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Sandra Lazo y Charles Carrera (archivo, abril de 2020).

Foto: Federico Gutiérrez

La Justicia citó a la Presidencia y a senadores del MPP a raíz del pedido de información que hicieron los legisladores sobre iniciativas privadas

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La Presidencia entregó información parcial, amparándose en la confidencialidad de la ley de reactivación económica, y los frenteamplistas insistieron con la solicitud; Charles Carrera calificó lo sucedido de “leading case

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Leído por Andrés Alba.
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Tras la respuesta parcial que brindó la Presidencia sobre las empresas que presentaron iniciativas privadas en lo que va del período, alegando confidencialidad, los senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera, Alejandro Sánchez, Sebastián Sabini, Daniel Caggiani y Sandra Lazo presentaron el jueves un nuevo escrito ante el juez letrado en lo Contencioso Administrativo de tercer turno, que convocó a las partes a una audiencia que será el martes a las 14.00.

Se trata de un nuevo capítulo de una historia que comenzó en mayo, con un pedido de acceso a la información pública que hicieron los legisladores frenteamplistas para conocer cuántas iniciativas privadas recibió el Poder Ejecutivo desde el inicio del período de gobierno al amparo de la ley de reactivación económica de la industria de la construcción (17.555), de 2002. En esa solicitud los senadores pidieron conocer quiénes fueron los titulares de las iniciativas promovidas, el objeto de las iniciativas, el estado de los expedientes y las actas de apertura de las iniciativas expedidas por la Escribanía de Gobierno.

Sin embargo, la Presidencia sólo entregó información de las iniciativas aprobadas, que al momento de la entrega de los datos eran 13, bajo el argumento de que la Ley 17.555 impide entregar información de las iniciativas que han sido presentadas pero todavía no han sido aprobadas. Ante esta respuesta, los legisladores acudieron a la Justicia para exigir la entrega de la información completa y el juez en lo Contencioso Administrativo de tercer turno, Javier Gandini, ordenó la entrega de los datos. La Presidencia otorgó la información el jueves 4, pero en esta respuesta sólo mencionó en qué organismos están actualmente los expedientes, sin detalles de los solicitantes ni del objeto de las iniciativas. 

En el último escrito, redactado por el abogado de los senadores emepepistas, Santiago Pérez, piden que se condene a la Presidencia “a entregar la totalidad de la información pública peticionada”, que consiste en la “nómina completa y detallada de las iniciativas presentadas ante Presidencia de la República, desde el 1º de marzo de 2020 hasta la fecha de realizada la petición; los datos del titular de cada una de las iniciativas, objeto de las iniciativas, identificación del expediente administrativo que tramita cada una de las iniciativas, estado actual de cada expediente y organismo al que fue destinado”.

En el texto, los solicitantes argumentan que si bien la Presidencia se amparó en el artículo 19 de la Ley 17.555, que establece que “las iniciativas privadas son confidenciales hasta su aceptación”, precisamente a efectos de mantener la confidencialidad la norma reglamentaria de esa ley “estableció el mecanismo del ‘paquete o sobre cerrado’, en el cual se incluye la información referida a la iniciativa”, y que “hay datos que no están alcanzados por dicha confidencialidad, y que por ende entran en el régimen jurídico general de publicidad, que rige respecto de la cosa pública”.

En ese sentido, los legisladores señalan que el propio Decreto 442/002 establece que en dicho sobre se establezca “una leyenda visible, en la que conste el nombre y el domicilio del participante y la referencia a ‘Procedimiento de Iniciativa Privada’”, por lo cual interpretan que se excluyen del régimen de confidencialidad “los datos de la persona participante”. “Los datos relativos a nombre, domicilio, administración destinataria, fecha de presentación, materia, y la propia acta (en la cual no consta en contenido material de la propuesta), no son parte de la esfera patrimonial del titular de la idea y, por tanto, se rigen por el régimen general de actuación administrativa”, plantea el escrito.

En último término, los senadores defienden que la interpretación del alcance de la confidencialidad debe ser “restrictiva” y “coherente con el reconocimiento por parte del legislador del principio general de actuación administrativa de transparencia recogido en diversas normas nacionales e internacionales que rigen la actuación del Estado”.

Carrera: “Es un leading case

En diálogo con la diaria, Carrera explicó que la intención de la bancada de conocer más sobre las iniciativas privadas que están en manos de la Presidencia surgió de las distintas presentaciones de las autoridades del gobierno y del propio presidente, Luis Lacalle Pou, en las que se “hacía referencia a iniciativas privadas en trámite y que tienen un impacto en política pública”, como por ejemplo el Proyecto Neptuno de OSE. “No queríamos el contenido en sí de la información porque sabemos que es información reservada, sino tener una idea de cuántas iniciativas privadas se presentaron, quiénes las presentaron, el objeto y cuál es el ministerio destinado de la política”, indicó Carrera.

El legislador recordó que cuando recibieron la primera respuesta de la Presidencia, “que llevó tiempo porque ampliaron el plazo, lo que llamó la atención es que únicamente dieron información de 13 iniciativas privadas”, ante lo cual realizaron consultas con “algunos organismos” que tienen representantes del Frente Amplio (FA), que les transmitieron “que había otras” propuestas a estudio. “Nos presentamos judicialmente y pudimos constatar que eran 130; 13 son las que culminaron el procedimiento y 117 están en trámite”, detalló.

“¿Por qué nos sirve [esta información]? Para posteriormente poder hacer un seguimiento, porque después vendrán a rendir cuentas al Parlamento y uno podrá preguntar sobre esas iniciativas, en qué situación están”, comentó Carrera, y agregó que “gracias al FA, que impulsó las leyes de información pública, el gobierno tiene que saber que hay información que es pública y que no se está violando ningún derecho de un privado al informar que presentó una iniciativa y que el Ejecutivo la está analizando”. En esa línea, el senador aseguró que seguirán con atención el avance del tema a nivel judicial y la sentencia del caso, que calificó como un “leading case”, es decir, un caso que marca un precedente o puede ser usado como guía en el futuro.

la diaria se comunicó con la Presidencia para esta nota, pero no obtuvo respuesta.

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