Sobre el filo del plazo, las organizaciones sociales presentaron este jueves un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por el proceso de selección de candidatos a la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Valeria España, abogada especializada en derechos humanos, fue quien, acompañada por integrantes de la asociación civil Ágora, entregó el recurso en lugar de Juan Ceretta, que patrocina a las organizaciones sociales.
En diálogo con la diaria, España sostuvo que presentar el recurso fue “la manifestación más clara de que expresamente las organizaciones sociales tienen un rol en la defensa de la institucionalidad pública”, como también en la “defensa de la calidad democrática del país”.
Para la profesional, los integrantes de la comisión especial bicameral que trató los nombres para integrar el Consejo Directivo Central de la INDDHH “no atendieron” los criterios “básicos” que establece la ley de creación del organismo (18.446). “Es fundamental poder, por un lado, identificar cuál es el rol que tienen las organizaciones sociales en la defensa de la propia INDDHH: entendemos que el proceder del sistema político se ha alejado de las mejores prácticas que caracterizan a Uruguay en relación al tema de la protección y defensa de derechos humanos”, afirmó.
España apuntó a la diaria que no se debe olvidar que la INDDHH es un mecanismo con el que cuenta tanto la comunidad política como la ciudadanía en general para “evitar abusos por parte del poder público”. “Entonces, cuando la INDDHH tiene que velar por esa calidad institucional, por esa protección de las y los administrados, entendemos que se pone mucho en riesgo si el procedimiento por el cual se elige al consejo directivo no tiene las características de legalidad que establece la propia ley”, expuso.
Si bien la ley expresamente exceptúa la presentación de recursos, no es así en el caso de un acto anulatorio como se presentó en esta jornada. La abogada especializada en derechos humanos insistió con que el proceder de la comisión especial no acató artículos específicos que la mandataban a elegir la nómina para la INDDHH. “Existen elementos de sobra para que el TCA se pronuncie sobre eso, y que el proceso pueda contar con todas las características de legalidad que se espera en un proceso de la naturaleza e importancia que tiene”, afirmó.
Por su parte, María Julia de Izaguirre, integrante de Ágora, dijo a la diaria que tienen “preocupación” por el proceso. En ese sentido, lamentó la “creciente crítica” que años atrás iniciaron actores del oficialismo, así como del gobierno, dirigida al organismo que hoy preside Juan Faroppa. “Cuestionan el accionar e incluso la existencia de la INDDHH, sin entender a los ombudsman a nivel mundial”, estableció.
Según De Izaguirre, al no comprender el “papel” que desempeñan los organismos de defensoría de los derechos de las personas “se cuestiona la autonomía con que esta institución actúa”. Incluso, consideró que genera “molestia” cuando la institución se pronuncia en contra de determinadas acciones que parten de diferentes organismos del Estado. “Se cree que esa postura está asociada con una postura político-partidaria, y no se comprende que lo que se está logrando es cumplir con los objetivos que, en función de los Principios de París, cumplen estas organizaciones, que son de defensa de los derechos humanos y de defensa del pueblo”, añadió.
Ceretta había dicho a la diaria que si bien cree que no es probable que el TCA detenga la designación, buscarán hacer hincapié en “las consecuencias que tiene o tendría nombrar a candidatos que no reúnen los requisitos de la ley”. “Aquí hay 13 candidatos propuestos por parlamentarios, que además no fueron promovidos por ninguna organización social”, apuntó.