridades francesas. Al día siguiente, cinco militantes tupamaros fueron fusilados cerca de Montevideo y sus cuerpos fueron abandonados en las inmediaciones de la laguna de Soca.
Los autores del libro advierten que “las siete personas secuestradas en Buenos Aires, cinco de las cuales fueron asesinadas en Soca, apenas llaman la atención de la embajada de Francia en Uruguay. El embajador está al corriente de lo que sucede, pero la información está ausente, incompleta, no es motivo de preocupación ni de denuncia”. También se preguntan “por qué el Estado francés abandonó tan rápidamente la investigación sobre el asesinato del coronel Trabal”.
Para los autores, la documentación desclasificada sugiere que los asesinatos de Trabal y los “fusilados de Soca” estuvieron “destinados probablemente a garantizar la unidad del Ejército haciendo recaer sobre la guerrilla la responsabilidad de la eliminación del líder de los militares disidentes, como si hubiera una sola línea de fractura entre los militares y la subversión”.
El libro también contiene un capítulo sobre la experiencia de los uruguayos exiliados en Francia, con base en documentación y testimonios.
Durante la presentación realizada esta semana, el historiador Gerardo Caetano destacó el aporte que hace la obra al conocimiento sobre el período represivo en Uruguay, ya que “es mucho lo que se ha avanzado pero es muchísimo lo que resta por conocer”. Merklen reconoció que “algunos elementos del libro pueden ser polémicos”, pero destacó que se atrevieron a polemizar y a “presentar hipótesis que no son las que todo el mundo maneja sobre los hechos”.