El senador Alejandro Pacha Sánchez se ha transformado en los últimos años en una de las figuras más visibles del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector mayoritario dentro del Frente Amplio (FA) e históricamente liderado por José Mujica. Ahora es el encargado de las relaciones políticas para la construcción de la precandidatura a la presidencia de Yamandú Orsi.
En su opinión, en el Palacio Legislativo se está “agravando” la crispación interpartidaria y “hay una lógica en la cual todo el mundo le echa más leña al fuego”. Además, afirma que hay “profesionales del discurso del odio en el Parlamento” y “en los medios de comunicación”, pero entiende que para frenar esto el gobierno “es mano”.
Esa no es la única crítica que tiene hacia las autoridades, ya que hace énfasis en los “recortes” presupuestales y en el “fracaso” en el Ministerio del Interior (MI) de Luis Alberto Heber, jerarca que, a su entender, “se tiene que ir”. Lo que sigue es un resumen de la entrevista que brindó a la diaria.
En la presentación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la Rendición de Cuentas se estimó que con los recursos adicionales para este año y lo que resta del quinquenio habrá “casi 1.500 millones de dólares” de incremento. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
Si yo te saqué diez pesos la semana pasada y esta semana te doy cinco, no puedo decir que estoy poniendo nuevos recursos. Si uno mira el Presupuesto Nacional encuentra que el recorte del presupuesto público en 2020 y 2021 fue de 546 millones y en esta Rendición de Cuentas se colocan recursos por 226, con lo cual no está compensando el recorte que se generó. Recortar el gasto público no es bueno o malo en sí mismo, el problema es cómo se utilizan estos recursos, y este recorte es evidente en el área de la salud, en los gastos de funcionamiento de la Administración de los Servicios de Salud del Estado [ASSE] que inciden en la compra de medicamentos, y este es un reclamo a lo largo y ancho del país.
El recorte presupuestal se expresa también en la rebaja de los salarios docentes y en el corte de algunos programas muy importantes para la inclusión educativa. Esto no es eficiencia, esto es recorte y disminución de beneficios que tiene la gente. De ninguna manera se puede establecer que estamos en presencia de una política económica que está siendo eficaz, como defiende la actual ministra de Economía [Azucena Arbeleche], porque el Uruguay no tiene mejor educación, tiene peor educación; no tiene mejores servicios de salud, tiene peores; no tiene mejor seguridad, tiene peores servicios de seguridad. En definitiva, estamos asistiendo a un recorte en un contexto de crecimiento de la economía, de aumento de las exportaciones, de huracán de cola en términos de precios, pero que la mayoría de los uruguayos no lo está disfrutando; sí el malla oro –el gobierno ha sido explícito en que gobierna para ellos–, y de eso da cuenta que haya un incremento de los depósitos bancarios de 4.800 millones de dólares. El resultado de la política económica es que hoy hay trabajo pero vale menos, y por eso en Cerro Largo hay cerca de 1.800 desocupados pero se presentaron 7.000 personas para trabajar en Jornales Solidarios, y así lo podemos ver en los distintos departamentos: la gente decide presentarse para trabajar por 12.500 pesos. El único indicador que mejoró ha sido el del PIB [producto interno bruto], para que se lo apropien unos pocos.
Hubo un anuncio de que habrá mayor presupuesto en los años siguientes, y algunos senadores del FA decían que en 2024 está previsto un gasto mayor en áreas como la alimentación, lo que vincularon a la campaña electoral.
Es el carnaval electoral que está preparando el gobierno. Va a haber un carnaval electoral en este país, porque si no es inexplicable que el ministro de Desarrollo Social [Martín Lema] decida colocar más recursos en alimentación en 2024 de los que coloca en 2022 y 2023. O sea, hoy tenemos 66.000 uruguayos que cayeron en la pobreza [en 2020] y que no lograron salir, tenemos más pobres que los que había en 2019, siguen existiendo ollas populares como testigos evidentes de un Estado ausente, más de 100.000 compatriotas que comen en ollas populares, pero el Ministerio de Desarrollo Social en su presupuesto pone más dinero para el rubro alimentación en 2024 de lo que pone en 2022 y en 2023. Se explica muy fácil: como hemos visto en la campaña electoral pasada, en algunas intendencias, canastas de alimentos que iban con una lista.
¿Cuáles van a ser los principales temas de discusión por la Rendición de Cuentas en el Senado?
Tenemos dos desafíos grandes. Uno está en la educación y particularmente en la Universidad de la República [Udelar], en un contexto de crecimiento de la matrícula, en que necesitamos fortalecer la descentralización universitaria, junto con la UTEC y la UTU. El Poder Ejecutivo vino al Parlamento a recortarle recursos a la Udelar, la Cámara de Representantes no se puso de acuerdo y no se recortó el adicional del Fondo de Solidaridad, pero en definitiva el Poder Ejecutivo tenía la intención de sacar recursos de la Udelar y tampoco poner recursos en ciencia y tecnología, que es otro compromiso incumplido de este gobierno. Otra área muy importante son los medicamentos; yo creo que hay que recomponer los recursos en el gasto de funcionamiento de ASSE para los medicamentos, porque esto es un problema de salud y es un problema económico también.
¿Cómo está el diálogo político en el Parlamento?
Yo siento que se ha ido agravando, y siento que pareciera ser que hay una lógica en la cual todo el mundo le echa más leña al fuego, es como una gran hoguera que estamos construyendo, cada uno aporta su palito. En vez de venir con un vaso de agua se viene con nafta; esto se está incentivando cada vez más. Creo que el elemento más duro ha sido la decisión del ministro Heber de perseguir a un senador opositor [en referencia a Charles Carrera], porque acá hay un ensañamiento y una persecución desde la autoridad nada más y nada menos que del MI, que luego tiene el ribete de generar ciertos circos con comisiones investigadoras en el Parlamento. De un tiempo a esta parte pareciera ser que los discursos de odio han empezado a calar en Uruguay. Acá tenemos profesionales del discurso de odio en el Parlamento y también los tenemos en los medios de comunicación. Se está erosionando esa situación. Yo siento y lo tengo que decir –no para sacarme responsabilidades– que el gobierno tiene una cuota importante de responsabilidad porque siempre es mano, siempre es el que tiene la iniciativa, y las mayorías pueden servir para construir hogueras o puentes.
¿A qué te referís específicamente con discursos de odio?
Desde el discurso facho-foca hasta la construcción de un relato sistemático por parte de algunos senadores. Aquí hay una senadora que se dedica a decir que el FA es un partido corrupto y que lo financia el narcotráfico. Eso lo llegó a decir [Graciela] Bianchi en la última interpelación, y es la número tres del gobierno, cuando se va [Beatriz] Argimón asume la vicepresidencia, y hay un silencio absoluto y estamos acostumbrados a que instale un conjunto de temas sin ningún fundamento, sin ninguna prueba y sobre la base de la mentira, simplemente para darle fuego y combustible a la idea de la división y la zanja.
El caso Carrera y la “arqueología del uso del Hospital Policial”
Mencionaste el tema de Carrera. ¿Qué reflexión hacés de la controversia que se generó en torno al uso del Hospital Policial?
Esta cacería de brujas que ha iniciado Heber me parece que, lamentablemente, está teniendo éxito, porque estamos discutiendo sobre temas tremendamente laterales, estamos haciendo una arqueología del uso del Hospital Policial cuando estamos enfrentando uno de los meses más violentos, cuando tenemos problemas serios respecto del peso del narcotráfico en los territorios. Hoy [por el viernes] se suspendió una ludoteca en Casavalle porque no estaban dadas las condiciones. Esto nos tiene que llevar a la reflexión de todos. Lo que estamos viendo es un incremento de la violencia brutal; hay que centrarse y no dejar que estas cortinas de humo y estos circos que se arman nos distraigan.
Yo diría que el gobierno decidió judicializar este tema. Carrera va a ir a la Fiscalía a defenderse porque lo que se llevó adelante en el año 2012 fue la decisión política de dos cosas: primero, que los jerarcas, amparados en el marco legal, se atendieran en el mismo hospital donde se atendía el policía que está en la trinchera combatiendo el delito; segundo, que frente a un hecho terrible y excepcional en La Paloma, donde le quebraron la columna a una persona y quedó en silla de ruedas, y presuntamente esa bala había salido de una dependencia del MI –porque la casa del comisario es del MI en La Paloma–, hecho que la Justicia tiene que aclarar y no lo ha logrado todavía, el MI tomó la decisión de hacerse cargo de esa situación frente a una familia pobre que estaba en Montevideo. El MI decidió apoyarlo de manera humanitaria con tickets de alimentación y la recuperación. Eso genera este debate que se está armando ahora y posteriormente han sacado otras cosas que terminan con que, en el momento más difícil de la seguridad del país, el número tres del MI [Luis Calabria] se retire por este torbellino que armó Heber.
¿No hubo error alguno en ese episodio?
Se podrá decir que quien debería asistir socialmente a esta persona es el Mides [Ministerio de Desarrollo Social] o el INDA [Instituto Nacional de Alimentación], se puede decir eso, por supuesto, porque las instituciones públicas tienen principios de especialización. Ahora, acá lo que hay es un ministerio que, sobre un elemento excepcional, en que presuntamente la bala partió de un lugar en el que tiene responsabilidad el MI, decidió asistir humanitariamente a esta gente. Si me preguntás como gobernante, uno tiene que apegarse a los marcos legales; ahora, el MI esto lo registró, lo reconoció y decidió hacerlo porque era una cuestión humanitaria. Lo estamos discutiendo diez años después porque Heber hizo arqueología para traer algo para golpear a Carrera, porque está siendo uno de los senadores que más están cuestionando su gestión y además cuestionó la del puerto [en referencia al acuerdo con Katoen Natie, cuando Heber era ministro de Transporte y Obras Públicas]. Acá no hubo ocultamiento ninguno.
¿Cómo analizás la situación de Calabria?
Lamentablemente, Calabria es una víctima de esta cacería de brujas, porque dejó en muy falsa escuadra al gobierno, que está sustentando una idea de que atenderse en el Hospital Policial es ilegal. Hicieron salir al presidente de la República a decir que ningún funcionario actual se estaba atendiendo, cuando Heber se atendió en el Hospital Policial.
Heber dice que sólo se hizo un hisopado.
Andá vos a hacerte un hisopado a ver si te atienden. Es una atención. Pero, además, ¿el presidente de la República no se acuerda de que su padre se operó ahí? Me imagino que lo debe de haber ido a visitar. ¿Y por qué se atendió en el Hospital Policial? Se atendió porque es mentira la teoría que ha sustentado Heber de que en el Hospital Policial sólo se pueden atender policías. La ley de 1967 habilita cuando habla de los funcionarios dependientes del MI y sus familias. Lamentablemente, Calabria es una víctima de una estrategia que ha llevado adelante el ministro del Interior para perseguir a un opositor y para cambiar el eje de lo que se está discutiendo. A mí no me alegra que Heber esté fracasando al frente del MI, porque si hay un error y hay un fracaso en las políticas de seguridad y crece la violencia en el Uruguay la sufrimos todos, de todos los partidos.
Inseguridad: “el plan no está funcionando porque no hay plan”
¿Quién tiene la responsabilidad de la inseguridad?
Todos, pero un gobierno que hizo un discurso de que era fácil resolver los problemas de seguridad tiene más responsabilidad. El gobierno fue el que construyó el relato de que esto era sencillo, de que había soluciones fáciles, de que acá lo que hacía falta era mano dura, principio de autoridad y respaldo a la Policía; fue el que negó que la baja de los delitos se debía a la pandemia. Hay que volver a colocar el tema de la convivencia en medio del debate sobre seguridad ciudadana. Si sólo nos quedamos con que esto se resuelve votando leyes que incrementan penas, a la vista está, tenemos un sistema carcelario colapsado que es la universidad del delito.
Pero ese paradigma ya es histórico en Uruguay.
Y ha fracasado.
¿En los gobiernos del FA se intentó cambiar?
Yo creo que se intentó, por ejemplo, con el Plan Siete Zonas. El FA en la política de seguridad tuvo muchos errores. No creo que la discusión sea mano dura versus mano blanda, es mano justa. No es ni el extremo de que todo se resuelve con mano dura y garrote ni el extremo de que todo es un problema de víctimas sociales o económicas. Tiene que haber mucha más inversión en inteligencia policial, en cómo desbaratamos el crimen organizado, cómo logramos tener presencia con la escuela, con el Mides, con otras instituciones en los barrios y no sólo con el MI. Yo veo ahora en la televisión la idea de cerrar bocas [de venta de droga] como la gran política contra el narcotráfico. Le damos después un pasaporte al narco más grande del Uruguay, pero nuestra gran política de combate a las drogas es ir y cerrar una boca. Este es un problema complejo, no es sencillo, el problema es que el gobierno construyó un discurso facilongo sobre la seguridad –que es la forma que encontró la oposición de aquel momento para erosionar fuertemente al FA y llegar al gobierno– y hoy se le vuelve un búmeran, porque no está pudiendo dar respuesta a esa situación.
Dijiste que Heber está fracasando. ¿Pensás que debería renunciar?
Está claro que el plan no está funcionando porque no hay plan, y lo que tiene que hacer el gobierno es reconocer que el problema no es de fácil solución, que no estaban preparados para resolverlo. Si parten de ese reconocimiento, yo estoy dispuesto a integrarme a un espacio de comisiones multipartidarias para trabajar por la vida y la convivencia y una política de seguridad de largo plazo para atender el problema de la violencia en el Uruguay.
Pero ¿Heber tiene que renunciar?
Yo creo que se tiene que ir, ya se lo pidió el FA de varias maneras. Está claro que es un ministro que no está funcionando y ahora ha perdido a alguien muy serio en el MI, porque, más allá de las diferencias, Calabria era alguien serio y preparado.
La Fiscalía decidió comenzar a investigar el caso del pasaporte que se le dio a Sebastián Marset. ¿Te conforma ese desenlace o hubieses querido también una resolución política?
Yo hubiese preferido que los ministros [Heber y el de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo] hubiesen dicho “nos equivocamos”, porque cualquiera se puede equivocar. Me parece muy bien que la Fiscalía investigue a efectos de clarificar que no hay nada o sí hay.
El Observador publicó días atrás que algunos dirigentes del MPP quedaron disconformes con la forma en que Mario Bergara encaró la interpelación. Después, el senador criticó a Mujica por sus dichos sobre el tema Marset, quien inicialmente dijo que el problema se debió a “boludeces burocráticas”. ¿A qué responden estas diferencias entre el MPP y Bergara?
No hay diferencias. Los comentarios de Pepe fueron desafortunados, porque nuestro punto es que hay responsabilidades políticas en todo esto, no que es un problema de boludez. Mujica igual tiene una forma muy pintoresca de hablar, entonces muchas veces genera estas controversias. Lo que pasó es que nosotros hicimos una consulta y frente a una respuesta negacionista de los ministros, el cariz de nuestras intervenciones se acrecentó, porque los ministros no se hacían responsables de esto. El canciller dijo en su intervención cinco veces que hasta diciembre de 2021, para todos, Marset era un jugador de fútbol. Una persona que tenía antecedentes penales, que estuvo presa en Uruguay porque recibió un cargamento de droga paraguaya, ¿y nos dicen que hasta diciembre no sabíamos quién era Marset? ¿Y vos querés que yo no endurezca mi discurso frente a una respuesta de esa naturaleza del canciller? Nosotros fuimos más a fondo en la crítica al ver el negacionismo absoluto en el cual vino el gobierno.