El reciente decreto que modifica la normativa vinculada al empaquetado y etiquetado de cigarrillos generó cuestionamientos por parte de la oposición y expertos, que advierten que la medida contempla el interés de la industria y atenta contra la salud pública.
El decreto fue firmado el 2 de setiembre por el presidente, Luis Lacalle Pou, y el ministro interino de Salud Pública, José Luis Satdjian, aunque la propuesta surgió en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y tuvo el respaldo del Consejo de Ministros.
Previamente, en abril de este año, el entonces asesor del presidente Nicolás Martinelli -recientemente designado director general de Secretaría del Ministerio del Interior- se reunió con representantes de la tabacalera Montepaz SA y compartió fotos en sus redes sociales de la visita a la sede, informó Sudestada.
“Montepaz fue fundada en 1880. Es una empresa 100% de capital uruguayo dedicada al cultivo y procesamiento de tabaco”, escribió en esa oportunidad en su cuenta de Instagram Martinelli, y agradeció la invitación de la empresa.
En la última campaña Montepaz SA donó a la fórmula nacionalista 14.531 dólares según la rendición que presentaron los candidatos a la Corte Electoral.
Fuentes de Presidencia dijeron que el cambio normativo se realizó tras un pedido de la industria tabacalera que se canalizó a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Según esa explicación, a esta cartera le corresponde el tema más allá del rol del Ministerio de Salud Pública, porque se sostuvo que no implica ningún cambio las medidas tomadas en la política antitabaco. Los motivos detrás de la modificación son los niveles de contrabando de cigarrillos. Ante la consulta de la relación entre la flexibilización normativa y la donación hecha por la firma tabacalera Montepaz, se respondió que es “una falta de respeto” vincular ambas cuestiones.