Luego de transitar el camino previsto por la Ley 18.446, que creó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), y no alcanzar dos tercios de los votos en dos instancias sucesivas, este jueves la Asamblea General sesionará nuevamente y elegirá a los nuevos directores por mayoría simple.
En paralelo, tal como lo habían anunciado semanas atrás, 32 organizaciones sociales presentarán este jueves ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una acción de nulidad contra la actuación de la comisión especial bicameral conformada para evaluar a los candidatos al consejo directivo de la INDDHH.
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El abogado Juan Ceretta, que representa a las organizaciones de derechos humanos, explicó a la diaria que, dado que es “un proceso prolongado en el tiempo”, solicitarán al mismo tiempo que se suspenda provisionalmente el acto administrativo que determina la elección de los candidatos. Si bien Ceretta sostuvo que no es probable que el TCA detenga la designación, buscarán hacer hincapié en “las consecuencias que tiene o tendría nombrar a candidatos que no reúnen los requisitos de la ley”.
Según Ceretta, la comisión bicameral ha incumplido con dos artículos de la ley, entre ellos, el 39, que a su entender determina que solamente podrán proponer candidatos las organizaciones sociales que participen en las sesiones extraordinarias de la INDDHH. “Aquí hay 13 candidatos propuestos por parlamentarios, que además no fueron promovidos por ninguna organización social”, apuntó.
También afirmó que no se realizó un “control del cumplimiento de los requisitos que debe cumplir el candidato a integrar el consejo directivo de la institución. Estos requisitos implican tener alta autoridad moral y experiencia en derechos humanos”.
Además, Ceretta señaló que este jueves la Asamblea General votará a “candidatos cuya legitimidad está cuestionada por parte de las organizaciones sociales. Es una responsabilidad política de cada legislador que levante la mano, pero deben saber que las organizaciones sociales han sembrado una duda razonable sobre la legitimidad de esta elección”.
El respeto de la ley
Además de apoyar la demanda de nulidad del acto administrativo, Crysol, la asociación de ex presos políticos, envió este miércoles una misiva al presidente Luis Lacalle Pou, en la que solicitó que se respete la “la letra y el espíritu de la ley 18.446”.
La organización apuntó en un comunicado que el artículo 36 de la ley “estipula muy claramente que en su integración se procurará asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación”.
Asimismo, la asociación pidió al presidente que se cumpla con el artículo 41 de la ley, que establece que es deseable que algunos directores “sean reelectos a los efectos de garantizar continuidad en la experiencia de gestión de la INDDHH”. En ese marco, remarcó que sería “sumamente valiosa” la reelección de Mariana Mota y Wilder Tayler, “que han desarrollado una labor reconocida incluso a nivel internacional”.
En diálogo con la diaria, Ivonne Klingler, integrante de Crysol, sostuvo que existe una gran preocupación por la “forma en la se resolvió el tema”, en referencia al planteo del oficialismo de elegir a cuatro candidatos y dejar que el restante fuera designado por la oposición. “La ley hace énfasis en que sean personas idóneas, que hayan trabajado en un período extendido en materia de derechos humanos y, justamente, que no tengan vinculación con partidos políticos”, apuntó.
Resaltó que las organizaciones sociales “seguirán insistiendo” sobre el tema “porque es lo que nos corresponde”. A su entender, la ley fue “malísimamente interpretada” y se terminó minimizando la importancia que tiene la INDDHH. “Cuando hay un planteo de que hay que eliminarla por parte de un partido político, el camino intermedio, lamentablemente, es minimizar su valor. Esto es minimizar su valor”, sentenció.